El juez pide a Interior que le diga quién negó las vacunas a guardias civiles y policías en Cataluña

De ese modo, en un auto emitido la pasada semana, a finales del mes de junio, el magistrado exige a Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Fernando Grande-Marlaska, que desvelen quién estaba al mando en el ministerio en el operativo para el proceso de vacunación. 

El juez que instruye el caso meses después de las querellas interpuestas por el sindicato Jupol, mayoritario en el seno de la Policía, y la asociación Jucil, entiende que esa información es tan "idónea" como "necesaria". De ese modo quizá en los próximos días se pueda dilucidar quién dio la orden última de retrasar la inmunización de los agentes mientras se proporcionaba a un ritmo distinto las vacunas a los Mossos d'Esquadra.

Ambos colectivos interpusieron sendas querellas por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra las normas de prevención de riesgos laborales por su "decisión arbitraria y sin motivación alguna de anular el plan de vacunación" para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Solo así podrá saberse por qué durante más de dos meses, siendo personal prioritario en los protocolos de vacunación, desde febrero hasta mediados de abril, de los aproximadamente 3.500 guardias civiles en Cataluña sólo se había inmunizado a 200, y por qué de los 3.300 agentes de la Policía Nacional, tan solo un centenar habían recibido entonces su correspondiente dosis, tal y como reveló EL ESPAÑOL.

El magistrado, en el auto, transmite también la orden a la secretaria general de la Consejería de Salud, Meritxell Masó, que le proporcione los protocolos de vacunación para ambos cuerpos.

Se hizo cargo Sanidad

La situación llegó hasta tal punto que el Ministerio de Sanidad tuvo que asumir las competencias derivadas a Cataluña en la campaña de vacunación tras registrar unos porcentajes de inmunización de estos cuerpos de seguridad muy por debajo de la media española; tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

"Los miembros de las FCSE en Cataluña no han sido vacunados en los términos que sí lo han sido en otras comunidades autónomas y, por ello, hace ya una semana que el Gobierno ha tomado la decisión de vacunarles", explicó la ministra, Carolina Darias, a finales del pasado mes de abril.

Con datos mucho más bajos que el resto de la media española, cuando Sanidad se hizo cargo de la inoculación de las dosis en el conjunto de España se habían vacunado con la primera inyección el 76% de los efectivos de la Policía Nacional y el 78% de la Guardia Civil. Para ese entonces, tan solo el 14% de la Policía destinada en Cataluña había recibido una dosis, por un 15% de los miembros del Instituto Armado.

Milagros Cívico, secretaria provincial de Jucil en Barcelona, celebra la decisión del magistrado sobre estas "presuntas irregularidades". 

Correos electrónicos

Tal y como reveló también este periódico, una de las pruebas que confirmaría que la Generalitat paralizó la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la comunidad autónoma sería un correo electrónico remitido desde el Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior el pasado 25 de marzo.

Ese día, el teniente coronel responsable de vacunación, Esteban Gómez Naranjo, remitió a los suyos la siguiente circular: "Se hace saber que el Departamento de Salud de Cataluña, en relación con el Plan de Vacunación del Covid-19, lo anula hasta nueva orden con motivo de los nuevos criterios establecidos".

Semanas antes de que Sanidad tomara las riendas del asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó que la Generalitat administrara el antídoto a todos los uniformados. El órgano judicial conminaba a las autoridades autonómicas a vacunar "sin excusa alguna" y "de inmediato y sin dilaciones".

El entonces secretario del departamento y hoy consejero de Salut, Josep Maria Argimon, aseguró que la inmunización de los cuerpos de seguridad del Estado provocaría que la población de riesgo catalana tuviera que esperar más para recibir la inoculación del freno al coronavirus por la falta de dosis. Las declaraciones generaron aún más malestar por una decisión que se interpretaba como política.