El 'dialogante' Junqueras quería confiscar a España desde cuadros de El Prado a bases militares

El Gobierno de Pedro Sánchez presenta a Oriol Junqueras como un apóstol del diálogo por la carta que hizo pública el lunes para allanar el camino a los indultos, en la que renuncia a la vía unilateral para alcanzar la independencia y reclama un referéndum a la escocesa.

Junqueras no renuncia a su objetivo final, pero anuncia un "cambio de estrategia" para defender "la vía del acuerdo y el referéndum pactado", pues considera que esta fórmula es la más eficaz para conseguir el "reconocimiento internacional" a la independencia de Cataluña.

Toda una metamorfosiss, ya que Junqueras era hasta hace poco el más firme partidario de la vía unilateral. En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019, recibió la mayor condena, 13 años de cárcel por sedición y malversación, porque desde la Vicepresidencia de la Generalitat fue uno de los principales artífices del golpe del 1-O.

Su departamento asumió los preparativos del referéndum ilegal, contrató con dinero público los informes para diseñar las estructuras de Estado (desde la Agencia Tributaria y el Banco Central de Cataluña a una hipotética Agencia de Control de Fronteras) e impulsó contactos con el Gobierno chino para intentar obtener un préstamo de 11.000 millones de euros con los que financiar los primeros meses de la Cataluña independiente.

Uno de los más estrechos colaboradores de Junqueras en la Vicepresidencia de la Generalitat era el secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, al que la Guardia Civil intervino abundante documentación en los registros efectuados 10 días antes del referéndum ilegal.

Uno de estos documentos es el exhaustivo inventario de 4.630 inmuebles del Estado ubicados en Cataluña, valorados en 19.100 millones de euros, que la Generalitat tenía previsto confiscar tras la declaración unilateral de independencia. Se trata de un extenso informe, elaborado por el entonces director general de Patrominio Francesc Sutrias, que Salvadó conservaba en un sobre con el lema manuscrito "En mano. Personal. Confidencial".

El alto cargo de la conselleria de Junqueras se había encargado de enumerar, uno por uno, todos los bienes que expropiaría la Generalitat: incluyendo los puertos y aeropuertos de la región, bases militares, carreteras y vías ferroviarias, fincas rústicas, plantas de tratamiento de residuos, redes de telecomunicaciones, plantas de energía e incluso estaciones meteorológicas, tal como ha quedado constancia en el sumario judicial del 1-O.

El director general de Patrimonio también se había encargado de rastrear la presencia de obras de arte de autores catalanes, que la Generalitat pretendía reclamar al Museo del Prado, al Centro Reina Sofía y al Museo Lázaro Galdiano, ubicado en la calle Serrano de Madrid. Pero también piezas concretas, con sello catalán, del Museo Arqueológico Nacional, de los distintos archivos nacionales e incluso del Museo Nacional de Cerámica y el Museo de Artes Decorativas.

La reclamación de todas estas piezas se llevaría a cabo en la "negociación de activos y pasivos" que el equipo de Puigdemont y Junqueras tenía previsto llevar a cabo con el Gobierno español tras la declaración de independencia, bajo la amenaza de negarse a pagar la deuda pública de la Generalitat, algo que dejaría a las arcas del Estado un agujero de más de 80.000 millones de euros.

Así queda patente en otro episodio que acredita el carácter "dialogante" de Oriol Junqueras. La Guardia Civil intervino a Josep Lluís Salvadó un pendrive con correos electrónicos y documentos sobre la negociación que el equipo de Junqueras llevó a cabo, con el máximo secretismo,para intentar obtener un crédito de 11.000 millones de euros del Gobierno chino. 

Puigdemont y Junqueras estimaban que esta suma sería sufiente para cubrir los gastos de la Generalitat durante los seis primeros meses de independencia de Cataluña, tras los cuales el Gobierno español se vería obligado a negociar una ruptura pactada.

Según estos documentos, la estrategia pasaba por causar a España una "crisis de deuda", un default, que amenazaría la estabilidad del euro y llevaría a la Comisión europea a intervenir en el conflicto. Todo ello, a partir de un cálculo muy básico: al perder el 20% de su PIB y de sus actuales ingresos tributarios, España no podría hacer frente a su deuda pública. 

La amenaza de la Generalitat de desentenderse de sus más de 80.000 millones de deuda avalada por el Tesoro español sería la espada de Damocles, la palanca que obligaría a España a claudicar y negociar el proceso de secesión. 

La negociación del equipo de Junqueras con el Gobierno chino para financiar el proceso de independencia no fue ninguna "ensoñación". El pendrive intervenido a Salvador incluye un email dirigido al entonces secretario general de Economía (y actual presidente de la Generalitat), Pere Aragonés, que arranca con el siguiente texto: "Hola, Pere, tal como quedamos aquí tienes las preguntas formuladas por el Gobierno Chino".

A continuación, se enumeran las dudas que había planteado China antes de dar luz verde al crédito. Entre ellas, las siguientes: "¿Los primeros 11B (11.000 millones) que necesitan (según el estudio hecho y presentado) son para poder hacer y/o declarar la independencia unilateral? ¿Tienen intención una vez confirmado los fondos por parte del Gobierno Chino negociar con el Gobierno español? ¿Cuándo tiene previsto negociar con el Gobierno español?".

El destinatario de este correo electrónico, Pere Aragonés, y Oriol Junqueras van a ser ahora los encargados de gestionar la nueva fase de "distensión" con el Gobierno de Pedro Sánchez, sin ninguna garantía de que no se vayan a reactivar estos resortes para forzar el proceso de independencia.

El hoy presidente Aragonés también se encargó, en los meses previos del 1-O, de entrevistarse con autoridades de varios países para intentar recabar apoyos internacionales al proceso de independencia. En enero de 2017 viajó a Eslovenia, donde se reunió con ex altos cargos del primer Gobierno que tuvo aquel país tras consumar la secesión de la antigua Yugoslavia.

El dossier que Aragonés llevó consigo demuestra que el equipo de Oriol Junqueras se había fijado en la experiencia de la secesión de Eslovenia, que se saldó con varias decenas de muertos en diez días de choques violentos con las fuerzas policiales yugoslavas, como modelo para hacer realidad la independencia de Cataluña.