El Gobierno endosará a las CCAA el coste de mantener las plazas de 0 a 3 años creadas con los fondos UE
Educación destinará 670,9 millones de euros en tres años para la creación de 60.000 nuevas plazas de este rango de edad.
17 mayo, 2021 02:34Noticias relacionadas
La ministra de Educación lo tiene claro: el impulso que van a dar al sistema educativo los fondos europeos es un empujón que las Comunidades Autónomas deben mantener pasado el 2023. Así lo ha reiterado durante toda esta semana después de que este miércoles presentara los proyectos educativos a los que se van a destinar los fondos de la Unión Europea (UE).
La inversión educativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asciende hasta los 4.687 millones de euros. Cuantía muy elevada que se invertirá en medidas duraderas, como la adquisición de material, la digitalización de las aulas o la formación de los profesores. Pero también en la puesta en marcha de nuevas plazas, mayoritariamente de 0 a 3 años, que deberán ser sostenidas por las Comunidades Autónomas una vez se acaben estos fondos.
Es decir que, aunque la ministra de Educación, Isabel Celaá, impulse la puesta en marcha de 60.000 nuevas plazas de 0 a 3 años de titularidad pública con 670,9 millones de euros, deberán ser los gobiernos regionales los que gestionen y paguen estas plazas a partir de 2023.
La puesta en marcha de estas aulas es parte del pacto de Gobierno en Coalición por el que Unidas Podemos y el PSOE se comprometían a universalizar la educación de 0 a 3 años. Es decir, que todos los alumnos, sin importar sus rentas, pudieran asistir a este tipo de centros de manera gratuita. En la actualidad, la mayoría son de titularidad privada.
La inversión de Celaá con la creación de estas plazas es muy importante aunque, según los organismos no gubernamentales, no es suficiente. Según Save the Children, en España habría que crear 39.000 plazas anuales durante toda una década para poder universalizar la educación de 0 a 3 años.
Responsabilidad de las CCAA
La ministra es consciente de ello y por eso ha insistido hasta la saciedad en la importancia que tiene que las Comunidades Autónomas sean conscientes de la importancia de la educación y, así, sus respectivos consejeros soliciten más fondos en los Presupuestos autonómicos.
"Queremos empezar por los niños que están en situación más vulnerable, porque esas familias no tienen capacidad de llevar a su hijo, si supone un gran desembolso de dinero", matizaba Celaá en rueda de prensa.
En sus declaraciones, la ministra ha reiterado siempre que "la educación no es un gasto, sino una inversión" y que el objetivo del Gobierno es llegar a recuperar sus datos de 2010, cuando la inversión llagaba al 5,2% del PIB. "Necesitamos impulsar el conocimiento superando la temporalidad", ha insistido.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo cuatro de cada 10 menores estaban matriculados en un centro para niños de 0 a 3 años durante el curso 2018-2019.
La gratuidad de estas plazas es algo muy importante y que completa la apuesta de España (tanto del PSOE como del PP) por universalizar todas las etapas educativas. En 2002, fue el Ejecutivo de José María Aznar (PP) el que hacía gratuita la segunda etapa educativa (de 3 a 6 años).
La apuesta de más de 60.000 nuevas plazas de la ministra supone incrementar los puestos públicos un 27% en tres años. Sobre cómo crear estas plazas hay distintas opciones sobre la mesa: se puede optar por abrir más aulas en centros ya existentes o crear nuevas escuelas.
Oferta de la privada
Por su parte, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) se ha ofrecido al Gobierno para ser una ayuda en la creación de estas nuevas plazas ofreciendo parte de su potencial.
En la actualidad existe una red de Escuelas Infantiles privadas, representada por ACADE, que escolariza al 50% de los niños en el segmento 0-3, a través de 5.100 centros que acogen a 205.000 alumnos y dan empleo a unos 30.000 profesionales superiores, en un 85% mujeres.
Por ello, aseguran que la ampliación de las plazas anunciada por el Gobierno "se puede llevar a cabo facilitando a las familias el acceso de sus hijos menores a las escuelas infantiles privadas". Un modelo que se podría llevar a cabo "mediante fórmulas de financiación como el bono escolar o la desgravación fiscal de los gastos educativos".
Esta fórmula de financiación, según ACADE, permitiría hacer compatible la extensión del segmento 0-3 "con el mantenimiento de los empleos en el sector de escuelas infantiles privadas, al tiempo que evitaría un mayor crecimiento del gasto público".