La Audiencia Nacional ha retrasado hasta el próximo 10 de noviembre el inicio del juicio sobre la trama Gürtel en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid), que en un principio estaba fijado para el 22 de septiembre.
Fuentes judiciales consultadas por EL ESPAÑOL señala que el juicio podría prolongarse durante más de tres meses. No obstante, varios de los 27 procesados ya han pactado con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos que se les imputan, lo que permitirá acortar la fase de declaraciones de la vista oral.
Según la Fiscalía, el Ayuntamiento de Boadilla sufrió un quebranto económico de 4 millones de euros por las irregularidades urbanísticas y los contratos amañados adjudicados a empresas vinculadas a la trama Gürtel.
Anticorrupción pide una pena de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, y de 76 años y siete meses para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, según el escrito provisional de acusación.
El número 2 de Correa, Pablo Crespo, alcanzó el pasado mes de abril un pacto con la Fiscalía por el que reconoce todos los hechos que se le imputan y señala a varios cargos públicos del PP.
Crespo pretende reducir así a trece años y medio de cárcel, la pena de 76 años de prisión que la Fiscalía reclamaba inicialmente para él. En su confesión, el número 2 de la Gürtel reconoce que actuó como intermediario en la adjudicación de varios contratos públicos de Boadilla, a cambio de quedarse una comisión.
"Yo negociaba el margen de porcentaje de cada adjudicación", señala Pablo Crespo en su escrito dirigido a la Fiscalía, "y cuando se materializaba la contratación, el empresario me entregaba el dinero en efectivo y yo siempre lo entregaba a Arturo González Panero o a Tomás Martín Morales, dependiendo de cual fuera el órgano que licitaba el concurso: la alcaldía o la Empresa de la Vivienda”.
Las fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por EL ESPAÑOL señalan que también ha negociado un pacto con la Fiscalía el exdirector de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales.
A cambio de reconocer los hechos, colaborar con la Justicia y señalar a otros responsables, Martín Morales intenta así reducir la pena de 39 años de cárcel que Anticorrupción solicita para él. Todo indica, en cualquier caso, que el exdirector de la Empresa Municipal de Suelo no podrá evitar entrar en prisión.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó en junio de 2016 el auto de apertura de juicio oral contra los 27 acusados. La Fiscalía también acusa al PP en calidad de responsable civil, como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de 204.198 euros de la red.
El Ministerio Público reclama una pena de 76 años y 7 meses de cárcel para el líder de Gürtel, Francisco Correa; así como y 23 años y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch por la actividad de esa red en el citado municipio.
El juez De la Mata fijó fianzas millonarias para los acusados, que ascienden a 32,4 millones en el caso de Francisco Correa, 23,9 millones para Pablo Crespo y 23,6 millones para el exalcalde Arturo González Panero.