Exteriores vulneró el código Schengen de la UE y sus propias normas para colar a Ghali en España

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, el Ministerio de Defensa desvela que el gabinete de la ministra Arancha González Laya impartió la orden de que se permitiera a Ghali en España sin pasar por el control fronterizo de pasaportes.

De este modo, a su llegada a la base militar de Zaragoza, el líder polisario y un acompañante entraron en España sin que quedara ninguna constancia oficial de ello, vulnerando la Ley.

El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura a EL ESPAÑOL que no se produjo ninguna situación irregular, ya que el personal diplomático extranjero -tal como estaba acreditado Ghali- no está obligado a someterse al control de fronteras. No es cierto.

El código de fronteras Schengen, que obliga a España con rango de Ley, no admite ninguna excepción: cualquier nacional procedente de un país ajeno a la UE que cruce sus fronteras exteriores está obligado a someterse al control de las fuerzas de seguridad, que incluye "el sellado del documento de viaje [pasaporte] a la entrada y salida por el registro electrónico y la consulta sistemática de bases de datos pertinentes, como el Sistema de Información de Schengen (SIS)".

La entrada en España procedente de un país ajeno al espacio Schengen incluye una doble barrera: el control de fronteras o border check atendido por funcionarios de la Policía Nacional (donde el viajero debe identificarse con su pasaporte) y el control aduanero o border control, donde la Guardia Civil examina su equipaje.

El personal diplomático está eximido de someterse al control aduanero: la Guardia Civil no puede registrar su equipaje, ya que está protegido como valija diplomática. Pero estos viajeros no pueden eludir, en ningún caso, el control de pasaportes, de acuerdo a las normas de la Unión Europea.

Vulneró sus propias normas

Pero además, el Ministerio de Asuntos Exteriores vulneró sus propias normas al colar a Ghali en España en secreto. La "Guía práctica para el personal diplomático acreditado en España", publicada por Exteriores en 2017, establece en su apartado 2.2.5 que "los miembros de las misiones diplomáticas" deberán identificarse en el control fronterizo con su pasaporte y su tarjeta de identificación y acreditación en vigor, al entrar o salir en España.

El gabinete de la ministra Arancha González Laya dio instrucciones para que se eximiera de esta obligación no sólo a Ghali, sino a la persona que le acompañaba a bordo del avión militar procedente de Argel, que aterrizó en Zaragoza el pasado 18 de mayo. 

Fragmento de la "Guía práctica para el personal diplomático acreditado en España" publicada por Exteriores en 2017.

Por último, la orden impartida por la ministra de Exteriores también vulneró los protocolos establecidos por el Ejército del Aire, tal como ha indicado el jefe de la Base Aérea de Zaragoza al juez que investiga los hechos por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación.

En su escrito dirigido al juez, revelado por EL ESPAÑOL, el general José Luis Ortiz-Cañavate señala que "la Base Aérea de Zaragoza dispone de un procedimiento operativo por el cual los pasajeros de aeronaves extranjeras que aterricen en ella procedentes de países fuera de la zona Schengen deben pasar control de pasaportes, acción que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del aeropuerto civil".

"Esta normativa", añade el escrito, "está basada en la Instrucción General del Estado Mayor del Ejército del Aire. En este caso concreto, no se siguió el procedimiento habitual debido a la orden recibida del Estado Mayor del Ejército del Aire".

Al respecto, el general Ortiz-Cañavate aclara que la orden de "no realizar los trámites de aduanas e inmigración" a Ghali y su acompañante había sido dada "por parte del Gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación".

La respuesta dirigida al juez por el jefe de la Base Aérea, el general José Luis Ortiz-Cañavate, confirma la noticia publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL el pasado 22 de mayo, según la cual los agentes destinados en el control fronterizo del aeropuerto de Zaragoza no pudieron solicitar la identificación de Ghali porque habían recibido "órdenes de la superioridad".

La denuncia

Hace varias semanas ese magistrado abrió diligencias tras la denuncia presentada por el abogado Antonio Urdiales. El juez percibe indicios de delito por falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento contra Ghali y los funcionarios de fronteras de ese aeropuerto o del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La respuesta al juez desde el Ejército del Aire. EL ESPAÑOL

A juicio del magistrado, tendrían conocimiento de las causas que por graves delitos de presuntas torturas y genocidio tiene abiertas el líder del Polisario en la Audiencia Nacional cuando le permitieron acceder de ese modo a territorio nacional.

Tras la respuesta emitida por el Ejército del Aire, este letrado ha solicitado en las últimas horas al juez que pida la identificación de la persona concreta que contactó desde Exteriores con el Ejército del Aire, dando instrucciones sobre qué tratamiento habría que proporcionar a los viajeros del vuelo. El letrado exige también saber quién recibió la llamada, que se identifique a los implicados en lo ocurrido y de quién partió en última instancia la orden y demás circunstancias relacionadas con la entrada de estas personas en España.

Urdiales también pide que se precise si las comunicaciones fueron escritas o telefónicas. En resumidas cuentas, pretende saber exactamente quién fue la persona que dio la orden en Exteriores y quién la recibió en Defensa para luego transmitirla a la base de Zaragoza, donde aterrizó el avión argelino que traía a Ghali.

La entrada del líder polisario en España provocó una auténtica tormenta diplomática con el Gobierno de Marruecos, que como represalia propició la entrada de cerca de 10.000 inmigrantes en Ceuta en apenas 48 horas. Aunque la Policía y la Guardia Civil expulsaron a la mayoría de estos sin papeles, en la ciudad autónoma todavía permanecen más de 800 menores que deberán ser trasladados a centros de internamiento de la Península. La legislación española prohíbe devolverlos a su país, salvo que sean reclamados por sus padres en un proceso judicial.