Dos sentencias amenazan el patrimonio personal de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, por impedir en 2015 la actuación de la Justicia en un desahucio cuando era alcaldesa de Gandía (Valencia). Junto a ella participaron otros concejales de la corporación.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después, han considerado a Morant responsable del grave deterioro de un bloque viviendas de protección oficial, al permitir múltiples daños ocasionados por ocupaciones y redes de delincuencia. Ambas sentencias no habían visto la luz hasta hoy, y son resoluciones firmes.
En este momento procesal se están valorando los daños y perjuicios ocasionados, y las indemnizaciones podrían superar los 17 millones de euros. No obstante, ya se ha emitido una primera resolución de liquidación por daños valorados en 700.000 euros que el Ayuntamiento de Gandía ya puede reclamar a la ministra.
Los juzgados han estimado varios pleitos presentados por la promotora del edificio, Inmobles Reunits de Catarroja SL, a la que el Ayuntamiento de Gandía adjudicó en 2007 la construcción de un bloque de viviendas de protección oficial sobre suelo municipal, en concreto en la zona de San Nicoalu Perú.
Además, instan al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta", según consta en las resoluciones a las que ha tenido acceso en exclusiva El ESPAÑOL.
En declaraciones a este periódico, y tras ser preguntada por estas sentencias, la ministra de Ciencia subrayó "en toda mi trayectoria siempre he cumplido escrupulosamente con la legalidad, el ordenamiento jurídico y las decisiones judiciales".
"Siempre he tenido claro que en el centro de la política tienen que estar las personas; ayudarlas y aportar soluciones a sus problemas. Siempre he entendido así la política y siempre la defenderé de esa manera. Y más todavía cuando se trata de personas vulnerables, con niños pequeños", añadió.
El origen
El impulsor del proyecto urbanístico fue el exalcalde socialista José Manuel Orengo, y el redactor del convenio Andreu Ferrer, una de las personas de máxima confianza de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat.
Se trataba de una concesión administrativa a 50 años a la promotora a cambio de la construcción de 79 viviendas, con 79 garajes y trasteros, que irían destinadas a la población vulnerable de la ciudad a cambio de un alquiler social que oscilaba entre los 200 y 360 euros en función de las características de la vivienda. Era la tercera experiencia de estas características en España, después de las acometidas en Madrid y San Sebastián.
En junio de 2015, Morant, recién nombrada alcaldesa de Gandía, se presentó a las puertas del bloque de viviendas, junto a otros concejales, para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social. Los medios acompañaron a la joven dirigente socialista e inmortalizaron el momento.
La Policía Local de Gandía no auxilió a la comitiva judicial, que tuvo que hacer frente sola a la protesta. Según han concluido los tribunales, "la comisión judicial no contaba con el auxilio de la Fuerza Pública, Policía Local, como prevé el artículo 703 LEC. De modo que careciendo del auxilio de la Fuerza Pública, el Agente de la Autoridad Judicial se vio impedido en el cumplimiento de sus funciones, desistiendo del lanzamiento".
"De la prueba practicada ha resultado acreditado que el día 30 de junio de 2015, con ocasión de la ejecución judicial de un desahucio, con lanzamiento de la inquilina de una de las viviendas de protección, por falta de pago de renta, se personó en el lugar la alcaldesa y dos concejales de la corporación, apoyando a un grupo que tenía como objetivo obstruir la acción de la Justicia en ejecución de dicho lanzamiento", incide el juzgado.
El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito", impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección".
Efecto llamada
Tras la paralización del lanzamiento, la Justicia ha constatado que se produjo un efecto llamada, pues inmediatamente después varios inquilinos dejaron de abonar las mensualidades y se ocuparon diversas viviendas vacías. Más aún, el resto de moradores que seguía abonando puntualmente un alquiler social, se acabó marchando por la delincuencia que surgió en este bloque de protección oficial. El Ayuntamiento abandonó el edificio y hoy es una ruina.
"Esta relación causal queda manifiesta en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio, que tiene reflejo no solo en el testimonio propuesto por la promotora, sino en todos los informes emitidos por la Policía Local y los distintos servicios municipales", recogen las resoluciones.
La primera de las sentencias que aborda este asunto es del año 2019 y fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 13 de julio de 2021, dos días después de que Morant renunciara a la Alcaldía de Gandía para ser ministra del Gobierno de Pedro Sánchez. Ese mismo día participó en su primer Consejo de Ministros.
La promotora afectada por la conducta de Morant ya ha iniciado el proceso judicial y administrativo para que responda con su patrimonio, según han confirmado fuentes jurídicas a este periódico. El primer paso ha sido solicitar al Ayuntamiento de Gandía que abra expediente de responsabilidad a Diana Morant en ejecución de la sentencia.
Antes de que surgieran los conflictos, la promotora instó al Ayuntamiento a que abonara con fondos públicos los alquileres sociales de los moradores con impagos porque el edificio era un bien municipal. Así se podrían evitar nuevos impagos, daños sobre la concesión y nuevos lanzamientos. Morant prefirió derivar el asunto a los juzgados.
"Asume responsabilidad"
El Ayuntamiento de Gandía recurrió la primera sentencia, pero el TSJ rechazó su recurso y solo estimó uno de los puntos para que la indemnización se calculara a partir del año 2015, fecha en la que Morant encabezó la protesta, y no incluyera los años anteriores, pues la concesión se desarrolló sin problemas. El consistorio gandiense también argumentó que la presencia de la actual ministra fue a título personal, pero tampoco ha prosperado este argumento.
"El Ayuntamiento ha pretendido que tal actuación fue inocua o que la alcaldesa actuó a título particular", reconocen las sentencias. Pero "su presencia en una concentración o manifestación pública, acompañada de otros concejales dentro del término municipal, se presume ejercida en la representación que ostenta el consistorio, el cual asume responsabilidad por sus actos como dispone el art. 145 de la anterior LRJPAC, entonces vigente".
Y repiten, "todo ello sin perjuicio de la obligación o facultad del Ayuntamiento como dispone el propio precepto, de repetir contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su consulta".
"Se cumplió el fallo"
Respecto a su actuación, la ministra Diana Morant reconoció a EL ESPAÑOL que "el día 30 de junio de 2015, siendo alcaldesa de Gandía, acompañé a una madre y a su hijo de dos años, que estaban sufriendo un momento tan difícil como es un desahucio, para aportarles de una manera inmediata una alternativa habitacional y que pudieran disponer de una vivienda digna cuanto antes. Así se daba cumplimiento al fallo judicial".
Prueba de ello, añadió la dirigente socialista, "es el contrato de arrendamiento que justifica que la madre, junto a su hijo, pasó a alquilar una vivienda de la empresa pública del Ayuntamiento dos días después del lanzamiento, y que cuenta con informe de los Servicios Sociales".
"Por tanto, tanto la justicia como la Administración Local cumplieron con su trabajo", reiteró este domingo Morant.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Gandía defendieron la actuación de los servicios jurídicos municipales y que la sentencia del TSJ valenciano revoca parte de la dictada en primera instancia "y ahora se discuitá en otro proceso judicial la liquidación".
Si la indemnización finalmente es mayor, "entraríamos a ver a la causa", por lo que se aventura un futuro judicial complejo e incierto para los intereses de Morant.
Estas fuentes insisten en que no se va a contemplar el lucro cesante y que no cabe en este asunto que la actual ministra de Ciencia asuma con su patrimonio las indemnizaciones.