El Gobierno de Pedro Sánchez acoge con sabor agridulce la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el procés en Cataluña. El dictamen, elaborado por el socialista letón Boris Cilevics, pide el indulto para los presos catalanes y la retirada de las euroórdenes contra Carles Puigdemont y sus exconsellers fugados en Bélgica, así como la reforma del delito de sedición para rebajar las penas. 

Por un lado, a Sánchez esta resolución le sirve como aval europeo para su política de distensión en Cataluña. Al mismo tiempo, el Gobierno está indignado por el hecho de que la Asamblea Parlamentaria equipara la situación de España con la de un país autoritario como Turquía (los dos casos se abordan en una misma resolución) y sugiere que los politicos del procés han sido procesados por sus declaraciones y no por sus actos contrarios a la ley y la Constitución.

El título del informe, aunque aparezca entre interrogantes, ya se considera toda una afrenta: "¿Deben ser perseguidos los responsables políticos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?". Tanto el ministerio de Asuntos Exteriores como los diputados españoles en la Asamblea han tratado de frenar el texto con alegaciones o enmiendas, pero no han logrado una mayoría suficiente, según ha admitido la jefa de la diplomacia, Arancha González Laya.

"Yo creo que este informe adolece de un pecado original que es poner en cuestión la libertad de expresión de los políticos en nuestro país y poner en el informe el caso de España con el caso de Turquía. Todo lo que viene después parte de este error inicial en el planteamiento", ha asegurado González Laya en rueda de prensa virtual tras participar en la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.

Entre los aspectos positivos del informe del Consejo de Europa, la jefa de la diplomacia española subraya el "voto de confianza" en el funcionamiento del Estado de derecho en España y el reconocimiento de que los jueces son independientes. La resolución admite además que los políticos catalanes fueron juzgados por sus actos y no por sus opiniones y que sus actuaciones durante el procés fueron ilegales e inconstitucionales. 

Al mismo tiempo, el dictamen de Cilevics contiene recomendaciones "incoherentes" y "confusas". En particular, la Asamblea Parlamentaria reclama al Gobierno español que "se inmiscuya" en decisiones del poder judicial, como la paralización de las euroórdenes, una solicitud que a juicio de González Laya no es propia de un Estado de derecho con separación de poderes.

Pese a todos estos problemas, la ministra de Exteriores ha querido concluir con un juicio positivo sobre la resolución. "Nos satisface que se reconoce que el Estado de derecho en España es un Estado de derecho fuerte, pleno y sólido. Y creo que eso es el mensaje principal que entendemos que sale de este informe", ha dicho González Laya. 

Algunas de las recomendaciones del Consejo de Europa "sonarán de algo" a la política del Gobierno de Sánchez, como es el caso de los indultos, la reforma de la sedición o el relanzamiento del diálgo en Cataluña, admite la ministra de Exteriores. En contraste, solicitar la retirada de las euroórdenes no es compatible con el Estado de derecho, ha lamentado.

González Laya asegura que no tiene ningún problema para explicar a sus socios europeos los indultos a los presos del procés. "La Constitución es grande y en ese pacto entre todos los ciudadanos se contempla qué ocurre cuando alguien rompe el pacto constitucional pero también se contempla la posibilidad de perdonar a quien lo hace. Y yo creo que no hay mucha dificultad en explicar esto, ni en España ni fuera de España.

"Se puede compartir o no, se puede tener más o menos simpatía, pero no se puede discutir que esto es un instrumento que está contemplado en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico y que lo que estamos haciendo es desplegarlo con toda su potencialidad", sostiene la ministra de Exteriores.

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