El Pollo Carvajal, dispuesto a revelar al juez quiénes cobraron comisiones en la venta de armas a Chávez

La detención en España del ex jefe de los servicios secretos de Venezuela, el general Hugo Carvajal, reclamado por la Justicia de EEUU, amenaza la estabilidad del pacto de Gobierno formado por PSOE y Podemos.

Fuentes próximas al general venezolano indican que el Pollo Carvajal está dispuesto a entregar al juez documentación sobre el presunto pago de comisiones y otras irregularidades en varios contratos de venta de armas de España a la Venezuela de Hugo Chávez, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Estas operaciones se refieren a la venta de fragatas, patrulleras, aviones militares (este último contrato se firmó, pero no se llegó a ejecutar por el veto de EEUU) y material antidisturbios, que el Gobierno venezolano ha utilizado para reprimir brutalmente las manifestaciones organizadas por la oposición.

La estrategia de Carvajal, señalan las mismas fuentes, es dosificar la documentación que facilitará al juez para convertirse en un "testigo necesario" en las investigaciones que se abran, con el fin de demorar o evitar su entrega a los Estados Unidos.

Si finalmente es entregado a la Justicia norteamericana, tendrá que hacer frente a penas que suman más de 40 años de cárcel. Está acusado de colaborar con los terroristas de las FARC (a los que habría facilitado ametralladoras, munición, explosivos y lanzacohetes) para enviar cargamentos de cocaína a EEUU. 

Mientras Carvajal permanecía oculto en un piso de Madrid próximo a la calle Arturo Soria, el Departamento de Estado de EEUU ofreció en marzo de 2020 una recompensa de 10 millones de dólares para cualquier persona que pudiera ofrecer información sobre su paradero.

Tras su detención, Hugo Carvajal compareció el pasado día 20 ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que debe resolver su extradición. En su comparecencia, Carvajal aseguró que posee abundante información sobre los vínculos del Gobierno de Venezuela con grupos terroristas como las FARC colombianas y Hezbolá.

Cuando el magistrado le preguntó si posee información sensible que afecte a España, Carvajal se comprometió a entregarle documentación sobre pagos del Gobierno de Venezuela a Juan Carlos Monedero (que ya está imputado en el caso Neurona) y otros líderes de Podemos.

El general venezolano ya entregó algunos de estos documentos al equipo del entones director ajunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, cuando llegó a España, en marzo de 2019, protegido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Entre los documentos que ahora podría entregar al juez García-Castellón se encuentra un "punto de cuenta" en el que Nicolás Maduro ordenó a la petrolera estatal PDVSA pagar 142.000 dólares a tres de los fundadores de Podemos: Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.

El documento está firmado en octubre de 2013, es decir, cinco meses antes del nacimiento de Podemos, que quedó inscrito en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior el 11 de marzo de 2014.

Como concepto del pago firmado por Maduro se hizo constar el «diseño político comunicacional del material audiovisual» para la participación de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en el XXI Congreso Mundial de Petróleo que se celebraría en junio de 2014 en Moscú. Sin embargo, no consta que Bescansa, Lago y Jerez llegaran a realizar ningún trabajo para PDVSA con motivo de dicho congreso.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que Carvajal también entregará al juez documentación sobre los pagos del Gobierno de Venezuela por importe de más de 7 millones de euros a la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte varios fundadores de Podemos. Entre ellos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Rita Maestre, Alberto Montero y Luis Alegre.

Pero las revelaciones del Pollo Carvajal no solamente amenazan a Podemos, sino también al PSOE. Las mismas fuentes indican que el ex director de contrainteligencia militar de Chávez también está dispuesto a entregar al juez documentación sobre el pago de comisiones y otras irregularidades en contratos de venta de armas de España a Venezuela.

Ya en 2013 el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid imputó al ex presidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén y otros directivos de la compañía por pagar 42 millones de euros en comisiones en la operación de venta de ocho patrulleras a Venezuela. El contrato, que ascendía a 1.200 millones de euros, había sido negociado por el Gobierno de Zapatero con Hugo Chávez en enero de 2005. 

De los 42 millones de euros abonados en comisiones, 12 millones fueron a parar a la sociedad Rebazve Holding Ltd., gestionada por los venezolanos Juan Rafael Carvallo y Pedro Enrique Malavé, que transfirieron el dinero a varios paraísos fiscales como las Antillas Holandesas.

Sin embargo, la juez archivó finalmente la investigación el pasado mes de enero, al no poder determinar quiénes eran los destinatarios finales del dinero.

El Gobierno de Zapatero también negoció un contrato de 157 millones de euros para vender a Venezuela 31 patrulleras construidas en el astillero de Vigo Rodman Polyships, del que había sido directora la socialista Elena Espinosa (quien en aquel momento era al mismo tiempo ministra de Agricultura y Pesca del Gobierno de Zapatero y tesorera de la filial Rodman Polyships International SA, con sede en Panamá).

Del mismo modo, el Gobierno de Zapatero logró cerrar un contrato para vender a Venezuela 10 aviones de transporte militar C-295 y dos aviones de vigilancia marítima CN-235, fabricados por la compañía EADS-CASA.

Aviones militares

El contrato se firmó el 28 de noviembre de 2005, pero la operación quedó frustrada pocos meses después, pues el Gobierno de EEUU vetó la venta de aeronaves con tecnología militar norteamericana a un país que, ya entonces, comenzaba a caracterizarse por la vulneración sistemática de los derechos humanos.

Las fuentes próximas al Pollo Carvajal consultadas por EL ESPAÑOL recalcan que estas operaciones multimillonarias fueron "contratos políticos" ordenados por Hugo Chávez para conseguir la complicidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Más allá de las afinidades ideológicas y de la cordialidad que Zapatero le dispensaba en el trato personal, Chávez era consciente de que España lidera las políticas de la Unión Europea respecto a los países de América Latina. Con estos desembolsos millonarios, Chávez esperaba que Zapatero impidiera que la UE secundara la política de sanciones de EEUU contra el régimen venezolano.

En la misma línea se enmarca, señalan las mismas fuentes, otros contratos que el Gobierno de Chávez adjudicó a grandes empresas españolas. Entre ellos, el contrato de 2.000 millones de euros que la empresa pública venezolana Corpoelec (participada por la petrolera PDVSA) adjudicó en 2009 a la siderúrgica asturiana Duro Felguera para construir una central eléctrica, denominada Termocentro, a 50 kilómetros de Caracas.

Las comisiones de Morodo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, mantiene abierta una investigación porque Duro Felguera pagó a ex dirigentes chavistas más de 100 millones de dólares en comisiones para obtener este contrato. El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado ahora a Duro Felguera, a través de la SEPI, un rescate de 120 millones de euros.

Uno de los encargados de engrasar las relaciones personales entre Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero fue el entonces embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, quien también está imputado en la Audiencia Nacional por cobrar, a través de su hijo, varios millones de euros de la petrolera PDVSA por trabajos de asesoramiento ficticios.