Las fuerzas de seguridad avisan: ceder al Frontex la frontera de Gibraltar será un foco de conflictos

Miembros de las fuerzas de seguridad del Estado han advertido que la intención del Gobierno de dejar el control de la frontera de Gibraltar en manos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) generará un permanente "foco de conflictos".

Durante las negociaciones posteriores al Brexit, la entonces ministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aceptó inicialmente la exigencia del Gobierno británico, que se niega a aceptar que la Policía Nacional y la Guardia Civil controlen la frontera de Gibraltar, por considerar que supondría "un ataque a la soberanía" del Reino Unido.

La posición inicial que ha adoptado la Unión Europea en la negociación supone que España controlará el paso fronterizo en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, si bien dejará esta función en manos del Frontex durante un período transitorio de cuatro años, antes de decidir si se mantiene esta fórmula. Todo ello, con el objetivo de "suprimir las barreras físicas" entre el Peñón y el territorio de la Unión Europea.

Si prospera este acuerdo, agentes del Frontex procedentes de los distintos Estados miembros de la UE serán los encargados de llevar a cabo el control de pasaportes y el control aduanero de equipajes y mercancías en la frontera de Gibraltar, al menos durante dicho período transitorio.

Las fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado consultadas por EL ESPAÑOL señalan que esta fórmula no sólo constituye una cesión de soberanía, sino que se puede convertir en un foco permanente de conflictos con el Reino Unido. El 80% de los agentes del Frontex no son policías, sino empleados de la Agencia europea dedicados a labores administrativas y de recogida de información.

No son policías

Por tanto, señalan las citadas fuentes, estos agentes carecen de la formación de los miembros de la Guardia Civil que realizan el control aduanero, en una zona caliente para el tráfico ilegal de tabaco, droga y otros productos prohibidos. 

Los alcaldes del Campo de Gibraltar piden que se garantice la movilidad de sus ciudadanos que cada día acuden a trabajar al Peñón, pero ven con inquietud la fórmula que plantea la Unión Europea.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lo expresaba gráficamente el pasado miércoles en declaraciones a Canal Sur, tras un encuentro con el ministro José Manuel Albares: "España no puede transigir porque aunque sea durante cuatro años, con los ingleses ya se sabe que le permites una y se toman el brazo entero. Si se deja que no esté la Policía y la Guardia Civil controlando lo que entra al fin y al cabo en Europa, al final, dentro de cuatro años no será posible ni mucho menos".

Las fuentes consultadas por este diario no descartar que finalmente se imponga un doble control fronterizo: el del Frontex en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, y otro formado por Policía Nacional y Guardia Civil en el acceso del Peñón al territorio español. Aunque la intención de los negociadores es que desaparezca definitivamente esta segunda barrera.

Antiguo 'paraíso fiscal'

La pretensión del Reino Unido es que Gibraltar se mantenga como una "zona franca", con libre circulación de personas y mercancías con la Unión Europea. Esto consolidaría la posición del Peñón como una puerta trasera para que el Reino Unido pueda introducir sus productos en Europa, a través de España, a bajo coste y sin apenas barreras arancelarias.

El Peñón ya se ha convertido en sede de miles de sociedad cuyos propietarios buscan una mayor opacidad y un tratamiento fiscal más favorable. El pasado mes de marzo entró en vigor el "Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros" que España y Reino Unido habían sucrito en 2019 en relación con Gibraltar.

Mediante este acuerdo, España se comprometió a sacar a Gibraltar de su lista de "paraísos fiscales". Como contrapartida, se establece que los españoles que fijen su domicilio en Gibraltar a efectos oficiales seguirán teniendo su residencia fiscal en España durante un período de cuatro años.

Del mismo modo, se estableció que las sociedades constituidas en Gibraltar tendrán residencia fiscal en España si corresponden a este país la mayor parte de sus activos, sus ingresos, sus gestores o los derechos de su capital. El Gobierno español quiere evitar así que el Peñón se convierta en un refugio para evasores o un domicilio fiscal de conveniencia para quienes buscan unas condiciones más ventajosas para tributar.

No habrá referéndum

En cualquier caso, el acuerdo que entró en vigor el pasado mes de marzo deja claro que no modifica las posiciones de España y el Reino Unido respecto a la soberanía de Gibraltar, una disputa que deberán dirimir ambos países sin interferencias de la UE.

Como ha informado EL ESPAÑOL, los Presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores para 2021 fijan como una de sus prioridades recuperar la soberanía sobre el Peñón, porque la existencia de "la colonia de Gibraltar destruye la unidad nacional y la integridad territorial de España".

Exteriores descarta por completo la posibilidad de realizar un referéndum para que los ciudadanos de la Roca decidan si quieren pertenecer a España o al Reino Unido. Al respecto, recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha determinado que el principio de "autodeterminación" no es aplicable al caso de Gibraltar, sino que debe llevarse a cabo un proceso de "descolonización" que respete la integridad territorial española.