Durante el proceso de elección de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre las que se encuentran los MIR (médicos) y los EIR (enfermeros), varios aspirantes y el sindicato médico (CESM) denunciaron una "filtración de sus datos personales". Un hecho que el Partido Popular elevó hasta las autoridades europeas, que ahora recomiendan al Gobierno de España estudiar esta filtración.
La fuga de datos la habría propiciado la nueva aplicación habilitada por el Ministerio de Sanidad para que los médicos aspirantes pudieran seleccionar telemáticamente sus preferencias a la hora de elegir plaza.
En respuesta a la consulta realizada por el Partido Popular y también el sindicato CESM, la Comisión Europea dice que debe de ser la Agencia Española de Protección de Datos la que estudie si los hechos descritos constituyen delito.
"La supervisión y garantía del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es competencia de las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales. Para el tratamiento llevado a cabo por las autoridades públicas, la autoridad de control del Estado miembro de que se trate es competente (artículo 55, apartado 2, del RGPD)", explica Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea en representación de la Comisión.
De esta forma, el mandatario polaco argumenta que es la autoridad española de protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la que posee el "control competente" para "hacer un seguimiento de la supuesta infracción del RGPD en el caso que nos ocupa".
En su pregunta escrita, el PP se había hecho eco de la supuesta filtración de los datos anónimos de los aspirantes a la elección de plazas MIR en la que quedaban declaradas sus preferencias de destino (dónde cursar la residencia) y sus datos personales (nombre, DNI, etc). Por ello, preguntabron a la Comisión si esto suponía un incumplimiento con el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
El organismo, que responde a las siglas SEPD, fue creado en virtud del Reglamento (UE) 2018/1725 para garantizar que las instituciones y organismos de la Unión respetan los derechos y libertades fundamentales de las personas, y en particular su derecho a la protección de datos, cuando traten datos personales.
Aun así, Europa asegura que el SEPD no es competente "para supervisar el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas de los Estados miembros, como ocurre en el caso de que se trata". Por tanto, insta a que sea la agencia española la que sí lo haga.
De esta forma, emplaza al Gobierno de España a estudiar este hecho, como también hicieron muchos de los aspirantes que vieron vulnerada su privacidad.
Hay que recordar que, en estos momentos, el sindicato médico CESM ha puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos la "vulneración de derechos" y han manifestado su intención de llevar ante la Fiscalía al Ministerio por si incurrieron en algún tipo de ilícito penal.
Esta no es la primera vez que la Unión Europea entra a resolver un problema derivado de la gestión de la formación sanitaria especializada. También ocurrió en junio cuando la asamblea general de la European Junior Doctors Association aprobó una moción apoyando estas reivindicaciones laborales de los profesionales sanitarios españoles.