Más de 20 meses sin avances y atascada en la burocracia del Congreso de Diputados. Valencia suma un nuevo frente común para elevar la presión y reclamar al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que medie para que su partido acepte recuperar el Derecho Civil valenciano. Esta capacidad de legislar fue anulada por sentencia del Tribunal Constitucional (TC) tras un recurso del PSOE.
La voluntad de la mayoría de partidos políticos en la autonomía no está siendo suficiente para rescatarlo. Por ello, más de 300 personalidades de todos los ámbitos han pedido por carta al jefe de Consell para que impulse una reforma de la Constitución que permita el despliegue del Estatuto de Autonomía.
Entre los firmantes aparecen desde el alcalde de Valencia Joan Ribó; hasta el presidente del PP en Valencia, Vicente Mompó; Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat; el profesor de Derecho Constitucional, Vicent Franch; o Josep Lluís Albinyana, presidente del Consell Preautonómico. También aparecen los representantes de la patronal, sindicatos o colectivos sociales.
La iniciativa parte de la Asociación de Juristas Valencianos, que hace años trabaja por recuperar el derecho civil valenciano. Los firmantes exigen a Puig que "se implique directamente en la recuperación del Derecho Civil, tras el recorte del autogobierno que padecemos". 540 de los 542 ayuntamientos valencianos han pedido en sus plenos recuperar las leyes.
Ahora, los profesionales quieren que Puig realice "gestiones efectivas de forma inmediata ante los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y Senado para explicar la urgencia y relevancia para los valencianos de esta reforma técnica de la Constitución, y para iniciar la tramitación de la reforma constitucional".
La Asociación se reunió esta semana con el Ministerio de Presidencia. Como ocurre siempre es este asunto, el Gobierno central les trasladó su apoyo a la reivindicación y buenas palabras, pero sin comprometerse con un calendario.
¿Qué es?
El Derecho Civil Valenciano es un desarrollo normativo que fue impulsado en la autonomía durante las legislaturas del PP. En esencia, su recuperación supondría la restitución de tres normas de ámbito familiar: la Ley 10/2007, de 20 de marzo, del régimen económico matrimonial valenciano; la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (ley valenciana de custodia compartida) y la 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunidad Valenciana.
El PSPV-PSOE, cuando estaba en la oposición, recurrió contra el mismo al estar en contra del régimen económico matrimonial. En concreto, se oponía a que se fijara por defecto la separación de bienes en lugar del régimen en gananciales.
Consideraba que el cambio perjudicaba de forma mayoritaria a las mujeres. Pero su ofensiva legal desembocó en una consecuencia mucho más grave: el TC tumbó al completo el Derecho Civil Valenciano en 2016 al entender que el compendio normativo invadía las competencias estatales.
El autogobierno valenciano vio recortada entonces la autonomía legislativa que había sido aprobada políticamente en el año 2006 por el Congreso y el Senado, cámaras que, en última instancia, validan los Estatutos de Autonomía. Y precisamente ha sido el socialista Ximo Puig, que desempeña la presidencia regional desde 2015, el mandatario que más tiempo ha padecido esta limitación.
Ámbito
"La sociedad y el municipalismo valenciano no aspiramos a más autogobierno con esta reforma constitucional, sólo reclamamos que no se nos discrimine a los valencianos, que no se nos trate como españoles de segunda clase y garantizar definitivamente el ámbito de gestión propio previsto en nuestro Estatuto a quienes actuamos con lealtad y conforme a los cauces previstos en el artículo 167 de la Constitución", aseguran los remitentes de la carta.
Por último, aseguran que "este mandato democrático fruto del renovado consenso cívico debe tener respuesta del presidente de la Generalitat obligado a defender el autogobierno ante cualquier instancia y hacer valer la legitimidad del apoyo social del pueblo valenciano por encima de consignas de partido o coyunturas políticas que recortan de facto el Estatuto Valenciano, precisamente cuando se cumplen 40 años de la recuperación del autogobierno valenciano".
Esta semana, el Gobierno se ha mostrado favorable a respaldar la reforma constitucional para recuperar el autogobierno tras una reunión en la Moncloa con la directora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez Bueso.
Reunión de esta semana en La Moncloa para abordar la reforma de la CE.
La Asociación valoró "positivamente" la reunión, aunque recordó que el Gobierno no respaldará propuestas o iniciativas de reforma constitucional con las que no haya un acuerdo previo con el PP, necesario aritméticamente, dada la exigencia del artículo 167 de la Constitución de que tenga el apoyo de las tres quintas partes del Congreso.
Según la asociación, "el Gobierno, conocedor de las mayorías parlamentarias exigidas para reformar la Constitución, se compromete a buscar el consenso con el Partido Popular, como lo tuvo en la Comunidad Valenciana, para realizar la tramitación conjunta con el artículo 49".
Para la reforma de este artículo existe un proyecto promovido por el Gobierno que plantea eliminar el término "disminuido" y reemplazarlo por "personas con discapacidad", terminología asentada en los convenios internacionales.
La idea de la Asociación, aceptada por el Gobierno, es que se tramiten conjuntamente las dos reformas, para lo que Compromís ya ha presentado una enmienda al proyecto del Ejecutivo.