"¿Qué clase de 'ley rider' es una que no escucha a los riders?" Tras una pancarta con este lema, decenas de personas se han manifestado este jueves en Madrid a las puertas del Congreso de los Diputados, al tiempo que en el interior, en el hemiciclo, Yolanda Díaz , ministra de Trabajo y Economía Social, defendía el proyecto antes de su votación y aprobación.
En la concentración, poco nutrida, no ha habido representación política a excepción de Vox. Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona, que se ha dirigido a los presentes con un megáfono, han salido del Parlamento para sumarse a su reivindicación.
El Pleno valida el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados riders, a quienes el Tribunal Supremo ha reconocido como falsos autónomos. La norma, que recibió luz verde del Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo, da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten a la nueva regulación.
A estas personas se les aplican, por tanto, todos los derechos que recoge el Estatuto de los Trabajadores relativos a la organización, sindicación, protección social, cotizaciones o salario.
Sólo apoya Just Eat
La modificación introducida en el Estatuto de los Trabajadores determina la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital.
Aunque la norma se pactó con acuerdo de patronal y sindicatos, tanto CCOO como UGT creen que se ha quedado corta al no incluir a otros falsos autónomos que trabajan en otros sectores.
De las plataformas a las que afecta la ley, Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats se han manifestado en contra porque creen que pondrá el riesgo el desarrollo del sector, mientras que Just Eat la ha apoyado porque ya cuenta con una flota de riders en plantilla, aunque también subcontrata el servicio con empresas especializadas en reparto.