Pruebas falsas, testigos aleccionados y recursos dilatorios: así torpedea Podemos el 'caso Neurona'

Pese a ello, los informes que la UDEF ha elaborado para el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, arrojan indicios cada vez más sólidos de que Podemos desvió una parte de los 363.000 euros que había destinado, teóricamente, para contratar a la consultora mexicana Neurona Consulting, a la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. 

Según el instructor, estos hechos podrían constituir un delito electoral y otro de falsedad documental. La causa tiene su origen en la denuncia que presentó en diciembre de 2019 el abogado José Manuel Calvente, al que Podemos despidió con una acusación de acoso laboral y sexual que se ha demostrado falsa en los tribunales.

En su escrito dirigido al juez, Calvente señaló a varios líderes del partido como cabecillas de una "suborganización presuntamente corrupta", que habría cometido todo un rosario de irregularidades. Entre otras, los contratos "ficticios o manifiestamente hinchados" de la campaña electora del 28-A (con Neurona y la sociedad brasileña ABD) y de la reforma de la nueva sede de Podemos.

Monedero cobró

José Manuel Calvente también señaló que el partido paga sobresueldos encubiertos a algunos de sus dirigentes y empleados, bien directamente o a través de las asociaciones financiadas a través de su caja b.

La denuncia de Calvente sostiene que Juan Carlos Monedero "habría actuado como intermediario en las contrataciones ilícitas de Podemos con la empresa Neurona, obteniendo un beneficio personal".

El fundador del partido ya ha reconocido ante el juez que cobró 26.000 euros de Neurona Consulting, aunque asegura que es su minuta profesional por participar en varios coloquios y actos divulgativos organizados en países de Sudamérica.

Podemos intentó primero desactivar la causa, alegando que Calvente había quebrado el secreto profesional al que estaba sometido como exabogado del partido. Sin embargo, el juez instructor desmontó este argumento al determinar que Calvente no "quebrantó el secreto profesional y la confidencialidad que le era exigible", ya que "no era un letrado externo contratado por el partido, sino un trabajador (...) que tenía la obligación de poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que considere delictivo que se haya podido cometer en el seno de dicho partido".

Obras de la sede

La instrucción ha puesto en evidencia que Podemos orquestó un simulacro de concurso para adjudicar las obras de reforma de su nueva sede, situada en el distrito de Ciudad Lineal: firmó el contrato con la constructora, antes de que concluyera el plazo para recibir ofertas.

Las obras costaron finalmente 1,3 millones de euros, el doble de lo que había presupuestado inicialmente el partido (650.000 euros). El juez considera que Podemos presupuestó la obra por debajo de su coste real “con la finalidad de pagar un importe inferior por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)”.

Pese a ello, el magistrado ha archivado esta línea de investigación, tal como pedían Podemos y la Fiscalía, al considerar que no se ha acreditado que se produjera una “distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras” para un fin distinto.

Calvente sostenía en su denuncia que el contrato suscrito por Podemos con la firma ABD Europa LDA (vinculada a un grupo brasileño) para las elecciones generales de 2019 había servido para que varios dirigentes del partido se embolsaran "comisiones". Sin embargo, Podemos y la Fiscalía lograron que el juez también rechazara esta vía de investigación, alegando que el Tribunal de Cuentas no apreció ninguna irregularidad en el contrato de ABD.

La 'caja b'

El juez también archivó inicialmente, como pedían Podemos y la Fiscalía, la investigación sobre la caja b de Podemos, la llamada caja de solidaridad que se nutría con las donaciones de parte del sueldo de sus cargos públicos. Después de que la Audiencia Provincial de Madrid le obligara a retomar esta vía de investigación, el juez la ha ampliado a los fondos (300.000 euros) que Podemos destinó en 2016 al llamado Proyecto Impulsa, con el que financiaba iniciativas sociales de asociaciones afines al partido.

El juez Escalonilla está a la espera de que la UDEF le entregue un informe sobre el destino de los 30.000 euros que Podemos transfirió, entre 2019 y 2020, a la asociación #404 Comunicación Popular, controlada por siete candidatos, asesores y empleados del propio partido.

Desde el principio de la instrucción, la Fiscalía no ha alterado su criterio: sostiene que la denuncia del exabogado de Podemos está basada en simples "rumores" y sólo aprecia indicios de delito en el contrato con la consultora Neurona. 

Esta es precisamente la parte de la investigación que amenaza con llevarse por delante a varios dirigentes del partido, algunos de los cuales ya han pasado a un discreto segundo plano. Quizá por ello, Podemos se ha volcado en intentar torpedear esta parte de la instrucción, aportando incluso pruebas fake ante el juez.

Los vídeos de Isa Serra

Podemos entregó al magistrado 1.385 vídeos y materiales gráficos, para acreditar que efectivamente la consultora mexicana Neurona Consulting, contratada por 363.000 euros, trabajó en su campaña de las generales de abril de 2019.

Podría tratarse de pruebas falsas: la UDEF ha acreditado que la mayoría de estos vídeos corresponden, en realidad, a la campaña de Isa Serra en las autonómicas celebradas un mes después, y la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional sólo ha conseguido localizar 12 de ellos publicados en las redes sociales. La Policía también ha acreditado que buena parte de estos materiales fueron elaborados por los propios empleados de Podemos o por otras empresas externas ajenas a Neurona.

Ambos informes policiales indican que podrían haber mentido ante el juez los 12 empleados de Podemos que declararon como testigos el pasado mes de abril. Todos ellos aseguraron que habían colaborado estrechamente con los técnicos de Podemos en las elecciones generales y describieron detalladamente la labor que estos realizaron... en la campaña electoral equivocada.

Podemos entregó así mismo al juez varias fotos de los miembros de Neurona en su cuartel electoral y en las calles de Madrid. También en este caso, la Policía ha acreditado que las fotos fueron tomadas tras la campaña del 28-A. El rastreo de sus metadamos indica que estaban grabadas en un ordenador de Juan Carlos Monedero, identificado en la red informática de Podemos como "Juan Carlos Money [dinero, en inglés]".

Pese a estas maniobras, Podemos no ha logrado acreditar el destino real de los 363.000 euros pagados a la sociedad Neurona Comunidad SL, que había sido constituida en Sevilla pocos días antes de firmar el contrato. Esta empresa, que no tiene ningún vínculo real con la consultora latinoamericana Neurona Consulting, transfirió los fondos a una agencia de comunicación con sede en México, Creative Advice Interactive Group SA de CV, y desde allí se pierde el rastro del dinero.