El enlace de Cospedal en 'Kitchen', mimado por el PP: sólo en la Ciudad de la Justicia cobró 195.000 €

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, fue quien puso en contacto al comisario Gómez Gordo, apodado Andy, con el comisario José Manuel Villarejo, para que ambos captaran como topo al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Todo ello para evitar que llegaran a manos de la Justicia los documentos del extesorero sobre la financiación irregular del PP.

Durante el desarrollo de la operación Kitchen, Andy se reunió varias veces con Villarejo, quien anotó sobre él en una de sus agendas el 19 de julio de 2013: "Espera recibir instrucciones para recoger discos y grabaciones. Y todo lo demás". A menudo, Gómez Gordo era el encargado de firmar el "recibí" de los 2.000 euros al mes que el chófer cobraba de los fondos reservados por espiar a la familia Bárcenas, como ha informado EL ESPAÑOL.

En su auto dictado el pasado martes, el juez Manuel García-Castellón destaca que Gómez Gordo ha cumplido durante años "servicios especiales" en cargos de confianza con el PP: fue director de seguridad del Campus de la Justicia de Madrid (entre octubre de 2007 y octubre de 2009), luego personal eventual del Gobierno regional de Madrid y, más tarde, director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha (entre octubre de 2011 y marzo de 2015), bajo la presidencia de María Dolores de Cospedal.

'Agujero' de 98 millones

El primero de estos destinos fue especialmente lucrativo para el policía de confianza de Cospedal. Gómez Gordo se embolsó 154.595 euros públicos por trabajar durante dos años como director de seguridad del Campus de la Justicia de Madrid. Es decir, percibía un sueldo bruto de 6.400 euros al mes por garantizar la seguridad de los solares en los que se ejecutaban las obras del proyecto urbanístico fallido.

Y cuando concluyó esta labor, en octubre de 2009, cobró otros 39.440 euros públicos en concepto de "despido improcedente", el doble de lo que le correspondía según la Ley. No contento con ello, como tardaba en cobrar la indemnización, recurrió a los tribunales y logró que, el 14 de diciembre de 2010, el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid embargara las cuentas de la empresa pública por importe de 2.704 euros, para abonarle el finiquito. De este modo, se embolsó casi 195.000 euros por trabajar durante dos años en la Ciudad de la Justicia.

El proyecto del Campus de la Justicia, que debía unificar en la zona de Valdebebas todas las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid, dejó en las arcas públicas un agujero de más de 98 millones de euros, según el informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas.

La entonces presidenta Esperanza Aguirre y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón presentaron el proyecto en septiembre de 2005. Pero las obras comenzaron a ralentizarse en 2009, a causa de la crisis económica, y finalmente el Gobierno regional optó por liquidar la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid SA en 2015.

Ordenadores y móviles

Hasta entonces, la Comunidad se había gastado 19 millones de euros en el proyecto de las futuras sedes de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), sin llegar a poner ni un solo ladrillo y otros 22 millones en el edificio del Instituto de Medina Legal, el único que ha llegado a ponerse en marcha: entró en servicio el pasado mes de diciembre.

El informe de la Cámara de Cuentas destaca que en 2008, durante la ejecución de las obras, el Campus de la Justicia tenía tres jefes de seguridad, Andy y otros dos directores adjuntos, para una plantilla total de 13 personas. "Todo ello no fue obstáculo para que en varias ocasiones se dieran casos de robos de ordenadores y teléfonos móviles que fueron denunciados por la Sociedad", apostilla el informe.

El coste de los tres jefes de seguridad supuso un gasto público de 253.589 euros en tan sólo dos años, además de otros 61.947 euros en indemnizaciones por su posterior despido. Ya no había nada que vigilar. El órgano fiscalizador también detectó numerosas irregularidades en los contratos de seguridad del Campus de la Justicia, dependientes del departamento que dirigía Andy, el policía de confianza de Cospedal.

La sociedad pública gastó 136.000 euros en el contrato de "consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de seguridad en el Campus de la Justicia". La Cámara de Cuentas advierte que se valoraron de forma incorrecta las distintas ofertas y se modificó el objeto del contrato desde el mismo día de su entrada en vigor, lo que supuso un sobrecoste del 65%.

Una Visa Platinum

Los inspectores de la Cámara de Cuentas también detectaron gastos irregulares por importe de más de 15.000 euros, efectuados con una tarjeta Visa Platinum utilizada por uno de los directivos del Campus de la Justicia. Al respecto, hicieron constar que se había producido "una falta absoluta de justificación de la finalidad institucional de los referidos gastos".

Una vez concluida esta etapa, María Dolores de Cospedal rescató al comisario de Policía Andrés Gómez Gordo en octubre de 2011 y le nombró director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha. 

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón considera ahora que el comisario Gómez Gordo pudo desempeñar un papel clave en la operación Kitchen de espionaje a la familia Bárcenas, por encargo de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. 

El magistrado también ha citado a declarar como imputado a José Luis Ortiz Grande, que fue jefe de gabinete de Cospedal en la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Respecto a este último, Villarejo anotó en su agenda el 30 de septiembre de 2013: "Aviso copia dada al Andi. Agradeció mensaje, lo transmitirá a COSPE". Y al día siguiente añadió respecto a Gómez Gordo: "Muy contento por los datos que le di para la COSPE".