Podemos sólo justifica ante el juez 85.000 de los 300.000 euros que prometió donar a "proyectos sociales"

Podemos sólo ha acreditado ante el juez instructor del caso Neurona, Juan José Escalonilla, el destino de 85.000 de los 300.000 euros que teóricamente invirtió en 2016 en el programa Impulsa de proyectos sociales, que se financiaba con las donaciones del sueldo de sus cargos públicos.

A raíz de la denuncia presentada por la ex senadora Celia Cánovas, el juez Escalonilla requirió a Podemos para que justifique el destino de estos fondos en 2016. En su respuesta, el partido morado ha entregado al Juzgado 46 certificados emitidos por distintas entidades sociales, que recibieron de Podemos ayudas de entre 1.000 y 3.666 euros.

A pesar de que estos certificados sólo suman 85.000 euros (menos de la tercera parte de la cantidad que Podemos sostiene haber invertido en el programa Impulsa), la Fiscalía ha pedido al juez que archive esta línea de investigación, por considerar que no existe "indicio alguno" del delito de apropiación indebida.

Podemos puso en marcha en 2015 el programa Impulsa en el que, según anunció, invertiría la mitad de las donaciones procedentes del sueldo de sus cargos públicos para financiar proyectos sociales. Nunca fue así. 

Recaudó tres millones

Según sus cuentas auditadas, Podemos recaudó en 2016 casi 3 millones de euros procedentes de las donaciones de sus cargos públicos (diputados nacionales y autonómicos, diputados en el Parlamento Europeo y concejales en municipios de toda España).

De esta cantidad, sólo destinó al programa Impulsa 300.000 euros, la décima parte de lo recaudado. El partido abría cada año una convocatoria en la que cualquier asociación o colectivo podía presentar propuestas de proyectos sociales, que luego eran votadas por los inscritos de Podemos.

En la segunda edición del programa Impulsa, celebrada en 2016, Podemos anunció un presupuesto de 300.000 euros distribuidos en tres categorías: Impulsa tu país (para financiar dos grandes proyectos nacionales con hasta 50.000 euros cada uno), Impulsa tu entorno (para financiar 33 proyectos autonómicos con hasta 3.000 euros cada uno) y Podemos Impulsa (dotado con otros 100.000 euros para financiar a asociaciones y colectivos sociales). Las propuestas presentadas podían aludir a cuestiones como la cultura, educación, inclusión social, salud, medioambiente y nuevas tecnologías.

De acuerdo con la documentación que Podemos ha remitido al Juzgado, estas ayudas fueron abonadas por la fundación del partido, el Instituto 25M para la Democracia, a pesar de que las bases de la convocatoria no hacían ninguna alusión a este organismo.

"Una FAES de izquierdas"

El Instituto 25M estaba dirigido entonces por Federico Severino Vitantonio, un licenciado en Sociología y Filosofía que hace diez años regentó una pequeña librería próxima a la Plaza Mayor de Madrid denominada "El traidor", y que formó parte de la candidatura de Pablo Iglesias en la asamblea de Vistalegre II.

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero asumió en mayo de 2020 la dirección del Instituto 25M y anunció su intención de transformarlo en "una FAES de izquierdas", en alusión a la fundación del PP que preside José María Aznar. Más recientemente, tras salir de su ostracismo, Pablo Iglesias ha asumido la presidencia del Instituto 25M.

A finales de 2016, Podemos anunció que ampliaba a 500.000 euros (procedentes de las donaciones de sus cargos públicos) la tercera edición del programa Impulsa. De esta cantidad, reservó 200.000 euros para destinarlos a los Círculos del partido a través del plan "Hacemos".

Pero las cosas comenzaron a cambiar. En aquella convocatoria, renunciaron al premio los impulsores de las propuestas que habían obtenido la mayor puntuación. En la categoría de "arte y cultura", nunca llegaron a recoger el premio los promotores de la propuesta "Cultura para promover derechos de ciudadanía" en la Cañada Real y otros barrios vulnerables, ni los del plan "Ábrego: vientos de cambio", presentado desde Cantabria.

Lo mismo ocurrió en otras categorías como la de nuevas tecnologías: los impulsores del proyecto que había obtenido la mejor puntuación (una Unidad de Convivencia Tecnológica para enfermos de Alzheimer, Parkinson, Ictus y otras) también renunciaron al premio otorgado por el partido morado.

Podemos nunca llegó a anunciar una nueva convocatoria del programa Impulsa. A partir de 2017, pasó a repartir discrecionalmente, entre distintas entidades sociales, los fondos procedentes de las donaciones de sus cargos públicos.

Y en 2019 el partido morado dio una vuelta de tuerca más. Transformó estos fondos en la llamada "caja de solidaridad" que desde entonces ha utilizado para financiar asociaciones controladas por empleados y cargos públicos de Podemos (como #404 Comunicación Popular, que se dedica a promocionar en las redes las mareas blancas contra el PP) o entidades que llevan la agitación social de las calles. 

Podemos ha financiado así a las asociaciones de manteros (es decir, de venta callejera ilegal) de Madrid y Barcelona, a una plataforma de "presión y lucha del sector del taxi" y a varias asociaciones de vecinos de Madrid que convocaron manifestaciones contra la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. 

Como el código ético, la apuesta de Podemos para financiar proyectos sociales con el sueldo de sus cargos públicos ha quedado finalmente en papel mojado.