Fianza de 40 millones para el comisario de Cospedal y otros 5 acusados por la Ciudad de la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concedido un plazo de 15 días al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, al comisario Andrés Gómez Gordo (hombre de confianza de María Dolores de Cospedal) y a otros cuatro acusados, para que depositen una fianza de 40 millones de euros por el desfalco de la Ciudad de la Justicia.

Pedraz ha firmado este miércoles el auto por el que abre juicio oral contra Prada, Gómez Gordo y otros cuatro ex altos cargos de la sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid SA (CJM): el director general técnico Isabelino Baños, el subdirector técnico Mariano José Sanz Piñar, el director financiero Alicio de las Heras y Félix José García de Castro.

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de ocho años de cárcel para Alfredo Prada y seis años para el resto de acusados, como autores de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación (o de fraude, alternativamente).

La causa tiene su origen en el informe de la Cámara de Cuentas que detectó un agujero de 98 millones de euros en la sociedad pública que debía ejecutar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, con el que se pretendía agrupar en la zona de Valdebebas las principales sedes judiciales que dependen del Gobierno autonómico. La entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes remitió el informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que depurara la responsabilidad penal por las numerosas irregularidades detectadas.

La 'operación Kitchen'

Pese a la inversión multimillonaria sólo llegó a hacerse realidad el nuevo edificio del Instituto de Medicina Legal, que entró en servicio el pasado mes de diciembre. La Comunidad de Madrid disolvió definitivamente la empresa pública en 2015, para evitar que siguiera arrojando pérdidas.

El comisario Andrés Gómez Gordo también está imputado en la operación Kitchen, pues el juez Manuel García-Castellón apreció indicios de que pudo actuar como intermediario entre la exministra María Dolores de Cospedal y el comisario José Manuel Villarejo para poner en marcha la operación de espionaje a la familia de Luis Bárcenas.

Gómez Gordo cobró 154.595 euros públicos por trabajar durante dos años (2008 y 2009) como director de seguridad del Campus de la Justicia de Madrid. Es decir, percibía un sueldo bruto de 6.400 euros al mes por garantizar la seguridad de los solares en los que se ejecutaban las obras del proyecto urbanístico fallido, como ha informado EL ESPAÑOL.

Cuando la Ciudad de la Justicia comenzó a resultar inviable, fue despedido con una indemnización de 39.440 euros, el doble de lo que le correspondía según la Ley (como si en realidad hubiera ocupado el cargo durante cuatro años). En conjunto, se embolsó un total de 195.000 euros, por dos años de trabajo en la empresa pública. Luego María Dolores de Cospedal lo fichó como director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha (entre 2011 y 2015).

Venta de inmuebles

La empresa pública Campus de la Justicia de Madrid SA (CJM) se constituyó en 2005 con un capital social de 6,8 millones de euros. La intención del Gobierno autonómico era financiar las inversiones previstas, con la venta de seis sedes judiciales. El edificio de Plaza Castilla debía venderse por 94,7 millones de euros, pero la operación quedó frustrada por la crisis inmobiliaria.

Al final la Comunidad sólo logró vender el edificio de los Juzgados de lo Social de la calle Hernani (por 62,1 millones de euros, casi el doble de los 37,2 millones que se habían previsto inicialmente) y otro inmueble de la calle Fernández de la Hoz, por 13,5 millones.

Ambas operaciones generaron unos ingresos de 75,6 millones de euros, que permitieron reducir el agujero generado en la empresa pública. Sin embargo, la investigación judicial ha sacado a la luz todo tipo de irregularidades en la gestión del fallido proyecto.

La empresa pública gastó en 2005 un total de 850.574 euros en la organización del Concurso Internacional de Proyectos para el Campus de la Justicia, además de otros 145.000 abonados al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid por gestionar el concurso. Pero la Cámara de Cuentas no ha conseguido hallar ningún contrato que pudiera justificar estos gastos.

La maqueta de Norman Foster

Lo mismo ocurre con otros 252.922 euros gastados al año siguiente, 2006, en publicidad. El órgano fiscalizador tampoco ha podido acceder a los justificantes de más de 15.600 euros gastados con una tarjeta Visa Platino que utilizaba uno de los directivos de la empresa pública.

Campus de la Justicia de Madrid SA gastó en 2007 un total de 79.516 euros en una exposición para mostrar en la Casa de Correos el proyecto que había diseñado el prestigioso arquitecto Norman Foster y otros 234.593 euros para exhibir el proyecto en la Plaza Castilla. En ambos casos, de nuevo, sin que se hayan hallado los correspondientes contratos. La empresa pública destinó 50.000 euros más es un concurso de escultura, pero la obra nunca se llegó a ejecutar porque no había un lugar para colocarla.

La investigación sobre la Ciudad de la Justicia fue desarrollada por el juez José de la Mata y luego pasó a manos del magistrado Santiago Pedraz. La investigación ha detectado múltiples irregularidades en tres concursos en los que Andrés Gómez Gordo jugó un papel determinante como director de seguridad.

La sociedad pública gastó 136.000 euros en el contrato de "consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de seguridad en el Campus de la Justicia". La Cámara de Cuentas advirtió en sus informes que se valoraron de forma incorrecta las distintas ofertas y se modificó el objeto del contrato desde el mismo día de su entrada en vigor, lo que supuso un sobrecoste del 65%.

Robos de ordenadores y móviles

El Campus de la Justicia tenía tres jefes de seguridad (Andrés Gómez Gordo y otros dos directores adjuntos) que supusieron un gasto público de más de 300.000 euros en sólo dos años, para una plantilla total de 13 personas. "Todo ello no fue obstáculo para que en varias ocasiones se dieran casos de robos de ordenadores y teléfonos móviles que fueron denunciados por la Sociedad", constató el informe que provocó la apertura de la causa judicial.

El juez instructor Santiago Pedraz ha ordenado una investigaciones patrimonial sobre los bienes que poseen los seis acusados, con el fin de garantizar que hacen frente a la fianza solidaria impuesta de 40 millones de euros.