Interior revisa el manual de seguridad tras colarse balas y cuchillos hasta la mesa de los ministros

Los episodios de las cartas con amenazas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, al ex vicepresidente, Pablo Iglesias y el posterior envío de una navaja a la ministra de Industria, Reyes Maroto, han abierto el el Gobierno un proceso de revisión en materia de seguridad.

En el Ministerio del Interior quieren saber qué pudo fallar en los controles de seguridad y qué ha de hacerse para que paquetes de esas características no acaben en la mesa de los colaboradores más estrechos de altos cargos del Estado. Fuentes policiales aseguran que todos esos protocolos están siendo revisados, a fin de establecer qué es preciso mejorar para que no vuelva a repetirse una situación similar.

Los investigadores ya saben que las tres cartas con las balas y las amenazas a Marlaska, Gámez e Iglesias fueron analizados por los escáneres de Correos el lunes pasado. Ahí se produjo el primero de los fallos cuando no se detectó el contenido de los sobres.

Después todas ellas llegarían en los días posteriores a las dependencias ministeriales y a la Secretaría de Estado de Seguridad, donde algo también falló a la hora de detectarlas en los controles de acceso.

En la sede del Ministerio del Interior, la seguridad y el control de acceso son responsabilidad de la Policía Nacional. En la Dirección General de la Guardia Civil, depende los agentes de la Benemérita. Aunque las fuentes consultadas todavía no saben si se trata de un fallo humano o técnico, se está analizando a conciencia lo ocurrido para depurar responsabilidades a distintos niveles.

Investigación

El asunto lleva desde la semana pasada en manos de los investigadores de la Policía Judicial y de la Comisaría de Policía Científica de la Policía Nacional. Por el momento, con gran discreción en sus pesquisas, han conseguido identificar el buzón desde el que se enviaron las cartas con balas, en el sur de Madrid. Los sobres presentaban presentaban matasellos del pasado lunes 19 de abril. 

Las tres cartas dirigidas a Marlaska, a Gámez y a Iglesias se recogieron en el Centro de Tratamiento Automatizado de Vallecas (Madrid). Como eran cartas de más de 100 gramos las pasaron allí por el escáner. Al supervisar las imágenes de ese control dieron con los tres envíos seguidos, realizados desde allí. 

Por lo demás, continúan con el análisis y la verificación de cámaras de seguridad en la zona y de repetidores de telefonía para poder detectar quién realizó el envío. Los agentes de la Policía Científica analizan también minuciosamente el número de serie de las balas que iban en cada uno de los sobres.

Un error del personal de seguridad habría sido el que propició que no se reparase en la identificación de los proyectiles, aunque la investigación continúa abierta y no sse descarta ninguna hipótesis. 

También en Correos, al igual que en el seno de Interior, se ha abierto una investigación para desentrañar lo ocurrido. Por el momento la compañía ya ha exigido que el vigilante sea apartado del servicio tras este error en la detección. 

La amenaza a Maroto

A estas tres amenazas es preciso sumar la que ha recibido la ministra de Industria -un cuchillo ensangrentado en un sobre- cuyo autor ya ha sido identificado como una persona distinta a la que remitió las cartas.

Los datos que figuran en la parte exterior del sobre indican que se envió desde la oficina de Correos de la localidad madrileña de El Escorial el pasado miércoles 21 de abril. Es la fecha que figura en la parte delantera del envoltorio. Es decir, un día antes de que se denunciaran las primeras cartas amenazantes a Marlaska, Iglesias y Gámez.

En el remite de la carta aparece un nombre y dos apellidos, así como una dirección en el municipio en cuestión. Lo primero que hicieron los investigadores fue buscar ese nombre para saber si correspondía con el de una persona real y no resultaba ser un seudónimo.

Los agentes encontraron a esa persona, presunta autora del envío, que estaría diagnosticada de esquizofrenia. En el Ministerio del Interior confirman que las diligencias de la investigación se llevan ya desde el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid.