Gobierno central y vasco firman el acuerdo para el traspaso de Prisiones a partir del 1 de octubre

Gobierno vasco y central han sellado este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias, reunida en Bilbao, el acuerdo para el traspaso de instituciones penitenciarias, que será efectivo el próximo 1 de octubre. También se han cerrado las transferencias del transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondárroa, de manera que, con estos cuatro traspasos, quedarían otras 27 competencias pendientes para culminar el calendario acordado entre ambos gobiernos y dar cumplimiento al Estatuto de Guernica.

En la reunión de la Comisión, celebrada en el Archivo Histórico de Bilbao, han participado, entre otros, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.

La Comisión Mixta es el órgano que establece las normas conforme a las que se transferirán al País Vasco las competencias que le corresponden en virtud del Estatuto de Guernica, además de regular el traspaso de medios personales y materiales.

En la reunión celebrada este lunes se ha certificado el acuerdo de traspaso de funciones y servicios, así como en su caso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales, de la Administración del Estado al País Vasco en materia de Instituciones Penitenciarias, Transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondárroa.

Competencia exclusiva

La transferencia de mayor dimensión hace referencia a la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, también conocida como Prisiones. El acuerdo supone el traspaso de las funciones y los servicios penitenciarios, de manera que la comunidad asume la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Vizcaya), Zaballa (Álava) y Martutene (Gupúzcoa). Asimismo, se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a los presos.

El traspaso será efectivo a partir del próximo 1 de octubre, depués de más de cuatro décadas en las que han sido el Ministerio del Interior y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias los responsables de las tres prisiones del País Vasco.

A partir de octubre pasarán el testigo al Gobierno Vasco, que asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri, de los que aproximadamente un centenar son mujeres.

Los tres inmuebles han sido traspasados al País Vasco, que se hará cargo en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado y, cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario.

Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español en marzo y, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023. Esta operación no supondrá variación en la valoración del coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso.

La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por instituciones penitenciarias tras su cierre, de manera que ya no acoge a presos y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones. El centro penitenciario no se ha desafectado del servicio público.

700 empleados públicos

El Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos actuales que van a ser transferidos para su integración en la función pública vasca y que trabajan en las tres prisiones vascas. Alrededor de 300 en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a 200. La mayoría son funcionarios, aunque también hay laborales.

La valoración económica de la transferencia asciende a 69.949.977 euros. Euskadi retendrá anualmente (reduciendo el 6,24% del Cupo) esta cantidad anual de casi 70 millones para financiar las funciones y servicios asumidos. De esa manera, se retendrá esa cuantía sin aportarla al Cupo y la integrará en sus Presupuestos.

En 2011, el Gobierno Vasco ya asumió los servicios públicos de sanidad penitenciaria integrados en Osakidetza.

Los dos gobiernos también han acordado la transferencia del transporte por carretera, de modo que el Gobierno Vasco asumirá los medios para la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente dentro de Euskadi, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en el País Vasco.

Por lo tanto, el País Vasco asumirá la gestión de autorización de operador de transporte, otorgamiento y gestión de concesiones de transporte privado, actividades auxiliares y complementarias del transporte, arbitraje y gestión de los exámenes de competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares.