Los españoles se quedan sin ayuda sanitaria del Gobierno en Venezuela: el dinero, para una sede

Los españoles que residen en Venezuela se sienten abandonados por el Gobierno español, en medio de una situación económica crítica, agravada durante los últimos meses por la pandemia de coronavirus.

La Embajada de España en Caracas creó en 2006 la Fundación España Salud (FES) para dar atención sanitaria y asistencial a las familias españolas residentes en Venezuela que sufren dificultades económicas. La Fundación ha recibido durante los últimos años más de 20 millones de euros del Gobierno español, a los que hay que sumar las inyecciones económicas que recibe de los Ejecutivos regionales de Galicia, Canarias y Asturias.

Hace tan sólo dos años, la FES invirtió 6,2 millones en comprar su nueva sede, un edificio de siete plantas situado en el centro financiero de Caracas. Según una investigación del Tribunal de Cuentas, para acometer estas inversiones la entidad especuló con dólares en el mercado paralelo, algo que constituye un delito en aquel país.

Pero mientras tanto, esta fundación creada y controlada por la Embajada española deniega la asistencia sanitaria a españoles residentes en Venezuela que no pueden afrontar este gasto debido a la grave crisis económica que atraviesa el país.

"Ni un euro más"

"La ayuda de la Fundación España Salud (FES) al principio fue una bendición para nosotros, luego se convirtió en una pesadilla", relata a EL ESPAÑOL Gabby Baldissera, que tiene nacionalidad española porque su madre, nacida en Pontevedra, emigró a Venezuela cuando tenía tan sólo tres años.

"Mi madre enfermó hace dos años y los médicos de la Hermandad Gallega le diagnosticaron una bronconeumonía", explica Gabby. Como seguía empeorando, gracias a la ayuda de la FES la ingresaron de urgencia en el Instituto Clínico La Florida, donde descubrieron que tenía un tumor maligno.

Gabby Baldissera junto a su madre, nacida en Pontevedra y emigrada a Venezuela cuando tenía tres años.

La fundación creada y controlada por la Embajada se hizo cargo de las primeras sesiones de quimioterapia y radioterapia, y del primer traslado en ambulancia hasta el Centro Médico Las Mercedes para someterse a estos tratamientos. Tras aquel primer desplazamiento, Gabby tuvo que pagar de su bolsillo la ambulancia: "Al final acabé alquilando una bombona de oxígeno y la llevaba en mi propio coche, porque algunas de las ambulancias que me enviaban eran un auténtico peligro", indica a EL ESPAÑOL.

Cuando su madre debía someterse a la tercera sesión de quimioterapia, la doctora Rosa da Silva de la FES convocó a Gabby para comunicarle que la fundación no iba a pagar ni un euro más de su tratamiento: "Me dijo que la Fundación ya se había gastado 293 millones de bolívares en mi madre, y que para qué tanto si se iba a morir de todas formas".

Un trato "muy cruel"

"Como protesté por esta decisión", añade Gabby, "la doctora llamó al servicio de seguridad para que me echara de su despacho, su trato fue absolutamente cruel. Los vigilantes mostraron conmigo mucho más corazón y humanidad que ella".

Desde entonces, la Fundación retiró a la madre de Gabby la ayuda para el tratamiento médico (cada sesión de radioterapia cuesta 600 dólares, que tuvo que pagar de su bolsillo), así como la ayuda para medicamentos y la tarjeta de alimentos. La madre de Gabby falleció finalmente en marzo de 2020, a los 63 años.

"Parece que aquí en Venezuela hay españoles de primera y de tercera", afirma, "cuando iba a la sede de la FES veía a mujeres con chófer y con un collar de perlas, que iban a recoger medicamentos. En cambio a mí me han negado esa ayuda".

En un principio, Marisa Vidal también recibió la ayuda de la FES para operar de cataratas a su madre, nacida en Oviedo, que emigró a Venezuela durante la Guerra Civil, cuando tenía 17 años. "Los españoles no saben lo que pasa con el dinero que mandan a la FES", dice Marisa a EL ESPAÑOL.

"Nos han cerrado la puerta"

La fundación controlada por la Embajada pagó la intervención quirúrgica del ojo derecho y luego le encargó las pruebas de preoperatorio (un análisis de sangre y una plata de tórax de alta definición, que cuesta 200 dólares) para operarle del izquierdo, en el que ha perdido el 90% de visión.

Cuando ya tenía listos el quirófano y la anestesista para realizar el pasado 6 de abril la segunda intervención, explica Marisa, "el día antes me llaman de la FES para decirme que ha quedado suspendida a causa del Covid. Desde entonces he estado llamando todas las semanas, hasta que al final me han dicho que todas las operaciones electivas (es decir, las que no son de emergencias) han quedado anuladas por falta de presupuesto".

"Mi madre tiene 85 años, sufre ataques de pánico y se ha caído dos veces, porque en un ojo ha perdido toda la visión", dice Marisa, "yo tengo 60 años y he perdido mi empleo, la agencia de viajes en la que trabajaba cerró a causa del Covid, con esta edad me resulta muy difícil encontrar un nuevo trabajo. La FES nos ha cerrado la puerta en la cara. No quiero ayuda para mí, sólo pido ayuda para la operación de mi madre". Ahora intenta resolver esta situación a través del Centro Asturiano en Venezuela.

No acata la decisión judicial

Manuel López, un gallego de 50 años que reside en Venezuela desde hace varias décadas, perdió su trabajo de informático hace dos años, tras sufrir una cardiopatía isquémica. Los médicos han determinado que necesita implantarse un resincronizador cardíaco (un dispositivo similar a un marcapasos), pero la Fundación España Salud (FES) le retiró en 2020 la ayuda médica que le había concedido.

Manuel se vio obligado a recurrir a los tribunales españoles y consiguió que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le reconociera, en una cautelarísima dictada el pasado 7 de abril, el derecho a recibir de la Fundación España Salud (FES) "la atención sanitaria precisa para, en su caso y de resultar preciso por indicación médica, proceder a llevar a cabo el implante prescrito de resincronizador-desfibrilador de preferencia antiRMN".

La medida cautelarisima dictada por el TSJM el pasado 7 de abril.

La Fundación España Salud (FES) acató a regañadientes esta decisión judicial, en un correo electrónico, fechado el pasado 1 de junio, en el que sostiene que es "una institución venezolana de derecho privado, por lo que las decisiones de los tribunales españoles no nos son vinculantes".

No obstante, añade, "nos hemos hecho cargo del pago de las consultas médicas y exámenes paraclínicos a petición de la Dirección General de Migraciones, ya que España carece de un convenio sanitario con Venezuela". Pese a este compromiso, Manuel López aún no ha logrado que la FES se haga cargo de la implantación de su resincronizador cardíaco.

La Fundación creada y controlada por la Embajada de España en Venezuela alega que no está sometida a "las decisiones de los tribunales españoles".

La presidencia de la Fundación corresponde al embajador de España en Venezuela (cargo que hoy permanece vacante) y la gestión del día a día está en manos del consejero de Empleo de la Embajada, puesto que ocupa actualmente el socialista canario José Francisco Armas. La entidad recibe además el 100% de sus ingresos de las Administraciones públicas españolas (el Gobierno central y tres Ejecutivos autonómicos).

Y pese a ello, el comité de dirección de la FES se acoge a que es "una institución venezolana de derecho privado" para sostener que no está sometida a la Justicia española.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que reclamaban que dos exconsejeros de Empleo de la Embajada devolviesen 279.660 euros (251.000 euros más intereses), por considerar que gestionaron de forma irregular las subvenciones recibidas del Gobierno español en 2015 y 2016.

La sentencia dictada el pasado 31 de mayo por el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas considera probado que la FES especuló con dólares en el mercado paralelo e incurrió en múltiples irregularidades en la concesión de ayudas. Pese a todo, absolvió a los dos acusados por considerar que las ayudas se habían destinado a su finalidad legal: paliar la situación de los españoles que residen en Venezuela.

Ahora, tras gastar más de seis millones de euros en la compra y acondicionamiento de su nueva sede, la FES deniega la ayuda sanitaria a los españoles necesitados alegando que se ha quedado sin presupuesto.