La obligatoriedad de las vacunas y la tercera dosis reabren la guerra entre el Gobierno y las CCAA

Las fases de la pandemia también se pueden medir a través de los debates que las administraciones han de afrontar para acabar con el virus. En los primeros momentos se discutió sobre las restricciones que habían o no de aplicarse, después vino la estrategia de vacunación y la selección de los grupos prioritarios...

Y ahora ha llegado el turno de la obligatoriedad de la vacuna, la posibilidad de inyectar la tercera dosis y la adopción del pasaporte Covid. Como viene siendo habitual, también en estas medidas las comunidades autónomas y Sanidad difieren. Madrid, Andalucía y otras autonomías piden estas medidas ante el avance de la pandemia mientras que el Gobierno central no cree que sean necesarias y pide mayor consenso internacional para abordarlas.

El último choque ha tenido lugar este fin de semana tras las palabras del director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias, Fernando Simón, mostrando sus reticencias a imponer la vacunación a cualquier colectivo y a exigir un certificado para acceder a determinados lugares.

El epidemiólogo justificó su posición con el porcentaje de inmunidad que se ha alcanzado ya en determinados grupos, poniendo como ejemplo las residencias de ancianos, donde una cobertura del 97% "no hace necesaria ninguna acción legal ni acto legislativo".

Sin embargo, son precisamente los rebrotes en los centros de mayores, donde los contagios se han duplicado y las muertes quintuplicado en la última semana, los que están motivando que algunas regiones planteen la obligatoriedad de la vacuna para los sanitarios y los trabajadores de residencias.

Al menos seis comunidades lo han demandado ya, de una forma u otra, aunque se han encontrado con el previo rechazo del Ministerio de Sanidad. En Madrid, por ejemplo, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, aseguró hace unos días que "como médico, lo comparto [establecer la obligatoriedad en estos grupos]". 

Más contundente se ha mostrado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que el pasado viernes afirmó que "en determinados supuestos en los que el trabajo de una persona tiene relación directa con personas vulnerables, con enfermos, creo que debería prevalecer la salud pública general ante el hecho individual de la decisión o no de vacunarse".

Cantabria, Castilla y León, Murcia o Andalucía han sido otras de las comunidades autónomas que se han mostrado a favor de la medida, aunque en todo caso cuentan con el rechazo de Sanidad, que alega que obligar a algún colectivo a inocularse contra la Covid-19 va en contra de la estrategia de vacunación adoptada en el CISNS y que las regiones se comprometieron a cumplir.

También la patronal de las residencias se ha mostrado a favor. "No sé a qué estamos esperando. ¿Siempre tenemos que ser los últimos?", se pregunta en declaraciones a Efe la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual.

Y es que Sanidad recurre también a "la muy buena aceptación" que ha tenido la vacuna en España para oponerse a esa obligatoriedad. A diferencia de lo que ocurre en otros países vecinos que ya han adoptado la medida, como Francia.

Tercera dosis

Macron también ha anunciado que el próximo septiembre comenzará en Francia una nueva ronda de vacunaciones (después de que la Comisión Europea despejara el jueves el camino al atribuir la decisión a cada Estado y limitarse a sugerir tener en cuenta las evidencias científicas). 

Este es el segundo debate por el momento sobre la mesa. Madrid es de nuevo una de las comunidades que con más contundencia se están pronunciando. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, dijo este domingo que la región ya está planteándola para la población "inmunodeprimida" y que está decidida a desoír a Simón, que el sábado, en la misma línea que la UE, abogó por evaluar primero la medida en base a "datos científicos sólidos". "Siempre que ha adelantado algo, se ha equivocado", aseveró López. 

Madrid sostiene que en el caso de la tercera dosis sería necesaria en la población de riesgo y en mayores, en especial los que viven en residencias. López cree que el impacto sería mínimo en la administración de vacunas a grupos que aún no han sido inmunizados, ya que estamos hablando de un porcentaje mínimo de los madrileños y españoles que necesitarían esta tercera dosis.

EFE

En este caso, Sanidad ya asume que "todo apunta" a que será necesaria una tercera dosis e incluso inocular cada año viales frente al coronavirus, un criterio que obvia la petición de moratoria que hizo la pasada semana la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El organismo internacional pidió solidaridad con los países más pobres. "No podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros utilicen todavía más mientras que las poblaciones más vulnerables del mundo siguen sin protección", aseveró su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La brecha entre los países es evidente: mientras en Europa el 40% de los ciudadanos están vacunados con la pauta completa, en África solo han recibido las dosis necesarias para la inmunización el 1,9% de sus habitantes.

Pasaporte Covid

Siguiendo también el ejemplo de otros países vecinos, otro asunto que está complicando la gestión de la pandemia en España es la adopción de un certificado Covid para acceder a determinados lugares. 

Esta medida, que ya se aplica en Francia o Alemania -donde ha provocado una oleada de protestas-, debe pasar por los tribunales autonómicos para salir adelante y, como ya había pasado en otros momentos de la pandemia, las respuestas de la Justicia están siendo dispares. En este caso, Sanidad únicamente ha dicho que ve "complicado" que se pueda usar para controlar el acceso a interiores.

Galicia ha conseguido el aval para restringir el acceso en las zonas de alta incidencia a espacios interiores pero, hasta el momento, es la única comunidad autónoma que tiene la aprobación. 

En Andalucía, el TSJA rechazó ratificar la medida por entender que puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, "en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud", así como al principio de no discriminación, "en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a dichos locales [en este caso, las discotecas], basado en la posesión o no del mencionado certificado".

Cantabria y Canarias tampoco han conseguido el aval, pese a intentarlo. Y otras comunidades como Madrid se han mostrado favorable a implantarlo, si bien en este caso no se prevé adoptarlo hasta tener un mayor porcentaje de inmunizados. 

Con todo, la disparidad entre decisiones judiciales es razón de más para el PP para insistir en la necesidad de contar con una Ley de Pandemias que dé certidumbre y seguridad jurídica a las comunidades.