La asociación Consenso y Regeneración, compuesta por más de 90 juristas y abogados ha publicado un manifiesto en contra de los problables indultos del Gobierno a los presos catalanes. sus miembros consideran que los indultos presentan "graves riesgos para la defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes en España" y que el Gobierno "debe de justificar que no se trata de una decisión arbitraria o irrazonada y que concurren efectivamente las circunstancias de equidad, justicia o utilidad pública que exige la Ley reguladora". 

Lo firman, entre otros, Nicolás Redondo, ex secretario general del PSE, presidente de la Asociación “La España que Reúne” y presidente del Club Siglo XXI; Gari Durán, exsenadora (2011-2015), vicepresidenta de Sa Fundació Jaume III, vicepresidenta y fundadora de INCO Human Rights; o Elisa de la Nuez, fundadora y coeditora de la Fundación Hay Derecho y miembro del Consejo jurídico del Consejo General de la Abogacía Española. 

"Los abajo firmantes consideramos que la concesión de indultos a los políticos condenados por la sentencia del “procés” presenta graves riesgos para la defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Habiéndose pronunciado en contra de la concesión tanto el tribunal sentenciador como la Fiscalía, la concesión del indulto es todavía posible para el Gobierno, pero debe de justificar que no se trata de una decisión arbitraria o irrazonada y que concurren efectivamente las circunstancias de equidad, justicia o utilidad pública que exige la Ley reguladora. La revisión de la concesión del indulto es posible en vía jurisdiccional, precisamente para verificar si es o no arbitraria o irrazonada o incongruente a la vista de las circunstancias del caso concreto, entre las que hay que resaltar de forma destacada no solo la falta de arrepentimiento por parte de los condenados sino su intención de volverlo a hacer. Así lo han manifestado en repetidas ocasiones junto con su convicción de que la condena ha sido injusta y desproporcionada y de que son presos políticos, hasta el punto de que el indulto ha sido solicitado por terceros y no por los condenados.

Es cierto que no es la primera vez que un Gobierno ha utilizado la herramienta del indulto atendiendo a razones de oportunidad (política, partidista o de otra naturaleza) en contra de los informes preceptivos del tribunal sentenciador y fiscalía, lo que motivó precisamente que se intentara reformar la institución para evitar posibles abusos por parte del Poder Ejecutivo que finalmente no prosperaron. Pero también lo es que a estas alturas del siglo XXI y en un asunto de tanta trascendencia no parece aconsejable ni desde el punto de vista jurídico ni político forzar los límites de la institución y provocar una importante tensión con el Poder Judicial, dado que previsiblemente estos indultos se recurrirán ante los tribunales de justicia. Conviene no contraponer legitimidades y erosionar instituciones en un momento en que todas son necesarias.

Por otra parte, y más allá de las consideraciones jurídicas también queremos destacar que no parece que la concesión de estos indultos vaya a provocar ninguna mejora de la situación política existente en Cataluña, donde la fractura, no lo olvidemos, se da entre independentistas y no independentistas. Creemos que se ahonda, además, en la convicción de muchos ciudadanos de que el Estado de Derecho no rige para todo el mundo por igual y de que los políticos gozan de un estatuto diferente y privilegiado frente a las leyes vigentes. También consideramos que los ciudadanos catalanes no independentistas pueden sentirse, una vez más, abandonados por las instituciones que deberían defender el respeto a las reglas del juego. El deterioro de la convivencia y del respeto al Estado de Derecho en Cataluña en estos últimos años no parece que pueda superarse con más fracturas y con menos respeto al Estado de Derecho.

Por esas razones, pensamos que la búsqueda de una solución al conflicto entre catalanes debe pasar por un respeto escrupuloso al Estado democrático de Derecho y a la Constitución de 1978 como el gran pacto político constitutivo de nuestra convivencia. Las reglas del juego se pueden cambiar y mejorar, pero es esencial respetar los cauces establecidos y abrir un debate público lo más amplio posible que garantice la participación de todos."

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