El juez no podrá acceder a los correos del caso Ghali: Exteriores los borró todos “por seguridad”

Camilo Villarino, mano derecha de la exministra de Exteriores Arancha González Laya, reconoce al juez que investiga la entrada de Brahim Ghali en España que borró de la bandeja de su correo electrónico todos los mensajes relacionados con la gestión de la entrada del mandatario saharaui a territorio nacional el pasado 18 de abril. 

En un escrito remitido al magistrado Rafael Lasala, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa tanto de la exministra como del que fuera su mano derecha, asegura que Villarino borró todas las entradas relativas a esa gestión. De ese modo esos documentos no podrán ser aportados a la causa y el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza no podrá consultarlos.

El escrito, consultado por EL ESPAÑOL, tiene fecha del pasado lunes 4 de octubre. La Abogacía del Estado alega en él que Villarino, durante su estancia en el cargo de Jefe de Gabinete de Laya, tenía la costumbre de suprimir con cierta frecuencia los mensajes de su correo electrónico. Lo hacía "por motivos de seguridad", y con la intención "de minimizar el daño en caso de hackeo de los equipos".

Esta contestación de la Abogacía del Estado se produce después de que instructor del caso exigiera a Exteriores el pasado 24 de septiembre que aportase los mensajes o los correos en los que figurase el pasaporte falso con el que se inscribió a Ghali a su ingreso en el Hospital de Logroño. El documento con esa identidad se lo remitió a Villarino, Eliseo Sastre, Jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja. 

De este modo, lo que el juez está tratando de esclarecer es cómo apareció esa identidad falsa del líder del Frente Polisario, de dónde surge, si alguien la fabricó ex profeso, de qué forma se elaboró y quién fue la persona que la aportó al centro hospitalario para inscribir a Ghali con ese nombre cuando fue ingresado, y por qué motivo. 

Ahora, los servicios jurídicos del Estado se escudan en que, aunque la mano derecha de Laya no los hubiese borrado, no podría "revelar las personas concretas que eran sus contactos en este asunto".

"Ha de tenerse en cuenta el carácter reservado existente en esta materia por afectar a la seguridad y a las relaciones internacionales. Por ello, no podría pretenderse obtener ahora solicitando esta aportación, conocer quién fue el remitente de dicho correo o Whatsapp", insiste la abogada del Estado.

Eso sí, Villarino dice que mantuvo en este caso la documentación anexa a esos emails, "dadas las publicaciones en prensa sobre el posible uso de una identidad falsa en el hospital de Logroño".

En el escrito en el que exigían la aportación de esos correos, las acusaciones, representadas por los abogados Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro, solicitaron al juez que si no se aportaba esa documentación que procediera a la incautación de los dispositivos electrónicos a fin de obtener la información completa de los mismos. Previsiblemente, esa será una de las nuevas peticiones de los letrados.

Laya se niega a declarar

Esta semana, la exjefa de la diplomacia española actuó como tapón ante el magistrado que pretende esclarecer si la entrada de Ghali en territorio nacional se hizo de manera irregular. Su negativa a colaborar impide, al menos por el momento, conocer quién dio la orden de facilitar la entrada de Ghali.

A preguntas del magistrado, la exministra rehusó contestar en al menos hasta en cinco ocasiones acogiéndose a un acuerdo del Consejo de Ministros de la época de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el derecho a la reserva en determinados autos.

En concreto, Laya invocó un acuerdo del Gobierno del 15 de octubre de 2010 inspirado en la Ley de Secretos Oficiales que permite convertir determinadas cuestiones en "materia clasificada" o "reservada". El documento decreta que quedarán declarados secretas aquellas informaciones "cuya revelación no autorizada pueda dañar o poner en grave riesgo las relaciones diplomáticas con terceros países". 

Con ese argumento, Laya rechazó responder a preguntas clave del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. Pese a todo, según fuentes presentes en el interrogatorio, Laya reconoció que a Ghali no se le exigió ningún tipo de documentación para entrar en España, argumentando que desde Argelia aseguraron a Exteriores que la llevaba consigo.

La exministra no quiso revelar quién llamó desde Argelia para solicitar la acogida de Ghali. Tampoco aclaró quién transmitió la solicitud ni quién dio la orden o tenía conocimiento de ella, ni quién se la transmitió o si hubo ministros que lo debatieron entre sí.

Laya, investigada por presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado, sí reconoció que "se autorizó" la entrada de Ghali por razones humanitarias. Y que todo se realizó "conforme a la Ley". Luego se negó a responder a las acusaciones.