Guardias civiles, contra las penas del Código Penal Militar: 20 meses de cárcel por rebatir a un superior

Uno de los ejemplos más sangrantes tuvo lugar el pasado diciembre en la localidad de Valencia de Don Juan. A un agente de la Guardia Civil destinado en León la Fiscalía Togada Militar le pedía veinte meses de prisión por discutir fuera de servicio con un superior. 

El cabo llamó al agente que no estaba trabajando nada más comprobar que su coche no tenía pasada la ITV. Tras una discusión, el agente presuntamente le insultó. "Al cabo de 9 meses" dio parte de los hechos.  Al subordinado se le abrió un expediente disciplinario. Todo desembocó en un procedimiento ante la jurisdicción militar. 

La aplicación del Código Penal Militar a los agentes de la Benemérita es causa de controversia e indignación en el cuerpo desde hace ya unos años. Se trata de una de las reivindicaciones más importantes de un gran número de guardias civiles.

Agrupaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) llevan años trabajando para que este tipo de situaciones dejen de producirse. "La Guardia Civil es un cuerpo policial, y por tanto nuestras misiones suponen prácticamente el 99% de nuestro trabajo diario. Una mera discrepancia deriva, en aplicación del injusto y arbitrario código, en la posibilidad de que un trabajador acabe entre rejas, una situación inverosímil en cualquier Estado de derecho", explican a EL ESPAÑOL.

Algunas fuentes consideran que esa situación se estaría agravando en los últimos años. Lo cierto es que se está pudiendo constatar que hay mandos del Instituto Armado que ponen en conocimiento de los órganos de la jurisdicción militar hechos en los que intervienen miembros del Cuerpo, sucedidos en actuaciones policiales o, incluso, fuera de servicio, entre miembros de la Guardia Civil.

Este tipo de circunstancias están propiciando "una interpretación extensiva y desorbitada de las competencias de la jurisdicción militar y de la aplicación del código". 

Aunque no se ha podido constatar, desde la AUGC apuntan a que se han dado instrucciones de remitir a la jurisdicción militar hechos que siempre han sido tenidos por meras infracciones disciplinarias. 

"Estamos ante una situación de remilitarización de la Guardia Civil y de una involución en los derechos de ciudadanía de los y las Guardias Civiles, coincidente con la llegada a la Dirección General de la Guardia Civil de María Gámez", dicen representantes de la asociación.

Polémica con el Código

El polémico Código Penal Militar es considerado como un instrumento que debe revisarse ante algunos aspectos que muchos ven como desproporcionados. Hay decenas de precedentes. El pasado mes de junio, representantes de esa asociación se concentraron en Sevilla ante la sede del Juzgado Togado Militar para protestar contra el procesamiento a tres Agentes destinados en esa ciudad.

El motivo fueron unos supuestos audios difundidos en un chat privado de WhatsApp, y que tras llegar de forma casual a algún oficial provocaron la apertura de este caso, ya que supuestamente en dichos audios se criticaba a dos oficiales por sus actuaciones durante los inicios del estado de alarma.

También a lo largo del año pasado, otro agente fue condenado en firme por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo a nueve meses de prisión como autor de un delito de "insulto a un superior". Así fue a consecuencia de haberle calificado, durante una discusión, como un "inepto", como un "inútil de mierda".

Condenas a agentes rasos

Entre 2010 y 2019, la gran mayoría de las 60 condenas impuestas por sentencia firme afectaban sobre todo a agentes rasos: un total de 52 guardias civiles; únicamente cinco se aplicaron sobre suboficiales, y tres contra oficiales. De esa manera, una media de 6 agentes cada año son condenados a penas de prisión por esta clase de situaciones.

Según los datos de la Dirección General de la Guardia Civil, a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL, en casi la mitad de los casos (28 de 60), el 'delito' cometido y condenado con esas penas fue el de "insulto a un superior". 2014 fue el año con más condenas, con un total de 11. Entre 2018 y 2019 se ratificaron nueve sentencias de prisión a otros tantos agentes. 

El motivo principal de estas condenas, a juicio de la AUGC, exhibe a la perfección cómo se emplea el Código Penal Militar en el seno de la Benemérita. "No son ya simples suposiciones, sino datos oficiales". Para ellos, esto demostraría el "uso abusivo" que se hace desde la institución. "Es desproporcionado y está claramente destinado a amedrentar a los trabajadores, que, como ya es bien sabido, pueden acabar entre rejas por una simple desavenencia".

Por este motivo, su gran batalla es la de que se consiga suprimir el artículo 1 punto 5, por el que el Código Penal Militar se aplica a los miembros de la Guardia Civil y a los aspirantes al cuerpo en todo lo concerniente a delitos militares. Que solo se aplique en situaciones muy excepcionales, como durante un estado de sitio, o cuando estén integrados en actividades propias de las Fuerzas Armadas.