Sólo habían pasado 48 horas desde que se reunió la comisón bilateral entre el Gobierno y el Govern, y saltó la primera discrepancia entre ambos Ejecutivos a cuenta de la posible transferencia de los Médicos Internos Residentes (MIR) a Cataluña.
Todo empezó cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, corrigió unas declaraciones del lunes de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Tras presidir este miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en su comparecencia ante los medios de comunicación, Darias aseguró que "no está en la agenda" del Gobierno traspasar la competencia del MIR.
Más aún, la titular de Sanidad quiso "dejar bien claro" que el Gobierno de Pedro Sánchez va a continuar "con el mismo sistema que tenemos hasta ahora". "Si acaso, seguir ampliando la cobertura de plazas, siempre de la mano de las comunidades autónomas y de la Comisión de Recursos Humanos", añadió.
Minutos después, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, respondía a la ministra en Twitter asegurando que este asunto "sí que está en la agenda". Vilagrà sostiene que en la comisión bilateral "los gobiernos catalán y español acordaron crear un grupo de trabajo para debatir sobre este traspaso y otros".
En realidad, el lío viene de lejos, porque la primera en poner sobre la mesa la petición de transferir el MIR -de facto, toda la Formación Sanitaria Especializada (FSE), que incluye también a enfermeros, farmacéuticos, químicos, etc.-, fue la exconsejera de Sanidad, Alba Vergés, a principios del 2020.
En el último Consejo Interterritorial presencial antes de la pandemia, en el mes de febrero, la consellera anunciaba la intención de tener la gestión "única" de esta área de capacitación. En aquella cita, la consejera informaba que ya había empezado a desarrollar un "foro de diálogo profesional" sobre sus propias necesidades de profesionales y de formación MIR.
Pero Darias corrige, incluso, lo pactado por el PSOE con Unidas Podemos en su documento para el Gobierno de Coalición firmado en diciembre de 2019. En él, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ratificaron un acuerdo por el que se comprometían a trasferir la gestión de la formación sanitaria especializada. Bien es cierto que, en ese momento, fuentes de Moncloa aseguraban a EL ESPAÑOL que la transferencia era casi imposible porque "ni la Generalitat lo quiere, ni el Gobierno lo cederá".
Tampoco la Consejería de Sanidad de Cataluña ha concretado nunca cómo sería su proyecto de MIR, en el caso de que obtuviera esa transferencia. Fuentes de la conselleria consultadas ayer mismo por EL ESPAÑOL manifestaron que "hoy por hoy" el de los MIR es "uno de los puntos de los que podríamos tener resultados más pronto". Aunque, puntualizaron, "no tenemos nada concreto".
Rechazo total
Pero, más allá de quién propuso qué y del lío dialéctico entre las propias ministras del Gobierno y entre el Gobierno y la Generalitat, lo cierto es que la propuesta ha caído como un jarro de agua fría entre los afectados.
Colegios profesionales, representantes de los futuros residentes y sindicatos rechazan la propuesta que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, ni siquiera ha pasado por el Consejo Nacional de Especialidades. Aunque este organismo, perteneciente al Ministerio de Sanidad, tiene voz en la oferta de plazas y la modificación de programas formativos, no ha sido consultado sobre una posible transferencia de los MIR.
Pero, ¿para qué quieren las autoridades catalanas esa transferencia? El principal miedo de sindicatos y futuros médicos residentes consultados por EL ESPAÑOL, es clara: para hacer valer el requisito lingüístico. Es decir, que se utilice la gestión competencial de un futuro MIR catalán para exigir el catalán a los profesionales. Y es que, como los sindicatos aseguran, "no existen muchas más competencias que puedan tomar".
Las plazas que se ofrecen, los programas formativos e, incluso, los contratos son gestionados por las comunidades autónomas a las que son derivados los sanitarios.
Las fuentes consultadas aseguran que todavía no hay ningún proyecto sobre la mesa y que "ni siquiera" la Consejería de Sanidad de Cataluña sabe "qué es lo que quieren hacer con la gestión de la formación de los MIR".
Se supone que lo que se pretende es cumplir con lo que el Estatut de Cataluña dice sobre este punto. Y concretamente, en el Estatut se reclama que la comunidad, de forma compartida con el Gobierno de España, tenga competencias en la "formación sanitaria especializada, que incluye la acreditación y la evaluación de centros; la planificación de la oferta de plazas; la participación en la elaboración de las convocatorias y la gestión de los programas de formación de las especialidades y las áreas de capacitación específica y la expedición de diplomas de áreas de capacitación específica".
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que la mayoría de estos puntos ya corresponden a una gestión compartida entre Sanidad y el gobierno autonómico (número de plazas, acreditación de centros, programas de formación) por lo que, lo único que le quedaría por gestionar al gobierno catalán serían asuntos relacionados con el idioma.
Hasta ahora, el español es la única lengua que se usa en el examen MIR, tanto para los aspirantes de nacionalidad española como para los extranjeros que, además, deben acreditar un nivel C1 o C2 de español.
De hecho, hace unos meses Esquerra Republicana denunció que la limitación de aceptar sólo títulos en castellano para presentarse a la prueba MIR había dado muchos problemas a aspirantes de centros catalanes.
Sistema MIR
Hay que recordar que el sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE) existe en España desde el año 1976 y depende directamente del Ministerio de Sanidad. En un sistema sanitario descentralizado como el español, el departamento de Darias mantiene la organización de este proceso formativo para futuros especialistas médicos (MIR), enfermeros (EIR), farmacéuticos (FIR), entre muchos otros. Es de las pocas gestiones sanitarias centralizadas junto a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
Desde Sanidad (con sus correspondientes órganos como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Comisión de Recursos Humano o el Consejo Nacional de Especialidades) se deciden aspectos tales como el número de centros adscritos, las unidades docentes, las especialidades que se imparten o las plazas. Todo ello pasa por una oferta previa por parte de las CCAA, pero es Sanidad la que tiene la última palabra.
Así, es Sanidad también la que centraliza el sistema de acceso a las plazas. Desde el departamento de Carolina Darias se elabora un examen único para todo el país (según la especialidad sanitaria: médicos, enfermeros, farmacéuticos, químicos, etc) y, acorde a la clasificación final de cada aspirante, se puede ir eligiendo plazas ofertadas.
La puntuación que se obtenga del examen se pondera junto con el expediente académico para entrar en una especie de concurso oposición que se celebra una vez al año.
De esta forma, competencias como el idioma quedan en un segundo plano y no tienen cabida. Algo que sí ocurre en algunas ofertas públicas de empleo (OPE). En las OPE es competencia única del Gobierno regional establecer los indicadores y, ahí, existen algunos vacíos legales por los que Ejecutivos como el balear han exigido el idioma a la hora de acceder a la plaza.
Barcelona, destino MIR
En estos momentos, Barcelona es la tercera ciudad preferida por los MIR y los EIR, tras Madrid y Valencia. Además de tener una gran cantidad de plazas en muchas especialidades diferentes, la capital catalana alberga algunos de los centros hospitalarios más importantes del país.
Cada año, Barcelona es una de las ciudades donde antes se agotan las plazas aunque, como han denunciado en alguna ocasión los MIR de Cataluña, ese atractivo va en disminuyendo. Pero esto no es una cuestión del nivel formativo o de la oferta, sino de horarios y sueldos.
En estos momentos, Cataluña equipara las condiciones de los MIR a las de sus funcionarios, por lo que, además de trabajar más horas, cobran menos que en otras comunidades autónomas. Según el colectivo, la jornada de los médicos residentes en Cataluña es de 37,5 horas semanales en lugar de 35, como en otras autonomías.
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