Podemos ha respondido a la decisión de Meritxell Batet de retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez. Y lo ha hecho anunciando una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados por supuesta prevaricación al haber dejado, de esta forma, sin su escaño al dirigente canario.
Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la formación morada, que recuerdan que un informe —no vinculante— de los letrados parlamentarios abogaba por que Rodríguez mantuviese su asiento en el hemiciclo.
Esas mismas fuentes tachan la decisión de la presidenta de la Cámara Baja de "unilateral", ya que la mayoría que suman PSOE y Podemos en la Mesa se mostró en contra de retirar el acta, y defienden que la pena de inhabilitación para el sufragio pasivo impuesta a Rodríguez "no supone, en ningún caso, perder el escaño".
Dada su condición de diputada en el Congreso, la socialista Meritxell Batet está aforada ante el Tribunal Supremo (TS), cuya Sala de lo Penal conocerá —en el caso de que fuera admitida a trámite— la querella en su contra.
La interposición de esta querella abre también una más que previsible brecha en el seno del Gobierno de coalición que conforman PSOE (al que pertenece Batet) y Unidas Podemos (el partido de Rodríguez). A lo largo de este viernes, varios dirigentes morados se han manifestado duramente en contra de la retirada del acta por parte de la presidenta del Congreso.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también secretaria general de Unidas Podemos, ha manifestado en su perfil de Twitter que el objetivo de la condena del alto tribunal era "quitarle el escaño" a Alberto Rodríguez. "El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia", añadía. "Prevaricación", zanjaba su tuit.
Tras conocerse la noticia, desde el Partido Socialista avalan la actuación de Meritxell Batet, "que se ha limitado a dar escrupuloso cumplimiento a la ley". "Las sentencias se pueden recurrir, pero no se pueden incumplir", indican fuentes del PSOE, tras reiterar su "acatamiento de las resoluciones de los tribunales".
Reirada del acta
Este viernes, la presidenta de la Mesa de la Cámara Baja retiraba el acta al diputado canario; una decisión derivada de la respuesta enviada por el presidente de la Sala de lo Penal del TS indicándole a Batet que debía inhabilitar a Rodríguez.
Ayer jueves, tras una reunión de casi dos horas y media y sin unanimidad entre los grupos, Meritxell Batet optó por enviar un escrito al Tribunal Supremo, a fin de que la más alta instancia del Poder Judicial aclarase el alcance de las penas que le impuso al parlamentario canario.
En dicha reunión, según declararon posteriormente algunos de sus miembros, la presidenta, que no participó en la votación, se mostró, a título particular, favorable a la retirada del acta, aunque acabó aceptando pedir antes el informe al alto tribunal.
La sentencia de este último condenaba a Alberto Rodríguez a una pena de inhabilitación especial para el sufragio pasivo —de tipo accesorio—, que acompaña una de prisión de un mes y quince días.
Esta última, al ser tan corta, pudo ser sustituida por una multa de 6 euros diarios durante 90 días. Un total de 540 euros que Rodríguez ya abonó.
Choque con el Supremo
Tal y como ha explicado este diario durante los últimos días, esta condena ha supuesto el último enfrentamiento entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo.
Algunos magistrados del TS manifestaron su malestar cuando, el pasado martes, la Mesa, amparada por dicho informe de los letrados parlamentarios, decidió, en un primer momento, mantenerle en su escaño, lo cual fue percibido por estos jueces como una "reinterpretación" de su fallo.
Fue en una segunda reunión, celebrada de urgencia ayer, cuando el órgano rector de la Cámara Baja optaba por pedir esta aclaración al Alto Tribunal, que este viernes respondía a la presidenta de la Mesa del Congreso que la pena de inhabilitación debe ser cumplida.