Marlaska y su jefe de Prisiones en la picota tras el enésimo escándalo: ahora favores a los etarras

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil sobre la red dedicada a "la dirección, promoción, coordinación y organización de homenajes a presos y huidos de la banda terrorista ETA", en el que los pinchazos telefónicos revelan la buena sintonía y colaboración entre Interior y el entorno etarra. 

La información, recogida en un informe de más de 400 páginas, demuestra que desde la llegada del PSOE a la Moncloa se abrió un canal de comunicación entre Interior y la izquierda radical vasca. Los hechos han demostrado después que, en paralelo al entendimiento parlamentario de los socialistas con EH Bildu, ha habido un cambio en la política penitenciaria que beneficia a los reclusos de ETA, incluso a los que tienen delitos de sangre. 

Tal y como figura en el sumario elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil en el marco de la Operación Kabat, eran dos las personas clave del ámbito proetarra las que mantenían "contacto frecuente con algún responsable de Instituciones Penitenciarias". Estos dos individuos eran el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco Joseba Azkarraga, y el parlamentario vasco de Bildu Julen Arzuaga. 

A día de hoy, Azkarraga es el responsable de Sare, la red de apoyo a los presos de la banda. En el sumario de esa operación -gracias a la cual se logró detener a media docena de etarras encargados de organizar ongi etorris a otros miembros de ETA que iban saliendo de la cárcel- los agentes ponen el punto de mira en esos dos nombres como los enlaces de contacto con Interior.

Azkarraga se refiere en numerosos mensajes intervenidos en su teléfono a un contacto en Interior: "El de Madrid". Los investigadores advirtieron cómo contactaba con él de manera telefónica, pero también en persona, en reuniones en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Una vez obtenía la información de Interior, Azkarraga se la transmitía a los presos de ETA. Concretamente a Antonio López Ruiz, Kubati, el asesino de Yoyes y hoy el encargado en el entorno de la izquierda radical vasca de la acogida de los etarras que van saliendo de las cárceles. 

En el sumario aparecen casi una treintena de conversaciones de Whatsapp entre Kubati y ese representante político con contactos en Interior, en la cúpula de Prisiones. Tan estrecha era la conexión de Azkarraga con Interior que, en un grupo de Whatsapp que mantenía con varios de los etarras, llega a enviar mensajes que le había remitido Ángel Luis Ortiz.

La Guardia Civil -en un caso que parte de la denuncia de la asociación Dignidad y Justicia- constata en esas comunicaciones cómo el máximo responsable del sistema penitenciario en España, mano derecha de Marlaska, se refiere al responsable de la red de apoyo a los presos etarras como "Estimado Julen", en alusión a Julen Arzuaga, de Bildu. Tras hablar con Prisiones, Arzuaga iba poniendo al corriente a los presos de la banda de los próximos beneficios penitenciarios.

Informes psicológicos

Todos estos movimientos entre bastidores se han ido traduciendo, a lo largo de los últimos tres años, en un constante goteo que ha vaciado de etarras las cárceles del sur de España, en un progresivo acercamiento al País Vasco que en próximas fechas se consumará por completo. 

Para ello se han valido, tal y como reveló EL ESPAÑOL, de procedimientos cuestionados una y otra vez por las víctimas de la banda terrorista. Uno de esos métodos fue la utilización de informes médicos de una doctora y antigua dirigente de Herri Batasuna que reflejasen problemas de salud física o mental. Gracias a ellos al menos un grupo de presos de la cárcel del Puerto de Santa María (Cádiz) logró romper "con la política de dispersión penitenciaria".

No fueron los únicos en recurrir a esa estratagema. También este periódico reveló cómo un candidato de EH-Bildu en las elecciones municipales de 2019, Unai Lizarralde Muñoz, elaboró informes psicológicos empleados por Interior para acercar a la prisión de San Sebastián a un etarra que se encontraba en la cárcel de Logroño.

Esa problemática se vio reflejada en la denuncia de las víctimas de las llamadas "cartas tipo", modelos genéricos empleados por los miembros de ETA para conseguir un trato favorable por parte de Instituciones Penitenciarias. Textos como el que reveló hace unos meses EL ESPAÑOL dan cuenta, para los damnificados por los atentados de la banda, de una sucesión de palabras huecas que incluso llegaron a ser reprobadas el año pasado por la Audiencia Nacional.

No estamos, pues, ante casos aislados, sino ante la verdadera política penitenciaria del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. Una política que muchos han calificado de "buenista", que va vaciando las prisiones de reclusos, que duplica los terceros grados en apenas tres años, incluso con la Junta de Tratamiento de la cárcel en contra (como en el caso del asesino de Lardero) y que facilita los permisos a los internos pese a cometer faltas graves...

Estos escándalos, conocidos en los últimos meses, ponen en la picota a Marlaska y a su mano derecha en Prisiones. El último, el contenido de ese informe de la Guardia Civil por el cual el PP, Ciudadanos y Vox piden ya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados e incluso la dimisión del ministro y de Ortiz.