Este viernes ha vuelto a cumplirse el ritual. O casi, porque en lugar de cinco presos de ETA, el Ministerio del Interior ha decidido acercar a cuatro terroristas a cárceles próximas al País Vasco.
Este vez, entre los beneficiados también hay tres etarras con delitos de sangre. Patxi Macazaga Azurmendi, Ana Belén Egües Gurruchaga y Eneko Gogeaskoetxea Arronategui suman 13 asesinatos.
Desde el pasado verano, casi cada viernes se producen estos traslados, que el PNV ha bautizado como el "acuerdo cinco a la semana". ¿Cuál es el motivo?
A finales de enero, Joseba Egibar, portavoz del PNV en el Parlamento vasco, alzó la voz contra EH Bildu por oponerse al proyecto de Presupuestos autonómico a la vez que apoyaba los de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
"Ustedes han cambiado el campo de juego, están atendiendo sus propias urgencias, no los intereses del país", dijo Egibar, que añadió: "Para que nos entendamos todos, es el denominado 'acuerdo cinco a la semana'. Punto. Y ahí lo dejo".
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha negado que estos acercamientos sean la moneda de cambio con EH Bildu para obtener su apoyo parlamentario, pero así lo cree hasta el PNV.
La realidad es que, sólo en 2020, el año que había que negociar los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de Sánchez acercó a más etarras que en los dos años anteriores juntos.
Desde que Marlaska es ministro, son 151 los presos de ETA que han sido aproximados al País Vasco, 68 de ellos con un historial repleto de delitos de sangre.
En la práctica, casi todos los terroristas encarcelados se encuentran ya en centros penitenciarios de la mitad norte peninsular, próximos al País Vasco. La prisión de Logroño es a la que más etarras han llegado hasta el momento.
Exigencias de Otegi
El pasado mes de septiembre, en plenas negociaciones entre el Gobierno y el resto de fuerzas políticas para los Presupuestos de 2021, Arnaldo Otegi ofreció una entrevista en Euskadi Irratia en la que exigía los acercamientos como una condición sine qua non para que Sánchez obtuviera el apoyo de su partido.
"Los cambios significativos en la política penitenciaria deben verse en las negociaciones presupuestarias. La dispersión continúa y no tiene sentido", manifestó Otegi.
A mediados de octubre, el Gobierno anunció además su decisión de transferir al País Vasco las competencias en prisiones, algo que se hará efectivo este mismo mes de marzo.
Según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), una vez los nacionalistas asuman la gestión de las cárceles, los presos tendrán muchas más posibilidades de obtener beneficios penirenciarios.
"Supondrá que el juez de vigilancia penitenciaria que apruebe las liquidaciones de condena o las progresiones de grado tomará sus decisiones en base a los informes elaborados por funcionarios de prisiones dependientes del Gobierno Vasco", señalan desde Covite.
En Interior aseguran que los presos trasladados han firmado cartas de arrepentimiento por sus crímenes, algo a lo que la la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no otorga ningún valor. Fue precisamente esta asociación la que reveló en diciembre la "estrategia orquestada por los abogados de los etarras" para firmar esas misivas y así cubrir las formas ante Interior.
Los últimos traslados
Patxi Macazaga, acercado este viernes a Cantabria, fue condenado por ocho asesinatos, entre ellos los del condecal del PP Manuel Indiano, del político socialista Juan María Jáuregui, del ertzaintza Mikel María Uribe, del policía local Iñaki Totorika y el del cocinero de la Comandancia de San Sebastián Ramón Díaz.
Ana Belén Egües, acercada a Asturias, asesinó a tres personas, entre ellas al teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco.
Eneko Gogeaskoetxea cumple condena por el asesinato del ertzaina José María Aguirre, y se le acerca a Cantabria. El cuarto terrorista trasladado ayer es Ainhoa Barbarín Yurrebaso, autora de diversos atentados de ETA, como los de los aeropuertos de Málaga y Madrid. A ella se la lleva a Álava.
Entre los acercados la semana pasada (otros cuatro) estaban Fernando García Jodrá, condenado en 2002 a 33 años de prisión como autor del asesinato de Ernest Lluch, y Gurutz Aguirresarobe Pagola, condenado a 30 años por el atentado que acabó con la vida de Joseba Pagazaurtundua en 2003.
Otros traslados sonados han sido los de Jon Bienzobas, asesino del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente; José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, condenado por ordenar el asesinato del socialista Fernando Múgica o José Luis Barrios, alias Txetxu, uno de los asesinos del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril.
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