Este jueves, EL ESPAÑOL adelantó que las autoridades policiales italianas habían detenido en el aeropuerto de Cerdeña a Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde otoño de 2017. El expresidente del Gobierno catalán, que fue puesto en libertad este viernes, deberá declarar el próximo 4 de octubre ante el Tribunal sardo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este sábado en Málaga que la orden europea de detención es un diálogo entre tribunales de la Unión Europea, "por lo que son estos los que tienen que dialogar entre ellos y dictar las resoluciones" conforme al caso del expresidente de la Generalitat catalana.
Así lo ha señalado cuestionado por periodistas este sábado en la ciudad, donde ha pedido dejar que los tribunales europeos "decidan y resuelvan, que es a los que les corresponde y procede, y los demás, a acatar las resoluciones que emitan esos tribunales".
Grande-Marlaska ha asistido a una la reunión del grupo MED5, integrado por el propio ministro del Interior y sus homólogos de Italia, Luciana Lamorgese; Chipre, Nikos Nouris; y Malta, Byron Camilleri, y el ministro de Política de Inmigración y Asilo de Grecia, Notis Mitarachi.
De este modo, se ha ratificado en que ninguna autoridad española "de ningún tipo ni departamento" estaba presente en la detención de Puigdemont, "ni antes ni durante ni después", desmintiendo las palabras del abogado del expresidente catalán. Y ha vuelto a apuntar que, a su juicio, "todo ciudadano reclamado por la justicia española debe de comparecer ante esta".
El ministro del Interior tampoco ha querido valorar la resolución de la justicia italiana. "No hago valoraciones de la resoluciones judiciales", ha dicho, al tiempo que ha recordado que se trata de una cuestión judicializada, en manos de los tribunales europeos y que dichas resoluciones procederán "conforme a nuestro acervo comunitario del cual todos los países de la Unión Europea nos alimentamos normativamente".