Los planes del Ministerio de Educación para desarrollar la Ley Celaá, que contemplan enseñar las matemáticas desde una "perspectiva de género" o impartir a los niños entre 10 y 12 años cuestiones relativas a la "identidad de género", así como el rescate de la en su día polémica Educación para la Ciudadanía, han hecho a Pablo Casado poner el grito en el cielo.
El líder de la oposición asegura que esos planes (borradores que está elaborando el ministerio para la aplicación de la LOMLOE) demuestran la nula voluntad del Gobierno de alcanzar un "pacto educativo" y por ello anunciaba en Twitter que cuando llegue a La Moncloa aprobará otra ley de Educación.
La norma que eventualmente sustituirá a la vigente Ley Celaá tendría como prioridades, según exponía el mismo Casado, la "libertad de elección"; la "calidad" educativa garantizada mediante "pruebas nacionales", lo que supondría unificar la EBAU, antigua selectividad, a nivel estatal; la "inspección contra el adoctrinamiento"; garantizar que el castellano sea lengua vehicular -después de la enmienda de ERC y la izquierda para blindar el modelo de inmersión en catalán- y, entre otros aspectos, la apuesta por crear un "MIR educativo", que en su día defendió también Pedro Sánchez, antes de llegar al poder.
Todo ello después de que la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, con apenas un mes en el cargo haya "enseñado la patita de su sectarismo", según asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL el portavoz de los populares en la Comisión de Educación del Congreso, Oscar Clavell.
El diputado en la Cámara Baja por Castellón asegura que Alegría no se ha puesto en contacto con el primer partido de la oposición para negociar ninguno de estos contenidos, y denuncia que de los mismos se desprende que en el Ministerio "han cambiado las caras" pero no, asegura, "su línea de actuación".
Casado, firmando contra la Ley Celaá.
Durante el pasado invierno, Casado ha sido muy activo respaldando las movilizaciones de las escuela concertada contra la Ley Celaá. Con el lazo naranja distintivo en ristre, se le ha visto en las manifestaciones callejeras del sector, y sumándose a la recogida de firmas contra la norma.
En otro de los puntos que plantea para la reforma de la ley educativa el PP habla de "reforzar las materias comunes nacionales" y de "erradicar la ingeniería social educativa de la izquierda", así como también conseguir la gratuidad para la educación infantil, la que se imparte hasta los tres años, con la ayuda de los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).
Otro de los aspectos señalados para esa hipotética futura reforma es el "apoyo a la educación especial para niños con discapacidad", después de que muchas de las críticas a la Ley Celaá fuesen en esa dirección. Muchos padres afectados denunciaron la "asfixia finaciera" que sufrían esos centros y cómo al ser trasladados a centros ordinarios eran "aparcados como muebles".
La nueva FP
Junto al desarrollo de la LOMLOE, que el PP tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, el nuevo periodo de sesiones parlamentario que se abre en septiembre llegará con la nueva Ley de Formación Profesional en la agenda.
Precisamente la nueva Ley anunciada por Casado contempla un modelo de "FP dual", dentro de una materia que está sujeta a las directrices que imponga la UE.
Los populares creen que en principio es una norma mucho más técnica que la Ley Educativa y confían en que se pueda aprobar una reforma que modernice esta formación y la refuerce como alternativa a la universitaria. Entre otras cosas instaurando un tutor en las empresas, algo para las que en principio las de menor tamaño tendrán más dificultad que las grandes compañías.
Esa adecuación al mundo empresarial es uno de los aspectos que el primer partido de la oposición cree necesario mejorar para tener unos profesionales mejor formados.