La Abogacía del Estado acusa al juez del caso Ghali de tolerar filtraciones de la instrucción a la prensa

En un recurso de apelación enviado al juez esta misma semana, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Abogacía del Estado asegura que se está produciendo todo un "juicio paralelo" sobre el caso, que se da "con el consentimiento o beneplácito" de Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza.

María del Mar González, que también defiende al exjefe de Gabinete de Laya, Camilo Villarino, investigado al igual que ella en el caso, achaca a Lasala que esté permitiendo que se vulnere el derecho de sus representados a "un proceso con garantías".

Asimismo, exige que se adopten "las medidas pertinentes para evitarlas, aplicando el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que marca que las diligencias del sumario sean reservadas y no tengan carácter público hasta que se abra el juicio oral. "Nada ha acordado", insiste, ante los hechos denunciados.

"A la vista de la difusión pública de documentos o informes que obran en el sumario, y sin perjuicio de otras medidas que se estimen pertinentes, se interesa que se puedan realizar o se ordene al Juzgado instructor las actuaciones de comprobación precisas", dice la abogada del Estado, dando por probadas las presuntas filtraciones.

No hay pruebas

El pasado 17 de septiembre, el juez que trata de averiguar por qué Ghali entró sin pasar por el control de pasaportes, sin que nadie le revisara la documentación, desestimó una primera petición de la abogada del Estado en ese mismo sentido. Lasala le rebatió argumentando que no había elementos que pudieran probar o demostrar que esas supuestas filtraciones desde las acusaciones se estuvieran produciendo.

El magistrado le recordó que "el efecto expansivo de la libertad de información frente al secreto sumarial se demuestra claramente con la reforma habida en el año 2015, cuando varió la calificación de actuaciones 'secretas' a 'reservadas'".

Pese a las críticas de la oposición, la repercusión del caso a nivel diplomático y las consecuencias jurídicas que puedan acarrear para los implicados en los hechos, la Abogacía del estado dirige su mirada hacia la acusación popular y la prensa, a quienes acusa de publicar filtraciones "de manera parcial y tergiversada".

"Las filtraciones de vídeos con declaraciones de los investigados y testigos -sostiene-, constituye un inadmisible juicio paralelo que fue rechazado por la doctrina del Tribunal Constitucional".

Apartar a las acusaciones

Además de esgrimir esa crítica ante las publicaciones sobre Brahim Ghali en los periódicos, las televisiones y las radios, los Servicios Jurídicos del Estado piden también por segunda vez que las acusaciones sean apartadas de la causa. En caso de no alejarles del caso exigen que se les reclame una fianza de 150.000 euros. Esta solicitud ya fue desestimada por el magistrado hace quince días. 

La Abogacía del Estado también considera "impertinente" que la exministra González Laya haya sido imputada en la causa sobre la entrada y salida presuntamente irregular en España del líder del Frente Polisario.

Defendían además que la citación de Laya, que tendrá que comparecer el próximo 4 de octubre, "es impertinente por cuanto el resultado de la misma no va a aportar mayor aclaración sobre los hechos investigados que la que ya obra en las actuaciones con las declaraciones y demás diligencias practicadas".

Los servicios jurídicos han insistido en que "si la decisión de permitir la entrada de Brahim Ghali en España por razones humanitarias sin control de pasaporte es conforme a Derecho, es indiferente quién o quiénes tomaron la decisión o quién o quiénes estaban al corriente de la misma".

Pese a todo, el proceso sigue adelante, y el juez Lasala continúa desenredando la madeja del caso Ghali para constatar quiénes fueron realmente los implicados en el asunto. Por el momento, la bola de nieve sigue creciendo y ya apunta a la presunta implicación de ministros, delegados del Gobierno, presidentes autonómicos y diversos cargos del PSOE que habrían participado de un modo u otro en la entrada del líder del Polisario.

El plato fuerte del caso llegará en la mañana del lunes con la declaración presencial de la exministra en los juzgados de Zaragoza. A Laya se la investiga por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado. La Abogacía del Estado ya trató de frenar su declaración y proponiendo que la realizase por videoconferencia. Esta posibilidad ha sido desechada por el magistrado, quien la interrogará a la una de la tarde del próximo 4 de octubre.