El juez que tuvo dos años imputados a 50 cargos del PP sin motivo, multado con 600 euros por inactividad

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado al juez que ha investigado por supuesta corrupción al PP de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia fallecida en noviembre de 2016, por retrasos injustificados durante la instrucción del caso.

Así, según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Comisión Disciplinaria, en su reunión del día 13 de enero, y por unanimidad, acordó imponer al juez Víctor Gómez, por su actuación como titular en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la sanción de multa por importe de 600 euros".

Es "considerado autor responsable de una falta grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de incumplimiento injustificado de los plazos procesales".

La sanción, avanzada por Las Provincias, no es firme y cabe recurso de alzada ante el Pleno del CGPJ en el plazo de un mes. La resolución ya ha sido notificada a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva. La queja la presentó uno de los asesores investigados, Luis Salom.

La inacción del juzgado provocó que 50 personas vinculadas al PP, entre ellos los concejales y asesores de la última etapa de Barberá como alcaldesa, mantuvieron durante años una imputación judicial por un presunto delito de blanqueo de capitales que finalmente la Audiencia de Valencia ha acabado archivando.

El juzgado investigaba a medio centenar de cargos del PP por el presunto blanqueo de 50.000 euros a través de billetes de 500 euros, método conocido como 'pitufeo', para hacer frente a gastos extraordinarios durante la campaña de las elecciones municipales de 2015.

El caso está pendiente ahora del Tribunal Supremo, pues la Fiscalía Anticorrupción ha elevado un recurso de queja contra la Audiencia de Valencia por archivar la causa.

El origen

El juez Gómez es el responsable de la macrocausa contra la supuesta "organización criminal" del PP valenciano que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmanteló en 2016. Conocido con los nombres del caso Taula o Imelsa, el origen de la investigación se encuentra en las grabaciones que durante años registró y almacenó Marcos Benavent, autodenominado como el 'yonqui del dinero'.

Durante las diligencias, la Guardia Civil obtuvo indicios sobre el presunto blanqueo de dinero del PP de Valencia e investigó por separado estos hechos tras la operación policial desplegada el 26 de enero de 2016.

Según ha concluido ahora el Poder Judicial, la tramitación se paralizó "en marzo de 2019 y además, como ya se ha indicado, no se ha resuelto nada en relación con la prórroga de la instrucción desde diciembre de 2018".

El juzgado contaba con refuerzos por la complejidad de la investigación, con ramificaciones internacionales y decenas de imputados, y solo se practicaron dos declaraciones en 2020 y fueron a petición de los investigados. 

Por tanto, durante dos años no se ha tomado ninguna decisión judicial sobre esta investigación o la situación procesal de 50 personas investigadas. "La falta de actividad por parte del magistrado, dio lugar a que diversas causas sufrieran importantes dilaciones pese a la existencia de diversas medidas de refuerzos proyectadas sobre el Juzgado de Instrucción del que es titular, a fin de facilitar su esfuerzo en un conjunto de actuaciones consideradas complejas", razona la resolución.

A todo ello, continúa, "debe aunarse la existencia de varias dolencias de las que viene sufriendo el magistrado, pese a lo que omitió activar los mecanismos correspondientes para enervar una posible incidencia negativa en el impulso de la actividad instructora que le incumbía como consecuencia de dicha situación personal; pasividad que finalmente dio lugar a los retrasos ya referidos".

La comisión impone la sanción grave "atendiendo tanto la entidad temporal del retraso constatado, así como la perturbación que con esta operativa se produjo a la reputación con la que el Poder Judicial debe aparecer ante un Estado Social y Democrático de Derecho para el cumplimiento de sus funciones, para lo que es necesario que la sentencia guarde cierta inmediatez temporal con la finalización del trámite del proceso.

"Criterios, en definitiva, de retribución y de prevención general y especial, que hacen adecuada la imposición de la sanción pecuniaria en el importe individualizado", concluye la comisión.

Grau, a juicio

Por el momento, y a la espera de que TS se pronuncie sobre la queja del archivo de las diligencias contra los 50 cargos del PP acusados de un supuesto delito de blanqueo, el juicio seguirá adelante contra Alfonso Grau, mano derecha de Barberá durante más de 20 años, por la supuesta financiación irregular de las campañas de 2007 y 2011.

Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, durante una rueda de prensa. EFE

En este caso, la Audiencia de Valencia desestimó el recurso de apelación de Grau en el que pedía el archivo por prescripción de los hechos y ha confirmado en todos los extremos el auto de procesamiento del juez Gómez, que atribuía a Grau un papel de "recaudador" de dinero para el PP en esas elecciones.

El proceso también sigue adelante para la que fuera secretaria general del grupo municipal del PP, Mari Carmen García Fuster, en su caso por hechos relacionados con los comicios de 2011.