Las CCAA podrán plantear toques de queda y confinar perimetralmente en la segunda desescalada

Ahora será el seno del Consejo Interterritorial, donde se reúnen comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, el que decida por mayoría absoluta.

Y es que, aunque ambas medidas responden a una limitación de derechos fundamentales, fuentes socialistas confían en poder ponerlas en marcha gracias a la conocida como ley de nueva normalidad que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado día 29 de marzo.

El documento, que ya pasó por el Congreso y el Senado obteniendo el visto bueno de ambas Cámaras, estipula en su disposición final segunda que modifica la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2013. Una nueva redacción del artículo 65 (el que hace relación a las funciones del Consejo Interterritorial de Salud) para darle mayor potestad.

Dicho de otro modo, la norma publicada en el BOE modifica el reglamento que regula el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (donde se reúnen comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad) para que, si es necesario por motivos de salud pública, se puedan tomar medidas de gran envergadura.

"La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas", reza el texto legislativo.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, José Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, concreta dicha posibilidad. Aun así, Olmos pide "prudencia" y esperar a los datos epidemiológicos previos a principios de mayo para hablar "o no" de levantar el estado de alarma.

"La fórmula legal en la que se ampara el Gobierno para poder eliminar el estado de alarma y que las decisiones del Interterritorial sean vinculantes es la ley de nueva normalidad que establece los mecanismos de decisión para que las medidas sean vinculantes a las comunidades", apunta.

Ley orgánica

La perspectiva de Olmos no es la misma que tiene el también ex secretario general de Sanidad del PP, Rubén Moreno. El popular reconoce que, gracias a esa ley, Sanidad y las CCAA pueden tomar muchas decisiones, pero no aquellas que limiten los derechos fundamentales.

"Aunque se esté modificando la ley que regula las competencias del Interterritorial, para que pueda afectar a derechos fundamentales debería de tener naturaleza de ley orgánica no ordinaria", explica.

Moreno, que fue secretario general del Ministerio durante la descentralización de la Sanidad, recuerda que cuando se puso en marcha la ley de cohesión del SNS en 2013 sólo se hacían vinculantes las decisiones del Consejo Interterritorial si eran tomadas por mayoría absoluta.

Pero, en 2015, se estableció una modificación "con la ley del régimen jurídico del sector público" que invalidaba lo que decía la ley de cohesión y alegaba que "toda conferencia sectorial" (el Consejo Interterritorial lo es) podría tomar decisiones de obligado cumplimiento. Explica Moreno que eso sólo ocurriría cuando el Estado actúe "en función de coordinación".

"Si el Ministerio pone en el orden del día que uno de los puntos es a efectos de coordinación, y se ampara en la ley de 2015, sus acuerdos podrían ser vinculantes si fueran por mayoría", argumenta.

Especializado en estas áreas del sector sanitario, Moreno pone una pega al plan del PSOE: legislar sobre derechos fundamentales para, por ejemplo, la restricción de movimientos "de forma indiscriminada y no selectiva". Asegura que, en ese caso, se requiere una ley orgánica "y no vale con la norma vigente".

Es decir, que si a partir del 9 de mayo se intenta limitar la movilidad, se debería poner en marcha una ley orgánica. La gran exigencia legislativa que lleva reclamando el Partido Popular desde marzo de 2020 y que, según Moreno, se podría aprobar en "20 días por trámite de urgencia y con lectura única".

Diversos juristas consultados coinciden con el senador del PP, y desafían al Gobierno de España, asegurando que desde el Interterritorial sólo podrán adoptar medidas ordinarias en materia sanitaria como, por ejemplo, cuestiones de aforos, uso de mascarillas, etc. Y, en el ámbito social, limitar el horario de los bares o las medidas de seguridad.

Según fuentes jurídicas, sólo en situaciones graves se puede utilizar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materias de Salud Pública de 1986. Dicha norma, en su artículo tres, señala que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, se podrán adoptar las medidas "oportunas para el control de enfermos" así como las que se consideren necesarias "en caso de riesgo de carácter transmisible".

Mascarillas y aforos

Pero si hay o no toque de queda no es el único punto de la nueva desescalada. Las mascarillas (que se han hecho obligatorias hasta en espacios al aire libre si no se mantienen las distancias de seguridad) seguirán en el día a día de los españoles.

La propia ministra de Sanidad lo ha confirmado. Aunque, eso sí, no serán obligatorias en la playa, como se había establecido en un primer momento. Sí precisarán de su uso aquellos bañistas que quieran dar un paseo por la orilla.

También se mantendrán los documentos de recomendaciones elaborados por Salud Púbica. Esos que establecen cuál es el riesgo epidemiológico de cada región basándose en un semáforo de colores. Con ellos, Sanidad pretende marcar un indicador para saber qué medidas se pueden adoptar y cuáles no.

En este caso, esas restricciones serían muy parecidas a las de la primera desescalada del verano pasado. Las regiones irían avanzando en ampliar más los aforos en función de sus contagios, la saturación de los hospitales, etc.

Hay que recordar que, si las previsiones de los epidemiólogos son ciertas, España afrontaría el final del estado de alarma en mitad de una cuarta ola de contagios. Las primeras estimaciones indican que esta nueva oleada puede ser más light en lo que respecta a fallecidos porque la población vulnerable ya está vacunada.

Pero que la cuarta ola sea menos mortal no supondrá que se descongestionen las UCI o que un nuevo pico de contagiados no repercuta en el sistema sanitario. Los intensivistas avisan de que las UCI todavía tienen una alta ocupación porque las olas se han ido encadenando "rápido" y, aunque no suban "mucho" los contagios, los ingresados más graves se mantienen.

Vacunas, vacunas

Lo que está claro es que las vacunas serán el gran reto para esta nueva desescalada. En la capacidad de inoculación del país (y en las dosis que lleguen) estará la llave del éxito. El propio Pedro Sánchez ha asegurado que se cumplirán las premisas y que el 70% de la población estará inmunizada a finales de agosto.

La desconfianza que está generando el compuesto de AstraZeneca en las últimas horas por la relación con trombosis de los cuerpos venosos y el retraso en el reparto de vacunas por parte de la Unión Europea podrían empeorar el escenario del Gobierno.

Los expertos en inmunología explican que crear desconfianza en la vacuna de AstraZeneca podría hacer que se retrasaran los tiempos para inocular, puesto que la negativa de mucha gente a usar el antígeno crearía vacíos en la inmunidad de rebaño.

La confianza de muchos de estos expertos está puesta en las dosis de Janssen que empezarán a llegar en apenas 15 días y tiene una sola inyección. Es decir, una vacuna supone una inmunización contra la Covid-19 y no hacen falta dos (como sí ocurre con AstraZeneca, Pfizer y Moderna).

Por el momento, el gran reto de vacunar a los mayores de 80 años está casi completado en la mayoría de las comunidades autónomas y, en estos momentos, el objetivo es cubrir a todos los mayores de 60 años con las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen.