La reunión de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña terminaba con avances este lunes tras más de dos horas de reunión en la sede del Ministerio de Política Territorial en Madrid. El principal, tal y como anunciaba la titular de la cartera y también portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ampliación del aeropuerto de El Prat en Barcelona por valor de 1.700 millones de euros.
Una inversión, enfatizaba la ministra, que lo convertirá en un "Hub internacional" junto a Barajas, y que repercutirá positivamente en el PIB de Cataluña, elevándolo, explicaba, en dos puntos porcentuales y creando casi 100.000 empleos directos.
A partir de este momento, ambos gobiernos seguirán trabajando en un calendario semestral para estudiar diversos traspasos de competencias, singularmente el de las becas universitarias, o aumentos de inversión en infraestructuras como las ferroviarias.
Todo ello, decía Rodríguez, en la confianza de que el Ejecutivo independentista que preside Pere Aragonès vuelva a centrarse en "lo que verdaderamente importa a los catalanes", afirmaba tras ser preguntada por la "mesa de diálogo" que se reanudará en septiembre.
Este órgano, a diferencia de la comisión bilateral no es oficial, y a él llegará el Govern con su exigencia de un referéndum de independencia y la amnistía para los procesados y condenados por el 1-O, estos últimos indultados el pasado junio.
La comisión Estado-Generalitat, durante su reunión de este lunes.
Los flecos del acuerdo sobre El Prat se cerraban horas antes de la comisión bilateral en un encuentro fuera de agenda entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, al que también asistían la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de AENA, Maurici Lucena.
Los fondos europeos
Pese al buen tono de Isabel Rodríguez, que en todo momento calificaba de positivo y "fructífero" el encuentro bilateral, admitía el desencuentro en lo relativo a los Fondos Europeos de reconstrucción.
La responsable de Política Territorial señalaba que el de la comisión bilateral Estado-Generalitat no es el tablero para abordar la gestión de ese dinero aprobado por el Consejo Europeo en plena primera ola de la pandemia, sino un ámbito multilateral como el de la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada la semana pasada en Salamanca. Una cita a la que no acudió el presidente catalán, Pere Aragonès.
Los representantes de la delegación catalana -que comparecían posteriormente a la rueda de prensa de la ministra en la librería Blanquerna, evitando hacerlo, como es su costumbre, en un edificio estatal- mostraban su disconformidad.
El vicepresidente Puigneró (de Junts Per Catalunya) y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, de ERC, consideran que la comisión bilateral, según la regula el Estatut, se ocupa de asuntos económicos y que por lo tanto, argumentan, debería abordar también lo relativo a los fondos Next Generation.
Minutos antes, Rodríguez sostenía la postura contraria asegurando, además, que debe ser así por "respeto" al resto de comunidades autónomas y "a las empresas" que eventualmente recibirán ese dinero procedente de la Unión Europea.