Siete casos de corrupción en UGT llevan al Tribunal de Cuentas a embargarle medio centenar de sedes

El caso de los ERE no se ha cerrado con las condenas a los expresidentes José Antonio Griñán (seis años de cárcel), Manuel Chaves (9 años de inhabilitación) y otros 19 responsables de la Junta de Andalucía.

El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha el procedimiento para embargar 49 sedes y locales del sindicato UGT, al que reclama 9,7 millones de euros por su responsabilidad contable en las irregularidades detectadas en el caso de los ERE.

Esta reclamación tiene su origen en el informe que la Cámara de Cuentas de Andalucía elaboró, a petición del Parlamento autonómico, para cuantificar el multimillonario fraude dejado durante más de una década por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, durante la etapa del PSOE.

En un acuerdo notificado el pasado 15 de julio, el Tribunal de Cuentas hace responsable a UGT del desvío de 9,7 millones de euros en al menos siete casos de corrupción derivados de la gestión de los ERE.

Ayudas a la minería

La Consejería de Empleo de la Junta acordó el 12 de diciembre de 2009 conceder una "ayuda sociolaboral excepcional" de 544.406 euros a la Asociación Faja Pirítica de Huelva, constituida por antiguos trabajadores de la minería para favorecer su reinserción laboral.

Según el acuerdo marco firmado con la Junta, UGT y CCOO se encargaron de constituir esta asociación para gestionar las ayudas. El primer pago de 408.304 euros fue realizado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la empresa intermediaria Uniter SL, que ya se había embolsado una comisión de 4,5 millones por las pólizas de prejubilación que la Junta abonaba a través de varias aseguradoras.

Según la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2018 por el Tribunal de Cuentas, todo fue irregular en este expediente: "No hay ni solicitud de esta ayuda, ni memoria justificativa de la finalidad pública y el interés social y económico". No se fiscalizó este gasto de 408.000 euros, ni se analizó la situación real del sector ni se justificó por qué se pagaba la ayuda a través de una empresa que actuaba como comisionista.

A Novo Comlink SL 

La firma tecnológica A Novo Comlink SL, con sede en Malaga, pidió el 9 de mayo de 2005 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 194 trabajadores. 

Por mediación de UGT y CCOO, la Junta firmó un acuerdo por el que se comprometía a inyectar en la empresa 4,1 millones de euros, en varias anualidades. A cambio, la compañía prometía vender activos para saldar sus deudas, convertir en indefinidos los 94 contratos temporales que tenía y crear otros 88 nuevos. La Junta abonó entre julio y septiembre de 2006 los tres primeros plazos de esta ayuda, por un importe total de 3,8 millones supuestamente para pagar el plan de jubilación de 194 trabajadores.

El Tribunal de Cuentas señala, sin embargo, que no hay ni un solo documento que acredite el fin que se dio a este dinero. Por ello considera que se trata de una ayuda "concedida y pagada de manera injustificada, de espaldas a la normativa vigente y prescindiendo de manera absoluta de los procedimientos legalmente establecidos".

Primayor

La Junta de Andalucía concedió otra ayuda de casi 10,5 millones de euros para los trabajadores afectados por el ERE de la compañía Primayor Alimentación Andalucía (empresa sucesora de Cárnicas Molina). La UCO considera probado que el conseguidor Juan Lanzas se embolsó una comisión de 88.892 euros por gestionar este ERE, en el que colocó como beneficiarios a particulares que nunca habían trabajado en Primayor. La empresa se encontraba en concurso voluntario de acreedores desde 2007 y ya había aprobado dos ERE para aligerar su plantilla.

Muebles Promi

La investigación desarrollada por la Guardia Civil y el Tribunal de Cuentas ha acreditado la absoluta discrecionalidad con la que la Junta administraba los fondos destinados a ayudar a las empresas con dificultades económicas.

La Junta concedió 2,5 millones de euros para financiar el ERE de la compañía Muebles de Madera Promi. Un destacado miembro de UGT se benefició de la subvención, a pesar de que había abandonado la empresa varios años antes, para montar su propio negocio de muebles, Don Formón SL, junto a un socio. 

El entonces director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, remitió un email el 24 mayo 2006 dando instrucciones para que se concediera una ayuda directa a este sindicalista de UGT. Para ello facilitaba incluso su número de cuenta bancaria. A través de una sociedad intermediaria, Estudios Jurídicos Villasís, su departamento cumplió la orden y realizó dos pagos de 60.000 y 34.000 euros a la nueva compañía del sindicalista de UGT, Don Formón SL.

El socio del dirigente de UGT declaró ante el Tribunal de Cuentas, según su sentencia del 8 de abril de 2019, que un alto cargo de la Junta le dijo que "podían seguir desempeñando esa actividad ya que era compatible con la percepción que recibieron ambos por el ERE que se hizo en la empresa Promi, en la que ambos habían trabajado tiempo antes de que se hiciese dicho ERE".

Graficromo

El Tribunal de Cuentas también reclama la devolución de los 900.000 euros que la Junta otorgó por la liquidación de la firma de artes gráficas Graficromo. UGT y CCOO mediaron para que 10 de los 23 trabajadores afectados por el ERE pudieran beneficiarse de las subvenciones constituyéndose como Asociación de Prejubilados de Graficromo, que recibió un total de 634.526 euros en forma de "ayudas sociolaborales".

En el expediente notificado a UGT el pasado 15 de julio, el Tribunal de Cuentas reclama otras sumas por irregularidades en los ERE de Deoleo (199.000 euros), Hitemasa (658.000 euros) y Manufactura Española del Corcho SA (228.000 euros).