Un grupo de inmigrantes ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo contra los controles establecidos por la Policía desde diciembre en los aeropuertos de Canarias para impedirles volar a la Península, a pesar de contar con sus pasaportes y correspondientes billetes.

El año pasado llegaron a Canarias 23.023 inmigrantes en pateras o cayucos, de los cuales 2.035 fueron trasladados por el Estado a otros puntos de España, por considerar que su situación era vulnerable -según ha reconocido el Ministerio de Migraciones en una respuesta parlamentaria-; unos 7.500 siguen alojados en hoteles de las islas reconvertidos en alojamientos humanitarios, y cerca de un millar ha sido ya derivado a campamentos de Gran Canaria.

Con la excepción de los que fueron expulsados a Marruecos y Mauritania, una pequeña parte, la mayoría de los que faltan para cuadrar la cifra de 23.023 personas llegadas en el año abandonaron Canarias por sus propios medios en barco o avión para continuar su proyecto migratorio hacia otros puntos de Europa; pero eso fue hasta diciembre, remarca Daniel Arencibia, uno de los abogados que asesora al colectivo de afectados en Gran Canaria, porque desde hace ya dos meses se les impide por sistema embarcar hacia la Península.

Esa sensación de sentirse varados en una isla llevó hace una semana a casi 200 jóvenes senegaleses alojados en el norte de Tenerife a amenazar con una huelga de hambre, hartos de perder uno tras otro los pasajes que se habían comprado con el dinero enviado por sus familias para que siguieran hacia la Europa continental. Y es una situación que también se produce en los aeropuertos de Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote, así como en los puertos.

En su queja ante el Defensor del Pueblo, los inmigrantes cuestionan la legalidad del procedimiento seguido por la Policía para impedirles embarcar, que consiste en retenerlos durante horas para comprobar su pasaporte, generalmente hasta que su vuelo ya ha despegado, con el argumento de que carecen de visado de entrada en España y, por tanto, están en situación irregular.

Los inmigrantes no lo niegan. Llegaron en patera y todos tienen su orden de devolución, pero los letrados que les asesoran sostienen que están correctamente identificados, que no procede cuestionar sus documentos y que en ningún punto de la Ley de Extranjería dice que su condición de irregulares les prohíba moverse por España. Sólo deben comunicar dónde residen, por si en dos años los deportan.

En Tenerife, la situación es la misma, relata la letrada Louelia Mint El Mamy, que considera que hay una instrucción "evidente" de impedir que los inmigrantes salgan de Canarias, aunque cuenten con familia en otros puntos de España, y que además se quiere enviar el mensaje a todo el colectivo de que aquél que salga del programa de acogida humanitaria va a ser devuelto a su país... y de inmediato.

Esta abogada asegura que tiene constancia de varios inmigrantes marroquíes que han acudido con su pasaporte al aeropuerto para intentar tomar un avión a otro punto de España han sido detenidos sobre la marcha, porque estaba programado un vuelo de repatriación a El Aaiún o Rabat en las siguientes 72 horas. Mint El Mamy admite que eso supone ejecutar la orden de devolución ya existente, pero entiende que detrás hay un mensaje: "No intenten salir de Canarias".

Su colega Daniel Arencibia relata otro supuesto diferente, aunque con consecuencias también graves: el de inmigrantes que han sido detenidos durante 72 horas al ir al aeropuerto y luego puestos en libertad..., pero 72 horas es justo el tiempo que delimita que un inmigrante pierda su plaza humanitaria si se ausenta de ella.

En esos casos, remarca, el afectado no sólo ha perdido el dinero de su billete aéreo, sino que además se ha quedado ya en la calle.

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