El Ejército del Aire acaba de reconocer ante el juez que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, accedió a España saltándose el control de pasaportes el día que llegó a España en un avión procedente de Argelia.
En un documento, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, dirigido al magistrado que investiga si el mandatario saharaui accedió a España con documentación falsa, el General Jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz-Cañavate, asegura que aquel 18 de abril recibieron una orden por vía telefónica procedente del Estado Mayor del Ejército del Aire según la cual aquel avión no debía pasar el control de pasaportes, ni tampoco la aduana.
En esa misma respuesta, tal y como reveló hace semanas EL ESPAÑOL, el general va más allá y detalla cómo fue el ministerio dirigido por Arancha González Laya quien dio directamente la orden a Defensa de que Ghali entrara en España sin identificarse, saltándose el protocolo establecido por el Ejército del Aire. Por eso Defensa, sobre el papel, así como en la base de Zaragoza, no se sabía quién iba en aquel avión, dado que no se identificó a ninguno de sus ocupantes.
La llamada a través de la cual se recibió la orden de acoger aquel avión argelino se realizó desde la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Aire. Se decía tan solo que en aquella aeronave viajaba un paciente con pasaporte diplomático argelino, que llegaba en una camilla medicalizada y que iba acompañado de una persona.
"No se solicitaron pasaportes"
La respuesta al juez desde el Ejército del Aire.
El jefe de la Base de Zaragoza asegura en su respuesta al juez que a día de hoy no puede afirmar el nombre de los pasajeros que viajaban en el avión, puesto que "no se solicitaron los pasaportes".
La base Aérea de Zaragoza dispone de un Procedimiento Operativo según el cual todas las aeronaves extranjeras procedentes de países de fuera de la Zona Schengen que aterricen en ella, afirma el General Jefe Ortiz-Cañavete, deben pasar el control de pasaportes y someterse a la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esta norma está basada en una Instrucción General del Estado Mayor del Ejército del Aire. Sin embargo, en este caso, afirma el jefe de la base, no se siguió el procedimiento habitual "debido a la orden recibida del Estado mayor del Ejército del Aire".
Fuentes de Exteriores aclaran que los pasaportes diplomáticos que portan los pasajeros en vuelo oficial (por tanto, con las pertinentes autorizaciones) no están sometidos a un control en llegada, en virtud de acuerdo que se mantiene con diferentes países, entre ellos, Argelia. Eso sí, están obligados a llevarlo encima por si en algún momento fuese requerido por la autoridad competente.
Hace varias semanas ese magistrado abrió diligencias tras la denuncia que presentó el abogado Antonio Urdiales. El juez percibe indicios de delito por falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento contra Ghali y los funcionarios de fronteras de ese aeropuerto o del Ministerio de Asuntos Exteriores que, a juicio del magistrado, tendrían conocimiento de las causas que por graves delitos de presuntas torturas y genocidio tiene abiertas el líder del Polisario en la Audiencia Nacional.
El general jefe explica también, que las órdenes que se dieron desde el Estado Mayor del Ejército del Aire a la Base Aérea, entre las cuales se encontraban el no realizar los trámites habituales de aduanas e inmigración, "le fueron transmitidas por parte del Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación".
Brahim Ghali llegó a España a mediados del pasado mes de abril, y permaneció ingresado en un hospital de Logroño aquejado por la Covid-19 hasta el 1 de junio. Tras declarar ante el juez y que este le permitiera conservar su pasaporte, pudo salir del país rumbo a Argelia, donde continúa hospitalizado.
Su avión aterrizó en la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Zaragoza el día 18 de abril a las 19.25 horas, tal y como consta en el informe remitido al juez. Horas después, cuando llegó a La Rioja en una ambulancia medicalizada, se inscribió en el centro sanitario con otro nombre, el de Mohamed Ben Batouch.
La medida del Gobierno de introducirle en el país de manera subrepticia propició una crisis diplomática con Marruecos y la mayor avalancha de inmigrantes sobre Ceuta, ya que 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días.
Su registro con otro nombre en el hospital de Logroño, así como la opacidad en el procedimiento por el que llegó a territoro nacional, soliviantaron a la monarquía alauí, a la que España no informó de ese movimiento.