El Consejo de Europa pide a Interior que las cárceles psiquiátricas sean competencia de Sanidad

España cuenta con tan solo dos centros de este tipo: uno, en Sevilla y otro, en Foncalent (Alicante). No obstante, el Ministerio del Interior destinó el pasado marzo 733.000 euros para revitalizar la fallida cárcel de Siete Aguas, en Valencia, y reconvertirlo así en el tercer —y más grande de España— psiquiátrico penitenciario, con capacidad para 500 internos y con más de 70.000 metros cuadrados. El coste previsto, en total, rozará los 80 millones de euros.

Este proyecto, que aún no ha finalizado, según ha podido saber este diario, implicaría el cierre del PPH de Alicante. Además, entre los planes de Interior está el traslado del psiquiátrico penitenciario de Sevilla a la actual cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en la misma provincia.

Ahora, en un informe hecho público este martes, consultado por EL ESPAÑOL, el Consejo de Europa —que es una organización internacional y no debe ser confundido con el Consejo Europeo, órgano ejecutivo de la UE— pide que centros como estos pasen a manos del Ministerio de Sanidad y, por ende, a las de las comunidades autónomas, con las competencias sanitarias transferidas.

En el documento, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa —que también visitó comisarías, centros de menores y cárceles españolas durante la segunda quincena de septiembre de 2020 y se reunió con el ministro Marlaska y el secretario general de Instituciones Penitenciarias— expone que "los establecimientos psiquiátricos forenses, como los PPH, deberían gozar de plena separación institucional y funcional de la administración penitenciaria".

Fragmento del informe. EL ESPAÑOL.

Por ello, "habida cuenta del diferente ethos y perfil de personal que caracterizan a los establecimientos penitenciarios, preferiblemente (...), deberían estar bajo la responsabilidad del Sistema Nacional de Salud".

Tras hacer esta sugerencia, el Comité indica que "desearía recibir" respuesta por parte de las autoridades españolas sobre esa cuestión.

También critica la "grave escasez crónica de personal en puestos clave" —especialmente, psiquiatras, enfermeras y terapeutas ocupacionales—, así como "el diseño carcelario de los PPH y el régimen de tipo carcelario" con el que se organizan internamente estos centros.

Tal y como publicó este diario a finales del pasado octubre, el psiquiátrico penitenciario de Alicante vive una situación límite, con tan solo dos psiquiatras para 300 reclusos.

Una situación que es "habitual" en el ámbito penitenciario, según confirma Jorge Vilas, presidente de la sección de Prisiones del sindicato CSIF. "No nos vamos a meter en de qué ministerio deben depender; lo que nos interesa es que haya personal".

Debido a la falta de plazas, Vilas asegur que las enfermerías de los centros penitenciarios ordinarios ejercen, en ocasiones, de "psiquiátricos encubiertos". 

Exterior de la cárcel valenciana de Picassent. Europa Press

"No hay suficientes psicólogos, por lo que algunos internos tardan años en ser derivados, salvo que tengan un brote agudo, a estos dos psiquiátricos y se quedan atendidos por personal común, que no está tan preparado para estos casos", añade.

Este miércoles, el ministro del Interior ha asegurado desde la tribuna del Congreso de los Diputados que, en tres años, el Gobierno ha convocado 4.400 plazas para funcionarios de prisiones.

Por su parte, un portavoz de Acaip-UGT, el sindicato mayoritario en este ámbito, reclama que, de producirse el traspaso de los PPH al Sistema Nacional de Salud, "se regule cómo se va a gestionar la vigilancia y custodia de los internos, que están en ellos porque han sido condenados a penas privativas de libertad". Una labor que, de momento, recae en los funcionarios de las cárceles, personal dependiente de Interior.

En conversación con este diario, también pide "una mayor atención psiquiátrica en las prisiones convencionales", que permita que las enfermedades mentales graves de los reos puedan detectarse más rápido y no tras un suceso dramático.

Ley de Cohesión Sanitaria

Por otro lado, en su informe, el Consejo de Europa, en el apartado que dedica al funcionamiento de las cárceles, critica el incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, una norma del año 2003 y que, cuando fue promulgada, daba un plazo de 18 meses para que la atención sanitaria en las prisiones fuese también transferida al Sistema Nacional de Salud.

En su disposición adicional sexta, la ley establece que "los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud" y que debía hacerse mediante un real decreto y en el plazo de año y medio desde su entrada en vigor.

"Sin embargo, 17 años después, la Ley aún no se ha aplicado y la atención sanitaria primaria en las prisiones sigue siendo responsabilidad directa del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", reza este reciente informe del Comité.

"Sólo en lo que respecta a la atención especializada se han firmado algunos contratos entre el servicio regional de salud y la administración penitenciaria", añade.

Asimismo, según consta en el documento, "las autoridades españolas reconocen la importancia de esta cuestión" y, tras reunirse con el ministro del Interior y con el secretario general de Prisiones, la delegación del Consejo de Europa "fue informada de que la asistencia sanitaria las cárceles se considera un gran reto, agravado por la escasez general de médicos en España".

Por su parte, Jorge Vilas también critica el incumplimiento en la Administración de la Ley de Cohesión. "Si un interno, al entrar, no nos dice que toma una medicación, no existe un registro centralizado donde podamos mirar qué medicamentos necesita y que tomaba cuando estaba en la calle", expone el presidente de CSIF Prisiones, que sí reclama, al menos en este ámbito, más coordinación entre ambos departamentos.

Marlaska (i) y, al fondo, Ángel Luis Ortiz, secretario general de IIPP. Ministerio del Interior.

Algunas administraciones regionales, como la de Aragón, ya han firmado recientes convenios con Instituciones Penitenciarias en ese sentido, a fin de permitir a los sanitarios de las prisiones acceder a la historia clínica de los reos.

Vilas reclama también que, en base a la Ley de Cohesión, la atención sanitaria primaria en la cárcel sea asumida por el SNS de manera generalizada. "Que sea igual que lo que ya se ejecutó en materia educativa; los profesores que visitan a los internos sí dependen de Educación, no de Interior", compara.

Los PPH

Los dos psiquiátricos penitenciarios que actualmente existen en España acogen a diversos tipos de internos. Todos tienen en común haber sido diagnosticados de algún desorden mental —reconocido el juicio, así como detectado antes o después de su encarcelamiento— o estar en evaluación.

No obstante, los pacientes forenses también pueden ser internados en un módulo especial de las cárceles ordinarias.

Según los datos del Comité, durante su visita (septiembre de 2020) había 550 pacientes alojados en los centros de Sevilla y Foncalent y en estas dependencias de las prisiones comunes.

El macrocentro de Siete Aguas

Este año 2021, las obras de la prisión de Siete Aguas cumplieron nueve años de parálisis. Ideada en época de Zapatero para aliviar a la cárcel de Picassent, sufrió los estragos de la crisis de 2008 y sus posteriores recortes, por lo que el proyecto se paralizó.

Vista aérea de las obras en Siete Aguas. Siepse

El Ministerio del Interior, bajo las órdenes de Fernando Grande-Marlaska, dio un golpe de timón y anunció este año que el solar acabaría acogiendo no ya una cárcel convencional, sino el mayor centro psiquiátrico penitenciario de España.

Al conocerse la noticia, entre otros, la plataforma Salud Mental Fuera de Prisiones, que aglutina a casi dos centenares de oenegés, se opuso a la construcción de este nuevo PPH, considerando, en un comunicado "que las prisiones no pueden ser espacio para personas con problemas de salud mental" y criticando la "falta de recursos sociosanitarios adecuados" en los centros de estas características —Sevilla y Foncalent— ya existentes.

EL ESPAÑOL ha tratado de recabar una valoración del Ministerio del Interior sobre esta propuesta del Consejo de Europa y su posible modificación de sus planes para el recinto de Siete Aguas. Aún no ha obtenido respuesta.