La descentralización de la eutanasia condena a España a vivir con 17 formas de aplicarla

El derecho a morir que regulará la ley de eutanasia podría terminar generando agravios entre ciudadanos de unas comunidades autónomas y otras. La gestión autonómica de ese derecho puede hacer, en la práctica, que se ejerza con más dificultad en unos puntos que en otros, dependiendo del color político del gobierno de turno o de su sensibilidad hacia este tema.    

Hace tres semanas el Congreso de los Diputados aprobaba la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. La norma, que ahora llegará al Senado,  plantea diferentes interrogantes en su puesta en práctica. Uno de ellos es el relativo a las comisiones de garantía y evaluación.

Estas comisiones son un órgano decisorio e imprescindible y están compuestas por sanitarios y juristas. Tienen la misión de revisar la decisión de otros colegas de profesión que hayan rechazado practicar la eutanasia a un solicitante.

La ley regula la existencia de estas comisiones en su Capítulo V. Ahí establece que deberán crearse en todas las comunidades y ciudades autónomas, con una composición mínima de siete personalidades entre sanitarios y juristas.  

El hecho de que esta regla deje en manos de las comunidades la elección de profesionales sanitarios para formar este grupo puede crear, a juicio de los propios profesionales, una disparidad en la forma de aplicar la eutanasia. Así, el derecho a morir sería no tan accesible en unas regiones como en otras.

Esta situación preocupa a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que lamenta que pueda haber "dieciocho maneras diferentes de aplicar la norma (17 comunidades autónomas y el régimen especial de Ceuta y Melilla)".

"Es una arbitrariedad más. El funcionamiento con la eutanasia será el mismo que en otra serie de cuestiones cuya aplicación depende de las comunidades, como son la carrera profesional, el acceso a las plazas, la cartera de servicios de salud complementarios...", describen a EL ESPAÑOL.

Libertad de conciencia

Los médicos no aventuran si habrá comisiones "más o menos progresistas o conservadoras", pero sí recuerdan que se necesita regular "la libertad de conciencia". "A partir de ahí, no debería haber ningún problema, como ya ha sucedido con otros supuestos como con la interrupción del embarazo", añaden.

Pero la elección de los miembros de un comité que atienda las reclamaciones de aquellos a quienes se les haya denegado la solicitud de ayuda para morir no es la única "pega" que ponen los profesionales a la ley. Y es que, lo que preocupa a la Organización Médico Colegial (OMC) es la externalización de los servicios, que la eutanasia se saque del hospital por falta de profesionales que quieran llevarla a cabo.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, explica a EL ESPAÑOL que el foco no debe ponerse en si la práctica se realiza en un centro público o privado, sino en que se realice en un centro sanitario.

"Una cosa es un hospital privado y otra es que se externalice a sitios donde se dediquen a esto únicamente. En España, confiamos que eso no va a ocurrir porque en la ley se ha estipulado que quien lo practique no puede tener un interés económico", explica.

La preocupación de Sendín por la falta de médicos que quieran practicar la eutanasia es lógica, pues la gran mayoría de los colectivos profesionales ya se han postulado en contra. "Una cosa es que se externalice y otra que venga un externo a realizarla", añade. Para Sendín, la verdadera garantía de la norma es que siempre se realice en un hospital.

Para el presidente del máximo órgano deontológico de los médicos españoles, las comunidades autónomas no tendrán problema en encontrar voluntarios para las comisiones. A su parecer, todos los médicos participarán porque aunque estén "en contra" el profesional querrá garantizar "que las cosas se hagan bien". "En la Medicina hay que respetar, contraviniendo tu voluntad por lo que quiere el paciente".

Color político

Sobre el problema de comisiones más laxas o menos según el color político del gobierno autonómico, Sendín reconoce que "siempre hay riesgos", pero que la solución estará en manos de la Justicia. "Si las autoridades se han extralimitado en la parte política, están los Tribunales". Eso sí, la intervención de los tribunales podría alargar la espera de los solicitantes.

Pese a que por todos es conocida la visión en contra de la eutanasia de la mayoría de los colegios de médicos, Sendín reconoce que la ley se ha redactado de una forma "exquisita" y solo cree que es necesario que se desarrolle un apartado relativo al conflicto de intereses. Algo que, con el tiempo, espera que pueda ser "modificado o corregido y mejorado".

Desde la Organización Médica Colegial también reclaman que se aclare quién será el médico responsable del paciente que inicie el trámite de la eutanasia, qué formación, capacitación y cualificación deberán tener los médicos que la apliquen, y cuál será la cualificación y competencia del médico en las comisiones de control y evaluación.