La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, protagonizaba este miércoles un particular vodevil en el Congreso de los Diputados. A primera hora de la tarde se presentaba en la Cámara Baja, pese a que su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen -en la que su marido, Ignacio López del Hierro, comparecía por la mañana- se había anulado por su imputación judicial. Algo que se realizaba a iniciativa del PSOE y con el único voto en contra del PP.
En declaraciones a la prensa, visiblemente airada, Cospedal denunciaba no haber sido avisada y aseguraba que, en todo caso, no había razón para suspender su comparecencia. La asistencia a comisiones de investigación del Parlamento es obligada para quienes son llamados a declarar.
Fuentes del PSOE, en cambio, aseguran que se le ha avisó hasta por tres vías diferentes. La primera una llamada a su teléfono que no recibió respuesta, la segunda una llamada y aviso a su secretaria y la tercera un correo electrónico. Una versión que Cospedal niega y por la que presentará un escrito de queja.
Cospedal pedía a un ujier explicaciones, y este le ponía en contacto con sus superiores. Finalmente, un letrado de la Cámara acudía a la sala donde tenía que haberse celebrado la comparecencia, fijada en principio para las 15:30 horas, y le comunicaba formalmente la suspensión o aplazamiento de la comparecencia.
La comisión de investigación de marras indaga en la presunta trama de espionaje político desde el Ministerio del Interior bajo los gobiernos de Mariano Rajoy. Dentro de esa trama se inscribiría el espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, precisamente el asunto por el que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidía este miércoles impultar a Cospedal y su marido.
Al tiempo que se aplazaba sine die la comparecencia de Cospedal, que a finales de este mes de junio declarará en la Audiencia Nacional, la comisión decidía, a propuesta de ERC, prorrogar los trabajos de la misma hasta final de año. La intención de los grupos que no son el PP es que declaren tanto Rajoy como la que fuera su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Antes de abandonar las dependencias de la Cámara Baja, Cospedal vinculaba lo ocurrido y la ampliación de la comisión a la polémica por los posibles indultos a los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo (TS). "Estos lo que quieren es tener abierta esta comisión cinco meses y que así no se hable de los indultos y se hable de esto. Si es lo que quieren" afirmaba de manera indignada.