El Juzgado no puede abrir el 'pendrive' que entregó Monedero con sus correos electrónicos a Neurona

El juez instructor del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ordenó a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Judicial que analice estos emails, para comprobar si son auténticos y determinar la fecha en la que fueron enviados.

El instructor pretende confirmar así la tesis de la Policía, que sospecha que los 26.200 euros cobrados por Monedero fueron la comisión pactada por contratar los servicios de Neurona en la campaña de Podemos para las elecciones generales del 28-A de 2019.

Sin embargo, hasta el momento no se ha podido llevar a cabo esta diligencia porque, según consta en un oficio firmado por un secretario judicial, "no ha sido posible extraer el contenido del citado pendrive".

Viajes a México

Cuando declaró como imputado, el pasado 16 de marzo, Juan Carlos Monedero entregó al juez una copia en papel de los cuatro correos electrónicos que había dirigido a la administradora de Neurona, Andrea López Hernández, para reclamarle el pago de 26.200 euros por los servicios que había prestado a lo largo de 2018.

En el primero de los emails, fechado el 28 de diciembre de 2018, Monedero cifra en 100 dólares la hora la tarifa de sus servicios, hasta alcanzar una suma de 30.000 dólares. Para calcular esta cifra, menciona varios viajes a México (50 horas), Argentina (25 horas), Medellín (50 horas), México (75 horas), Buenos Aires y Brasil (75 horas) y de nuevo México (25 horas).

"Como hemos hablado por teléfono", explica Monedero en su correo electrónico, "vamos a cerrar la factura por el trabajo realizado durante este 2018 para que podáis hacer la transferencia antes del 31 de este año".

Y añade lo siguiente: "Como quedamos, lo mejor es facturar por horas, con un coste medio de 100 dólares la hora. Aunque excede de las 300 horas, creo que es una manera de poder medir el trabajo realizado. La verdad es que han sido muchísimas horas más".

El email remitido por Monedero a la administradora de Neurona.

Al respecto, citaba otros servicios que no había incluido en la factura, como el diseño de unos cursos de formación para la Asamblea de México, un libro de formación y otras clases grabadas en vídeo.

En el último correo, fechado el 13 de enero de 2019, Monedero envió finalmente su factura a la administradora de Neurona con el siguiente texto: "He estado calculando las horas y son muchas más de 300, de manera que no facturo nada más. Para no pasar la cantidad hablada, facturo sólo 300 horas".

Monedero envía su factura a la administradora de Neurona.

Con estos mensajes, Monedero intentó despejar las dudas de la Policía, que había detectado incongruencias en la factura. "No soy un experto" en materia financiera, se excusó. El fundador de Podemos ofreció también entregar su pasaporte al juez, con el fin de que pudiera verificar sus viajes a distintos países de Suramérica para participar en conferencias y actividades formativas de Neurona.

El juez Juan José Escalonilla dictó el pasado 19 de julio una providencia en la que acordaba "requerir a Juan Carlos Monedero a efectos de que autorice el acceso a su correo electrónico a la Unidad Central de Ciberdelincuencia para que mediante los medios técnicos de los que dispone realice un filtrado y selección y se practique un volcado de los correos electrónicos que contienen las conversaciones con Andrea López Hernández respecto a los trabajos realizados para dicha sociedad en el año 2008, con la finalidad de constatar la adveración de los mismos y su consecución temporal".

El plan Impulsa

Sin embargo, la defensa de Monedero alegó que permitir que la Policía Judicial acceda y filtre su cuenta de correo electrónico supondría una violación del secreto de sus comunicaciones. Atendiendo a estas alegaciones, el juez aceptó, en un auto firmado el pasado 14 de septiembre, limitar las pesquisas a sólo los cuatro correos electrónicos que Monedero había entregado en papel.

El fundador de Podemos había entregado una copia digital de los cuatro documentos en un pendrive, para que los analice la Policía. Pero un oficial de los Juzgados ha dejado constancia ahora de que no es posible realizar esta diligencia.

"Se ha intentado copiar los links aportados en pendrive blanco, por la representación procesal de D. Juan Carlos Monedero en fecha 6-4.2021, en un CD para que la UDEF lleve a cabo lo interesado, sin que haya sido posible extraer el contenido del mencionado pendrive", indica el documento fechado el pasado 15 de septiembre. Por tanto, el Juzgado tendrá que dirigirse al fundador de Podemos para pedirle una nueva copia digital de los documentos.

El Juzgado no logra abrir el pendrive aportado por Juan Carlos Monedero.

Por su parte, la Fiscalía ha pedido al juez Escalonilla que archive la línea de investigación sobre el programa Impulsa, que Podemos organizó para financiar proyectos sociales con las donaciones de una parte del sueldo de sus cargos públicos.

Para justificar el destino de este dinero, Podemos entregó al Juzgado certificados correspondientes a ayudas concedidas por un importe total de 85.000 euros a distintas asociaciones en 2016 (pese a que aquel año había prometido destinar 300.000 euros a fines sociales a través del programa Impulsa).

En un escrito dirigido al juez el pasado 28 de julio, Podemos hace responsables de la gestión de este programa a cinco cargos orgánicos y empleados del partido: cuatro de ellos pertenecen al sector que lideraba Íñigo Errejón, mientras que el quinto trabaja ahora en el sector privado.

Se trata de Luis Alegre (que fue purgado por Pablo Iglesias en noviembre de 2016), Miguel Ardanuy (hoy desvinculado de Podemos), Marina Avia (que formó parte de la candidatura alternativa encabezada por Errejón en la segunda Asamblea de Vistalegre) y Ainhoa Granero (hoy concejal de Más Madrid, la nueva formación política de Errejón). El quinto citado en el documento hoy es responsable de redes sociales de una empresa de logística y está desvinculado por completo de la actividad política.

El escrito dirigido por Podemos al juez Escalonilla el pasado 18 de julio.

De este modo, Podemos responsabiliza de las posibles irregularidades en el programa Impulsa a cuatro representantes del sector errejonista que ha sido laminado por la dirección del partido.