El Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida ha acordado remitir a la Audiencia Nacional parte de la causa en la que están imputados el expresidente de la Diputación de Lérida Joan Reñé Huguet y su jefa de gabinete, Marlén Minguell, por cobrar sobornos de varias constructoras.
En un auto dictado el pasado lunes, el juez instructor ha acordado inhibirse en favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en las diligencias que afectan a la productora Triacom Audiovisual SL, cuyo administrador es el exgerente de TV3 Oriol Carbó.
La investigación desarrollada por los Mossos y la Agencia Tributaria ha permitido constatar que Triacom (que en aquel momento estaba participada por el grupo Mediapro de Jaume Roures) abonó facturas falsas que suman más de 350.000 euros, que sirvieron para pagar sobornos a Joan Reñé y a otros cargos de CiU.
Con el fin de enmascarar estos sobornos, las facturas falsas se emitieron en pago de servicios, que nunca se prestaron, para la producción de los programas El gran dictat y Fish & Chips, que Triacom realizaba para TV3. Ambos programas se grababan en la sede del grupo Imagina en Barcelona.
'Fish & Chips'
El gran dictat era un concurso sobre conocimientos de la lengua catalana. Se emitió en el canal autonómico entre 2009 y 2009. En cuanto a Fish & Chips, era un concurso entre grupos escolares sobre conocimientos de inglés. Se emitió en el canal infantil Super3 entre 2011 y 2014.
La Fiscalía había solicitado que el juez de Lérida se inhibía a favor de la Audiencia Nacional en toda la causa en la que están imputados el expresidente de la Diputación, su secretaria y los constructores que les pagaban sobornos.
Sin embargo, en el auto dictado este lunes, el juez instructor acuerda remitir a la Audiencia Nacional sólo la parte de la investigación que afecta a la productora Triacom, para incorporarla a las diligencias previas 14/2018, del llamado caso 3% sobre la financiación irregular de Convergencia.
En dicha causa del Juzgado Central de Instrucción número 5, Juan Manuel Parra confesó que cobró de Triacom, también mediante facturas falsas, los servicios que había prestado por importe de 750.000 euros para la campaña de Artur Mas en las elecciones autonómicas de 2010.
Blanquear 1,1 millones
Cuando Joan Manuel Parra acudió a la sede de Convergencia a cobrar estos servicios, el exconseller de Justicia de la Generalitat Germà Gordo le indicó que se reuniera con Oriol Carbó, quien le pagaría la deuda a través de su productora Triacom.
De este modo, los programas El gran dictat y Fish & Chips, que Triacom realizaba para TV3, sirvieron para blanquear 1,1 millones de euros destinados a financiar ilegalmente a la coalición CiU y a pagar sobornos a cargos de este partido en Lérida.
El expresidente Artur Mas junto al exconsejero Germà Gordó.
En la trama de facturas falsas de Lérida estaban implicadas varias empresas constructoras que pagaban sobornos al presidente de la Diputación, a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
La trama fue destapada por varios accionistas de la constructora MJ Grúas, que denunciaron a su presidente, Josep Maria Gruas Estadella (imputado en la causa), después de que reconociera en el consejo de administración que pagaba sobornos mensuales a Joan Reñé a cambio de la adjudicación de un contrato para el mantenimiento de las seis depuradoras de la comarca del Pla d'Urgell.
Empresa tapadera en Huesca
También estaban implicadas en esta operativa las sociedades Benito Arno, Enginyeria Inalba SL (administrada por Esteve Niuvó) y la UTE Palau (formada por MJ Gruas y Arids Roma).
Todas estas empresas falseaban sus balances intercambiando facturas ficticias, por servicios no prestados, que finalmente eran abonadas a una sociedad pantalla con sede en Huesca, Interiorismo y Reformas Profesionales SL, administrada por un nonagenario, Diego Garzón Uribe.
Tras recibir los cobros, Diego Garzón extraída el dinero en metálico, que era entregado para pagar los sobornos a los políticos convergentes. Tras ser detenidos, el anciano confesó los hechos a la Policía, pero ahora sostiene que hizo la declaración bajo "presiones".
"Dicha mecánica de facturación falsa", detalla el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida, "tenía como finalidad la obtención de dinero negro para efectuar pagos a altos cargos de la Diputación de Lérida, a cambio de adjudicaciones de obra pública".
Ordenador de Oriol Carbó
Los Mossos d'Esquadra pidieron al juez instructor el 5 de febrero de 2020 que ordenara el registro de la sede de la productora Triacom Audiovisual SL, para constatar estos hechos.
El juez prefirió limitar el alcance de la investigación y ordenó el registro del despacho del exgerente de TV3 Oriol Carbó, situado en Sant Cugat (Barcelona), para acceder a los datos de la contabilidad de Triacom en su ordenador. El análisis de las cuentas bancarias de su productora, efectuado por la Agencia Tributaria, permitió constatar la denuncia.
Tras analizar la documentación, los Mossos emitieron en mayo de 2020 un informe en el que constataban que "Triacom Audiovisual había jugado un papel importante en el entramado de facturación falsas con la finalidad de crear dinero negro" para el pago de sobornos, señala el auto judicial.