Castells quiere implantar 17 Comités Evaluadores de docentes universitarios: el polémico modelo catalán

La propuesta no ha gustado nada desde la primera vez que se presentó, dentro del proyecto de estatuto del Personal Docente Investigado, PDI que, de hecho, se ha paralizado.

Los sindicatos aseguran que van a plantear su "no" a Castells porque consideran que la ley crea una "puerta giratoria" para que los gobiernos regionales coloquen profesionales "de su cuerda".

El ministro insiste en que su objetivo crear agencias evaluadoras independientes del profesorado por regiones, proyecto que no gustó nada a las autonomías ni a los sindicatos cuando se puso sobre la mesa.

Actualmente, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) es el único organismo que puede acreditar a los profesores titulares y catedráticos, que obtienen así la categoría de funcionario.

Cuando se trata de laborales (con peores condiciones y salarios) existe la posibilidad de que los acrediten las conocidas como anequitas, organismos reguladores autonómicos como el de Cataluña que no existen en todas las regiones.

Castells quiere ir un paso más allá y trasponer el modelo catalán a toda España. Es en ese punto donde entra la agencia autonómica y una potestad (que hasta ahora no tenía) de crear "catedráticos contratados".

Por ello, si la nueva Ley de Universidades es efectiva a finales de año, en 2022 los campus de toda España podrían contratar como catedráticos a docentes acreditados por sus propios órganos de evaluación autonómicos.

Presión autonómica

El modelo fue creado por el economista Andreu Mas-Colell para contratar a académicos de prestigio. Un proyecto que intentaba acercarse al modelo estadounidense y agilizar los trámites. Esa es la idea con la que, por lo menos, Castells presenta a los sindicatos.

Los propios sindicatos denuncian que esta reforma lo que hace es eliminar el papel que el Estado tiene en la gestión universitaria y da más poder a las gobiernos autonómicos. Los ingresos de los laborales (como contratarían ahora a los catedráticos) y los funcionarios son los mismos, pero se pierde la posibilidad de trabajar a tiempo parcial u obtener remuneraciones por experiencia. En definitiva, todos los incentivos de ser funcionario desaparecen.

Esto vendría a ser, salvando las distancias, trasponer el problema que hay en la sanidad pública a la universidad. Si por algo se caracteriza el sistema sanitario es por la temporalidad de sus profesionales, una de las más altas del país, a causa de que no son profesionales con plaza. En su caso no entra una agencia reguladora en juego, pero se crea la misma disparidad entre laborales y funcionarios, y el problema repercute en los primeros.

Además, los sindicatos también denuncian que si la acreditación se obtiene por Autonomías, el título no permite la movilidad entre regiones. Por ejemplo, un profesor de una Universidad de Castilla-La Mancha no podría ejercer en la Comunidad de Madrid, porque su acreditación no valdría.

La visión del Ministerio

Los sindicatos ven dos motivos que explican la posición de Castells: el hecho de estar influenciado por su experiencia en el extranjero (ha conocido de primera mano el trabajo en EEUU) y la presión de algunos gobiernos autonómicos.

Se da la circunstancia de que, más allá de la ANECA, sólo ocho autonomías tienen agencias que puedan hacer esta función, entre ellas Cataluña y País Vasco.

Afirman que, dado que las regiones han ido creando sus propias figuras y estructuras universitarias al margen de las establecidas a nivel nacional, ahora quieren avalar su función y, además, ampliar posibilidades.

La categoría laboral que se crearía con las acreditaciones de estas Anecas regionales serían a medio camino entre los catedráticos y profesores titulares, pero sin ser funcionarios. Lo que los sindicatos llaman una "laboralización de las plantillas". Es decir, primar contratos de laborales frente a ser funcionarios, con sus correspondientes pérdidas de derechos laborales y la reducción salarial.

Pero más allá de la opinión de algunas autonomías y de los sindicatos, Castells defiende su propuesta como una manera de agilizar los trámites. Ahora mismo hay un gran retraso desde la ANECA y, según el ministro, esto podría solventar el problema.

Además, simplifica todo en un trámite parlamentario. Unifica el cambio preciso en el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) (y otros temas laborales) en una única ley. 

Si "suavizas" la figura de los catedráticos con figuras laborales con una relación contractual, también se solventarían tiempos en lo referido a sacar plazas públicas y se agilizan los trámites para cubrir vacantes.

El documento que presentará el martes el ministro a los sindicatos ha sido previamente trabajado con los grupos parlamentarios, con los que empezó a reunirse a principios de marzo. El objetivo de Castells era, cuando planteó estas reuniones, "tender puentes" con los diferentes partidos para elaborar un documento de consenso.

En su intervención en el Congreso aseguró que la ley giraría en torno a cinco bloques: gobernanza y estructura organizativa de las universidades; Personal Docente e Investigador; investigación y transferencia de conocimiento; financiación; y Estatuto de los Estudiantes.