El expresidente valenciano Francisco Camps ha presentado un nuevo recurso en la Audiencia Nacional en el que solicita apartar al magistrado José Antonio Mora del tribunal que le juzgará por los contratos de la Generalitat con Gürtel, la única causa activa que arrastra de su etapa pública.
Según consta en el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la defensa destaca que dada "la naturaleza penal de la causa, la apariencia de imparcialidad ha de adoptar una exigencia superlativa". Fundamentalmente, añade, "tratándose además de la investigación y enjuiciamiento de cuestiones con alcance político en las que el canon de apariencia e imparcialidad ha de reforzarse escrupulosamente".
Camps ha presentado este escrito tras intentar sin éxito aparatar a otro magistrado, José Ricardo de Prada, por "quedar en cuestión su imparcialidad y evidenciarse un interés directo en la causa (vinculada al partido político al que pertenece mi patrocinado y que el magistrado ahora recusado ha juzgado con anterioridad)". El exjefe del Consell recuerda que fue José Antonio Mora el magistrado que firmó el auto por el que se rechazó la recusación contra Ricardo de Prada.
Por todo ello, concluye el recurso, se solicita que Mora "sea excluido de la composición del tribunal enjuiciador por no estar garantizada su imparcialidad".
José Antonio Mora llegó a Madrid procedente de la Audiencia de Valencia y fue el ponente en el juicio contra el exconseller valenciano Rafael Blasco por el desvío de ayudas públicas destinadas a la cooperación internacional. Es uno de los capítulos más turbios que deja la historia reciente de la política valenciana y el caso acabó en condena. La sentencia constató que el dinero de la solidaridad se empleó a fines distintos.
Meses después, ya en la Audiencia Nacional, Mora presidió el tribunal que condenó a los acusados en la pieza separada que juzgó los contratos de la visita del papa a Valencia al grupo empresarial de Francisco Correa.
La Audiencia Nacional condenó, con penas de hasta 15 años de cárcel, a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al grupo Correa del contrato de Canal 9 de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita de Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado los días 7, 8 y 9 de julio de 2006.
"Calvario judicial"
Francisco Camps ha denunciado el "calvario judicial" al que se ha visto sometido tras el archivo de las causas abiertas por supuesta corrupción. Pero el juicio que le queda es uno de los más importantes porque llega tras una cascada de condenas en Gürtel y después de que su exnúmero dos en el PP valenciano, Ricardo Costa, confesara la existencia de una caja B.
Se trata de una de las piezas separadas de Gürtel, la trama con la que empezó el desfile de Camps por los juzgados. En concreto, es la causa de los contratos menores de Fitur adjudicados por la Generalitat Valenciana a Orange Market. En esta pieza se acusa al expresidente valenciano de fraude y prevaricación por participar "directa y personalmente" en la adjudicación que benefició a esta firma.
Es la causa que pilló al vuelo la Fiscalía Anticorrupción en 2018 tras las revelaciones de Costa en la Audiencia Nacional. Camps se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión. Anticorrupción concluyó que existen indicios suficientes para juzgar al expresidente valenciano por un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude a la Administración pública.
Además, este juicio llega después de que Francisco Correa o Álvaro Pérez El Bigotes, su hombre en Valencia, llegaran a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una reducción de pena. Según explicaron fuentes judiciales, la defensa de Correa o Pérez todavía no han planteado la estrategia que seguirá en este juicio.
La vista oral sigue sin fecha a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva los recursos que está planteando Camps y el resto de procesados valencianos. Se espera que se celebre a partir del año 2023.