Ayuso limita a 55.850 € lo que cobró su hermano por las mascarillas y admite 3 facturas "privadas" más

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que su hermano Tomás sólo recibió un único cobro de 55.850 euros, más IVA, por sus gestiones en la compra de las mascarillas en China y su posterior traslado a España. Esta cantidad es "una contraprestación por su trabajo" y, en ningún caso, "una comisión por intermediación".

Además, Ayuso admite otros tres pagos de la empresa Priviet Sportive que no detalla porque "no tiene relación con la Comunidad de Madrid" y su hermano "tiene derecho a su privacidad". 

Tomás Díaz Ayuso envió a la empresa Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020 pero la presidenta regional sólo se refiere a una de ellas en un comunicado enviado a los medios.

Se trata de una factura fechada el 30 de junio de 2020 "por gestiones para la compra de mascarillas en China" que fueron vendidas a la Comunidad de Madrid por "5 euros" cuando los precios en esa fecha "llegaban a 10,5 euros".  En este punto, Ayuso detalla en su comunicado cinco empresas que vendían mascarillas FFP2 y FFP3 por encima de esos cinco euros. 

¿Y la comisión?

La factura a Priviet Sportive a la que remite Ayuso no se trata de una comisión por obtener el contrato de la Administración, "sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto". "Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", dice el comunicado. 

Del resto de las tres facturas Ayuso se niega a dar cuenta "porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad"·

Pero, ¿y la comisión? La propia Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que su hermano cobró una comisión por su intermediación en un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas en el peor momento de la pandemia. Esa comisión no sería, según el comunicado que ella misma ha enviado, los 55.850 euros más IVA que cobró Tomás Díaz. 

Ayuso ha explicado este viernes en Cope que "mi hermano me dijo que era para traer mascarillas cuando no había mascarillas en España, cuando el mercado estaba bloqueado" y ha admitido que cobró una comisión por la compra de mascarillas pero que desconoce por qué la cobró o la cantidad.

"No sé la cantidad. Lo que tengo claro es que no es ilegal, por lo que no le he preguntado más. (...) Yo no le puedo decir contrato por contrato qué está haciendo y que no", ha reconocido, dejando la puerta abierta a que quizá haya más comisiones cobradas por su hermano por contratos de su Gobierno. 

"Me parece denigrante"

 "Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella. Quizá haya sido un error. Pero me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido", ha explicado Ayuso en el comunicado.

Con este, Isabel Díaz Ayuso espera que "nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad", en clara referencia al líder del PP, Pablo Casado, que le ha exigido a todo cargo de su partido tener un actitud ejemplar. 

"Contrato irreprochable"

Tampoco el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han aclarado los moldes del contrato de Tomás Díaz Ayuso con la Comunidad de Madrid ni han especificado a que se refiere el resto de la cantidad a la que no hace referencia la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Fernández-Lasquetty asegura que "el contrato es irreprochable, ha pasado todos los controles internos y externos". "Se han entregado 182.000 mascarillas el 15 de abril y otras 68.000 el 20 de abril. El interventor fiscalizó el contrato de emergencia, el consejero de sanidad dio cuenta al Gobierno de que se había hecho ese contrato, que se habían recibido las mascarillas y que estaban donde tenían que estar, como se exige por ley y como hacemos con todos los contratos", explica.

Además, el consejero ha asegurado que "el contrato se subió a la plataforma de transparencia el 10 de junio de 2020", aunque algún medio ha denunciado que, en noviembre, el contrato no estaba disponible en la plataforma.

"No hay ninguna infracción"

Los dos consejeros han defendido la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid frente a la de Pablo Casado, que este viernes por la mañana puso en duda que la actuación de Isabel Díaz Ayuso fuera "ejemplar". 

El presidente del PP ha recordado que la Ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid "prohíbe contratar con familiares o personas interpuestas". "Es un importe suficientemente relevante para que alguien pudiera pensar que ha habido tráfico de influencias", ha declarado el presidente del PP.

A este respeto, Javier Fernández-Lasquetty considera que "lo que ha dicho el presidente del PP no es cierto". "El órgano que contrata es el servicio madrileño de salud, no es el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno no aprobó el contrato. El Consejo de Gobierno recibió un informe del servicio de sanidad dando cuenta de que se había hecho ese contrato".

"Por tanto, en contra de lo que ha dicho esta mañana el presidente del PP en una entrevista en una radio, no hay por parte de la presidenta ni de nadie de la Comunidad de Madrid infracción de ninguna clase ni en la legislación de incompatibilidades ni en código de ninguna clase", aseguró.

"La presidenta no ha intervenido en ninguna fase de este contrato, no ha sabido nada de ello hasta casi un año y medio después. No hay ninguna infracción del código", ha zanjado.

"Tomás Díaz Ayuso no influye"

Fernández-Lasquetty ha asegurado que "no hubo más contratos con Priviet, ni en 2020 ni en años posteriores" y que "el nombre de Tomás Díaz Ayuso no aparece en la factura ni tendría por qué aparecer". 

"Tomás Díaz Ayuso no influye en que el Servicio Madrileño de Salud cierre el contrato con esa empresa", remarca Ruiz Escudero. "Recuerdo que teníamos más de 15.000 ingresados y después del fracaso de la compra centralizada del Gobierno de Sánchez, nuestra misión era conseguir material para proteger a nuestros sanitarios. Nadie ha influido en la compra porque eran absolutamente necesarias".