Una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude ha aflorado supuestas irregularidades en la gestión y supervisión de contratos culturales del Ayuntamiento de Valencia, presidido por el alcalde Joan Ribó (Compromís).
Según consta en la resolución de la investigación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, este organismo independiente, creado por la izquierda valenciana en 2015 tras ganar las elecciones para perseguir la corrupción, cuestiona el pago de más de 86.000 euros desde 2017 por diversos servicios relacionados con la comunicación del teatro El Musical (TEM), la sala Mutant o las bibliotecas municipales.
El informe, contra el que no cabe recurso y que ya ha sido remitido al Ayuntamiento de Valencia, se detiene en los pagos por la promoción de la programación cultural entre los meses de abril y mayo de 2020, fecha en la que los teatros estaban cerrados y sin actividad por el primer confinamiento.
La denuncia inicial, presentada por una persona anónima, alertaba de que la Junta de Gobierno local acordó en 2020 el abono de más de 12.000 euros -6.000 euros por mes- por la promoción en redes sociales de la programación. El Gobierno de Ribó dio luz verde a los pagos pese a que la Intervención municipal alertó de que el encargo “se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido”.
En esos dos meses de 2020, las cuentas oficiales en Twitter de los teatros municipales publicaron 73 tuits, por lo que el coste se eleva a unos 164 euros por publicación. El contenido también se compartió en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram, pero “el trabajo consistía en un copia y pega”.
Como la programación se interrumpió, "el objeto del contrato se modificó sin seguir los cauces legales establecidos", razona Antifraude. Y "las facturas se abonaron sin justificar el servicio prestado". En algunos casos, la promoción digital consistía en difundir noticias o repetir los mensajes de las redes oficiales del Ayuntamiento.
Los hechos investigados afectan a la concejalía de Acción Cultural y abarca desde el año 2017 hasta el 2021. Las dos concejales responsables eran María Oliver (Podemos) y Maite Ibáñez (PSOE), quien sigue al frente de la concejalía en la actualidad.
A preguntas de este periódico, fuentes municipales explicaron este miércoles que “en esa época de la pandemia, el equipo de comunicación siguió trabajando, hicieron por ejemplo una campaña en redes, llamada #JuntsRessistirem #JuntesRessistirem con vídeos de ánimo y apoyo al sector de la cultura, que se difundieron en redes sociales”. Es decir, subrayaron estas fuentes, “siguieron activos y generando contenido”.
Sombra de duda
En cambio, la Agencia Antifraude cuestiona tal argumento. En el informe, el organismo señala que “el hecho de mantener esa empresa emitiendo facturas sin la cobertura contractual atenta contra en el mercado de la libre competencia que siempre deriva en el perjuicio de otras entidades”.
Además, alerta de “la sombra de duda que se genera al no tener la certeza de que se está prestando el servicio con arreglo a la mejor relación calidad/precio, criterio fundamental en la contratación pública”. “Se cambió el objeto del encargo y se abonó la misma cuantía sin explicación alguna”, reitera el director de la agencia, el abogado Joan Llinares.
“Del cambio del objeto y el mantenimiento del precio se desprende que la posible pretensión era facilitar algún tipo de ayuda pública”, concluye la investigación.
El precio que paga el Ayuntamiento de Valencia por la promoción de la programación en teatros es muy superior al contrato general de redes sociales del consistorio, cuyo coste mensual se eleva a unos 2.800 euros, "manteniendo una fuerte actividad de comunicación", según la documentación incluida en la investigación de Antifraude.
El organismo también pide que se depuren responsabilidades internas. "El Ayuntamiento de Valencia deberá valorar la apertura de expedientes internos para analizar la procedencia, en su caso, de exigencias de responsabilidades entre su personal, aspecto recogido en los informes de la intervención municipal que, si bien indica que no sería pertinente la revisión de los actos, no se exime de la exigencia de responsabilidad que en su caso hubiera lugar", apunta.
El Ayuntamiento de Valenciana insise en que "las contrataciones a las que alude la Agencia se iniciaron en 2017 y la contratación menor se modificó en 2018 con la nueva Ley de Contratos del Sector Público y con la circular de Secretaría de marzo de 2019, que introdujo la necesidad de solicitar tres presupuestos como paso previo para realizar un contrato menor".
En cualquier caso, afirman estas fuentes, "son recomendaciones y la Agencia Valenciana Antifraude ha estimado una parte de las alegaciones que se presentaron". Entre las recomendaciones, destaca la elaboración de un plan anual de contrataciones del servicio "que ya está hecho y que se les va a remitir".
De no remitirlo, avisa Antifraude, "la agencia deberá hacerlo constar en la memoria anual o en un informe extraordinario que se entregará en las Cortes Valencianas no cabe recurso alguno".