La Generalitat destruyó 7.000 documentos para borrar pagos irregulares en sus 'embajadas'

Este es el principal obstáculo que el Tribunal de Cuentas ha encontrado para cuantificar los gastos que la Generalitat destinó ilegalmente a promocionar en el exterior el proceso de independencia de Cataluña entre 2011 y 2017.

El órgano fiscalizador ha comenzado este martes a notificar a los ex altos cargos del Ejecutivo autonómico un requerimiento para que depositen, en el plazo de 15 días, fianzas que suman 5,4 millones de euros.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tienen que hacer frente al pago de 1,9 millones de euros. Por su parte, el expresidente Artur Mas y el  exconseller de Economía Andreu Mas Colell deben depositar 2,8 millones, como responsables de la gestión irregular de estos fondos.

El referéndum del 1-O

De acuerdo con la investigación desarrollada por el Tribunal de Cuentas, la Generalitat diseñó un minucioso plan diplomático, en el que cada una de las "embajadas" en el exterior debería reportarle informes semanales sobre la actualidad política y económica del país, sobre las actividades desarrolladas y sobre los acontecimientos informativos locales que pudieran tener cualquier clase de repercusión para Cataluña.

Los embajadores también debían remitir a la Generalitat notas sobre todos los contactos que mantuvieran con autoridades locales, dosieres sobre “temas relevantes y de gran interés para Cataluña" y un detallado informe anual sobre el país, que incluyera menciones a "empresas que pueden ser de interés, presencia de empresas catalanas en el país, medios de comunicación de los que hay que hacer el seguimiento, acuerdos bilaterales existentes, relaciones de la sociedad civil catalana con el país, presencia de catalanes que ocupen lugares destacados...".

El Tribunal de Cuentas estima que, con este detallado plan de trabajo, el sector exterior de la Generalitat y su red de embajadas debieron elaborar más de 10.000 notas internas entre 2011 y 2017. Sin embargo, cuando requirió esta documentación para fiscalizar los gastos realizados, el Ejecutivo autonómico tan sólo le remitió 2.795 documentos.

Subvenciones fraudulentas

La información suministrada fue especialmente escasa respecto a los ejercicios 2016 y 2017, cuando la Generalitat intensificó su actividad para promocionar el proceso de independencia en el exterior ante el referéndum ilegal del 1-O.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución supuso el cierre de la red de "embajadas" y la disolución del denominado Consejo de Diplomática Pública de Cataluña (Diplocat). Sin embargo, Quim Torra reactivó el Diplocat y reabrió las "embajadas" en el exterior en mayo de 2019, con el visto de bueno del Gobierno. Y en esta nueva etapa, el órgano de diplomacia de la Generalitat siguió realizando pagos ilegales, como ha constatado el Tribunal de Cuentas.

Durante la presidencia de Artur Mas, el Diplocat había recurrido a una entidad privada, la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), para repartir 515.000 euros en subvenciones entre 2015 y 2017. Parte de estos fondos fueron aportados por otros dos organismos de la Generalitat: la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) y por el Consejo Catalán del Deporte (CCE).

Plataforma per la Llengua

Entre los miembros de la junta directiva del FOCIR se encuentran Mònica Sabata (que ha sido portavoz de la Plataforma por el Derecho a Decidir), Sergi Perelló i Miró (representante del sindicato Intersindical-CSC dirigido por el exterrorista de Terra Lliure Carles Sastre) y Mireia Plana (de la Plataforma per la Llengua que espía a los niños en el patio del colegio para saber qué lengua hablan cuando juegan).

El Tribunal de Cuentas ha determinado que, también en este caso, el Diplocat actuó saltándose la ley: eligió a dedo al FOCIR, sin publicidad y sin informes motivados, para repartir el dinero de las subvenciones destinadas a la "proyección exterior de entidades catalanas".

Vulnerando todas las normativas sobre subvenciones públicas, el entonces director del Diplocat, Albert Royo, dejó que el FOCIR elaborara las bases de la convocatoria y valorara las solicitudes de entidades interesadas en beneficiarse de estos fondos. Las asociaciones que formaban parte del FOCIR fueron las más beneficiadas en el reparto.

Tras la aplicación del artículo 155, la Generalitat de Quim Torra que debía liquidar el Diplocat continuó con sus prácticas ilegales y en diciembre de 2018 ordenó efectuar al FOCIR el último pago de 25.000 euros de los fondos pendientes de la convocatoria irregular de subvenciones de 2017.

"Observadores" internacionales

Todo ello, pese a conocer que el Tribunal de Cuentas ya había abierto una investigación al Diplocat por la convocatoria fraudulenta de subvenciones del FOCIR, por montar la web CataloniaVotes.eu para promocionar el referéndum ilegal de independencia del 9-N (bajo la presidencia de Artur Mas) y por comprar con dinero público dos grupos de observadores internacionales para el referéndum ilegal del 1-O (bajo la presidencia de Carles Puigdemont).

Respecto a la creación de la web CataloniaVotes.eu, el Diplocat argumentó ante el Tribunal de Cuentas en su pliego de alegaciones que "poner a disposición de la opinión pública en general un portal web con información de actualidad sobre el llamado proceso soberanista debe incardinarse en la libertad de expresión e ideológica, reconocidas en la Constitución Española".

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas en ningún momento ha cuestionado la "libertad de expresión" de los encausados, sino el hecho de que malversaran fondos públicos.

En cuanto al hecho de que el Diplocat pagara todos los gastos de dos grupos de "observadores internacionales" en el referéndum ilegal del 1-O, este organismo alegó ante el Tribunal de Cuentas que su objetivo fue obtener un "análisis académico" para determinar "de la forma más científica y objetiva posible" si se habían celebrado unas votaciones "libres y transparentes".