Sánchez busca el apoyo de Cs para evitar que su gran medida para bajar la luz encalle en el Congreso

El Gobierno tiene las manos atadas en todos los frentes para abaratar la luz. En el terreno internacional, hay dos variables jugando en su contra: los precios del gas van a seguir disparados en los próximos meses y la especulación con los derechos de emisión de CO2 no va a dar tregua. En el plano interno, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa algunas medidas para abaratar el precio de la electricidad en el medio plazo, pero para activar reformas de calado necesita un apoyo parlamentario que el Ejecutivo no tiene garantizado.

Una de las medidas más importantes que necesita sacar adelante el Ejecutivo es la creación del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado junio con la promesa de abaratar un 13% la factura de la luz en cinco años.

Este Fondo ha iniciado ya su andadura parlamentaria sin que el Ejecutivo sepa si va a contar con los votos suficientes. Una situación que preocupa al Gobierno, como reconoció el presidente, Pedro Sánchez, en la apertura de curso político que celebró este miércoles en la Casa de América.

A la espera de que la luz marcara un récord este jueves y llegara a superar por primera vez los 140 euros/MWh, Sánchez aseguró que el Gobierno está actuando para frenar esta escalada. Y no fue casual que pusiera el foco en el proyecto de ley de este Fondo para pedir a los grupos políticos apoyo en el Congreso.

Subida del gas y carburantes

Hay dos elementos que juegan en contra de la aprobación del Fondo. Por un lado, el descontrol de los precios en el mercado eléctrico está desgastando al Gobierno y es un arma poderosa para una parte de la oposición.

Por otro, apoyarlo supone asumir que, para que los consumidores paguen menos por la luz, hay que subir el precio de los carburantes y el gas. Son dos fuentes de energía con mucho tirón en España y, por tanto, la medida supondría un golpe directo para el bolsillo de muchos votantes.

El camino se augura pedregoso, pese a que Cs no ve con malos ojos la creación de un Fondo que en última instancia busca descarbonizar la economía. Ni siquiera parece que Podemos vaya a allanar la senda a Sánchez. Los de Yolanda Díaz siguen proponiendo medidas contrarias al derecho comunitario europeo, como por ejemplo limitar el precio de la energía, lo que la vicepresidenta Ribera ha llegado a tachar de "bomba de relojería".

'Ecologismo liberal' de Cs

El anteproyecto de ley con que el Gobierno pretende promover el uso de la energía eléctrica y penalizar el gas y los carburantes podría encajar, desgrana un portavoz de Ciudadanos, en el "ecologismo liberal" deseado por la formación: "En teoría, el país tendería a la descarbonización. El concepto es positivo, nos parece bien".

Los de Arrimadas, según esta fuente, participarán en el debate de la ley con "espíritu constructivo": "La idea general nos parece correcta, pero aportaremos mejoras y leeremos bien la letra pequeña. El fondo debería ir acompañado de otra serie de medidas".

Esta posición supone un alivio para Teresa Ribera después de que el PNV, que en un primer momento se había mostrado en disposición de votar a favor, no acabe de concretar su postura. El hecho de que el partido vasco fuera el que frenó el impuesto al diésel en la última tramitación de Presupuestos hace que en el sector energético -que también afronta dividido esta tramitación- haya muchos agentes escépticos con el sentido de su voto final.

En el PNV, socio de Moncloa, ganan tiempo y, lejos de exhibir complacencia, se emplazan a "repensar el sistema en su conjunto": "Veremos cómo encaja el Fondo en todo esto". Un portavoz de los nacionalistas, en conversación con EL ESPAÑOL, asegura que, incluso antes de presentar el anteproyecto de ley, el Gobierno se puso en contacto con ellos: "Ya entonces manifestamos nuestras preocupaciones. Algunas de ellas fueron atendidas". Los de Aitor Esteban no descartan presentar enmiendas y, de momento, seguirán en contacto con el Gobierno.

ERC sí se muestra dispuesto a apoyar esta reforma. "Es preciso acelerar la implantación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, pasándolo de cinco a dos años, y comenzando a más tardar el 1 de enero de 2022, para aliviar los costes por cargos del sistema eléctrico (3.500 millones de euros el primer año y 7.000 millones el segundo)". Esta formación considera, además, importante que paralelamente se mantenga "la valiente propuesta de tasa a las ganancias caídas del cielo para reducir las aportaciones al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico".

El 'no' de PP y Vox 

Vox y PP ya han decidido no apoyar el Fondo diseñado por Sánchez. Los de Casado, explica un miembro de su dirección a este diario, lo contemplan como "una cosa extraña": "Quieren derivar todo hacia la electrificación, pero es un momento inoportuno porque se ha disparado el precio de la luz".

Sin embargo, conciben los conservadores, "esa variación la acabarán pagando los consumidores, y no las empresas, tal y como promete el Gobierno": "Lo que hacen es rebajar la electrificación, pero a cambio de recargar el gas. Es quitar de un lado para poner en otro".

"¿Qué pasa con todas esas familias que instalaron calderas en sus casas? Hace no tanto tiempo se estuvo subvencionando esa alternativa. Eso viene de la época de Zapatero. Ahora empezarán a sugerir las bombas de calor eléctricas porque prometen que esa energía será verde, aunque todavía no lo sea", reseña una portavoz del PP.

La hoja de ruta verde del Gobierno pasa por electrificar la economía con un cambio de hábitos que animen al consumidor a tomar decisiones como el cambio de un vehículo de combustión por un enchufable. Con este objetivo Ribera, anunció hace meses la creación de este Fondo que supone sacar de los costes que soporta el recibo de la luz en 7.000 millones de euros, para traspasarlos a las gasolinas y al gas.

La misma división que esta idea ha generado en el Congreso se vive entre las empresas del sector. Las eléctricas celebraron que los consumidores de luz no sean los únicos que carguen con los costes de las renovables en esta transición energética y las empresas de hidrocarburos y gas se mostraron contrarias a una política que se resume en la idea de la vicepresidenta de "que pague el que contamine".