El PP pide explicaciones a Sánchez por la situación de los sefardíes: "Nos puede dañar en política exterior"

Desde el Grupo Popular en la Cámara Baja los diputados Pablo Hispán y Valentina Martínez ya han preguntado al Ejecutivo por un asunto que, aseguran, "puede dañar a España en política exterior". 

Los parlamentarios populares, que acusan a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de "humillar" por "sectarismo" a la comunidad de judíos sefardíes, subrayan el hecho de que una congresista de EEUU, la representante demócrata por Nuevo México Teresa Leger Fernández, ya haya trasladado el asunto a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. 

El asunto ha cobrado relevancia al otro lado del Atlántico tras un artículo del corresponsal en Madrid de The New York Times en el que explicaba cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado en los últimos meses hasta 2.500 solicitudes de este tipo.

Esto supone que en lo que va de 2021 Justicia ha rechazado una de cada cinco peticiones de sefardíes que querían ser reconocidos como españoles. Hasta este año se había reconocido a más 30.000 de ellos y únicamente se habían rechazado tres casos.

Algunos de los rechazados, que han llegado a pagar hasta más de 3.000 euros, entre abogados y notarios, para poder acreditar ser descendientes de judíos expulsados de la Península Ibérica por los Reyes Católicos en el siglo XV, muestran su indignación con el comportamiento de España. Hablan incluso de "segunda Inquisición".

Así lo afirma uno de esos afectados, D. Antonio Quintana, quien considera en declaraciones a este periódico (bajo pseudónimo) que la actuación del Gobierno español incurre en "prevaricación". Se muestra desolado, además, por considerar que se les ha "robado" una parte de sí mismos y de su historia. 

Una polémica circular

La situación cambió a partir de una circular dictada en octubre de 2020, en vez de por un decreto u orden ministerial. Una circunstancia que los abogados que tramitan las solicitudes consideran un fraude de ley.

Fuentes del Gobierno, en cambio, se defienden asegurando que lo que se hizo hace casi un año fue poner freno a la aceptación de solicitudes que no cumplían los requisitos para obtener la nacionalidad española.

La circular, aseguran, se limitaba a recordar a los notarios que estaban aceptando certificados de origen sefardí que no eran legales, por cuanto no estaban emitidos por quienes señala la ley: rabinos o comunidades judías del lugar de residencia o ciudad natal.

Según esto, el interesado tenía que aportar un certificado de su origen sefardí firmado por un rabino de la comunidad judía de su país de nacimiento o de la Federación de comunidades judías de España, que tiene competencia universal. Sin embargo, justifican desde la Administración, se estaban admitiendo otro tipo de justificantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado los recursos de los abogados de los sefardíes por considerar que la circular simplemente "enfatiza los términos de la norma aplicable, la ley 12/2005, sin introducir modificación alguna de sus previsiones".

Para Pablo Hispán, responsable de Exteriores de los populares en el Congreso, el cambio de criterio en esta materia del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos obedece al "regreso del rancio antisemitismo de la izquierda". Hispán, antiguo jefe de gabinete de Pablo Casado, arremete contra la titular de Justicia porque, a su juicio, está "incumpliendo" la legislación en esta materia.