El Pleno de la Cámara de la Región de Murcia aprobó en octubre de 2020 la creación de una comisión especial para investigar las supuestas consecuencias sociosanitarias que había tenido la llegada de migración irregular durante la pandemia de la Covid-19.
La "comisión de la vergüenza", como apodaron varias ONG y la oposición aquella iniciativa, recibió un rechazo social que, ahora, secunda la Unión Europea afirmando que el coronavirus "ha alimentado el racismo y la xenofobia".
Así lo ha asegurado la Comisión Europea en una respuesta parlamentaria a la eurodiputada socialista maltesa Miriam Dalli, quién se hacía eco de las quejas de varias asociaciones por la creación de esta comisión de investigación.
En su escrito, la europarlamentaria planteó a la Comisión si el plan murciano vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Directiva 43/2000/CE. En su respuesta la Comisión asegura que la crisis de la Covid-19 ha alimentado "el racismo y la xenofobia", pese a que son muchos los migrantes que "ayudan a hacer frente a esta crisis en calidad de trabajadores de servicios esenciales, médicos y enfermeros".
Representantes de las ONG que han rechazado la iniciativa.
"El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe toda discriminación por motivos de raza u origen étnico", explica en su notificación por escrito.
La comisión del Parlamento murciano, que salió adelante en noviembre gracias al apoyo del PP, Ciudadanos y Vox, se celebrará hasta el mes de junio con el objetivo de "evaluar lo sucedido, corregir lo que se ha hecho mal y determinar el ámbito de responsabilidad de cada Administración". Hechos, todos ellos, relacionados con las personas que llegan en patera y su posible influencia en la introducción de nuevas variantes y propagación de la infección.
El PSOE y Unidas Podemos se negaron a la puesta en marcha de esta comisión y, por ello, han acudido a instancias europeas donde apelan a la posible vulneración de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En ese sentido, Bruselas recuerda que la directiva sobre igualdad racial "protege a las personas contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico".
Sin entrar en si esta comisión de investigación podría estar atentando directamente, la UE sí recuerda que dicha directiva "obliga a los Estados miembros a tipificar como delito la incitación al odio y los delitos motivados por él". Y, por tanto, apoyan a las autoridades nacionales en la aplicación de la legislación de Europa a través de "instrumentos políticos, grupos de expertos y financiación".
Así pues, deja en mano del Gobierno de Pedro Sánchez intervenir contra esta comisión parlamentaria que ya tiene en contra a más de 47 organizaciones de todo tipo que han pedido su disolución.
"Discursos de odio"
Fue hace menos de un mes cuando estas mismas asociaciones presentaron una carta en la que acusaban de poner el foco en los inmigrantes, "criminalizándolos y haciéndolos responsables directos de la pandemia".
"La comisión de la vergüenza busca criminalizar a la población emigrante de los contagios que se han producido en la Región de Murcia, algo que es falso. Las comisiones de la Asamblea Regional deben de solucionar problemas y los partidos políticos no han de lanzar discursos que fomenten el odio", acusaba el coordinador de la ONG Amigos de Ritsona, Joaquín Sánchez.
En el caso de que tanto España como Europa lo consideraran necesario, la Comisión avisa de que abriría "procedimientos de infracción" para garantizar la "plena y correcta transposición de la Decisión marco (la relativa a no discriminar a nadie por su raza) al Derecho nacional de los Estados miembros".
La pregunta parlamentaria llega en un momento en el que la UE acaba de presentar su plan de acción de Antirracismo para 2020-2057. Un proyecto por el que la Comisión anima a los Estados miembros a abordar activamente los "estereotipos raciales y étnicos" y a adoptar planes de acción nacionales "contra el racismo y la discriminación racial de aquí a 2022".
Hay que recordar que la creación de esta comisión de investigación se enmarca, además, en una situación crítica para la Región de Murcia en lo que se refiere a la inmigración. En 2020 la entrada de ilegales se incrementó en un 239%, un récord histórico que converse a la Región en la segunda comunidad que más sin papeles acoge.
Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020, las costas murcianas recibieron a un total de 4.241 migrantes, frente a los 1.212 del mismo periodo de 2019. La cifra es manifiestamente más alta que en años anteriores. En 2017 tomaron tierra en las costas murcianas 2.089 tripulantes de pateras; en 2018 esa cifra cayó a 1.672; en 2019 volvió a descender a 1.540.