La Comisaría General de Información de la Policía Nacional confundió una tienda de coleccionismo de Getxo (Vizcaya), que almacenaba más de 10.000 armas de atrezo para el rodaje de películas, con el mayor centro neurálgico del tráfico ilegal de armas de guerra de Europa.
La Policía Nacional anunció que se había incautado del mayor arsenal de la historia de España cuando detuvo, en enero de 2017, a los propietarios de la tienda de coleccionismo Cantábrico Militaria, Manuel Prieto Valle y su hija, Amaya Prieto, licenciada en Bellas Artes y reputada experta en armas históricas.
Las imágenes difundidas sólo muestran una pequeña parte de las 10.622 piezas incautadas en este establecimiento, que incluían varios cientos de fusiles Cetme, 450 granadas rompedoras de mortero y munición, según un informe de los Tedax de la Policía Nacional.
El resto de armas quedaron almacenadas en dos contenedores junto a la Comisaría de Basauri (Vizcaya). Si alguien se hubiera molestado en examinarlas, habría comprobado que no estaban destinadas a grupos terroristas, sino que han sido empleadas en el rodaje de películas tan célebres como El laberinto del fauno o Los últimos de Filipinas.
La Policía guarda en un contenedor en Getxo las armas incautadas
Manuel Prieto y su hija permanecieron tres meses en prisión, acusados de tráfico, depósito y tenencia ilegal de armas. Cinco años después, la operación policial se ha venido abajo, como un castillo de naipes.
El titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Getxo dictó el pasado 31 de enero el sobreseimiento libre de la causa (Manuel Prieto y su hija quedan por tanto libres de cualquier cargo), tras constatar que la totalidad de las armas intervenidas estaban inutilizadas. Ni una sola podía realizar un disparo.
El material que la Policía intervino a Cantábrico Militaria incluye auténticas joyas de coleccionista: desde espadas japonesas procedentes de la batalla de Cagayán de 1582 (en la que los tercios españoles se enfrentaron a samuráis en las islas Filipinas) a la pistola utilizada por el presidente de la Segunda República Manuel Azaña. Piezas destinadas a museos y coleccionistas.
La pistola del presidente de la República Manuel Azaña, entre las armas incautadas por la Policía.
En cuanto a los fusiles y el resto de armas de fuego, la mayoría son simples carcasas, que Cantabrico Militaria alquila como atrezo para el rodaje de películas.
Entre las armas incautadas se encuentran una veintena de fusiles que el establecimiento alquiló, junto a uniformes y correajes, para el rodaje de 1989: Los últimos de Filipinas, protagonizada por Luis Tosar y producida por Enrique Cerezo en 2016. El mismo año, suministró 150 fusiles para el rodaje de Guernika, dirigida por Koldo Serra, que recrea el bombardeo de la población vasca por la aviación alemana durante la Guerra Civil.
Las escenas ambientadas en la Guerra Civil de El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro en 2006, también cuentan con armas de atrezo suministradas por Cantábrico Militaria.
Este establecimiento aportó igualmente los fusiles Cetme que aparecen en la producción de televisión 23-F: la película, por la que el actor Juan Diego fue nominado al Goya por su papel del general Alfonso Armada.
Las pistolas de 'Lasa y Zabala'
También muestran armas suministradas por Cantábrico Militaria otras producciones como Lasa y Zabala (2014), que recrea uno de los crímenes más atroces cometidos por los GAL, y Fuego (2014), protagonizada por José Coronado.
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional logró que el juez ordenara pinchazos telefónicos a los propietarios de Cantábrica Militaria en noviembre de 2016, tras aportar un informe que vinculaba a este establecimiento varias armas que habían sido intervenidas a grupos de delincuentes en Bruselas (Bélgica), Carlet (Valencia), Alicante y Palma de Mallorca.
Los Cetmes de atrezo intervenidos en Cantábrico Militaria.
Según la tesis de la Policía, la tienda de Getxo vendía pistolas y fusiles inutilizados, y luego suministraba al comprador las piezas necesarias para reactivarlas y ponerlas en circulación en el mercado negro, una vez borrado su número de serie.
Pero la operación policial comenzó a desinflarse tras la detención de Manuel Prieto y su hija. Los responsables de balística de la Policía remitieron al juez un informe en el que admitían que, de las 10.622 piezas incautadas, sólo nueve estaban en condiciones de disparar.
La columna Carlos Marx
Sin embargo, el perito forense de la defensa, José Jiménez Planelles, desmontó esta acusación. De las nueve armas citadas, siete son anteriores a 1890: se trata por tanto de piezas de coleccionista que según la legislación española tienen la condición de armas históricas o de antigüedad. Entre ellas hay dos garruchas, pistolas de dos cañones que los españoles utilizaban en Argentina y Brasil en el siglo XIX. Pistolas que hoy es imposible utilizar porque ya no existe la munición adecuada.
En cuanto a las dos armas posteriores a 1890, una ni siquiera tiene esta condición: se trata de un lanzador de bengalas del Ejército, utilizado por los marinos para reclamar auxilio en situaciones de emergencia.
La otra es una auténtica pieza de coleccionista: se trata de un subfusil Erma de la Guerra Civil, que fue utilizado por el capitán de la División 27 (también conocida como columna Carlos Marx) del bando republicano, el escritor y periodista Avellís Artís Gener, en la batalla de Teruel en 1938. Esta pieza (cedida por Cantábrico Militaria) fue exhibida en 2012 en los actos de conmemoración del 125 aniversario del Regimiento de Infantería Ligera Garellano Nº 45.
La Fiscalía solicitó el pasado mes de septiembre el sobreseimiento de la causa, en un informe en el que señala que la "operación colosal" desarrollada por la Policía ha quedado "desbaratada punto por punto" por el informe pericial de José Jiménez.
El perito José Jiménez acreditó que las nueve armas señaladas por los Tedax están inutilizadas.
En su auto de sobreseimiento de la causa, el juez destaca que de la propia pericial realizada por la Policía se desprende que todas las armas intervenidas "se encuentran vacías, sin propulsor y sin explosivo. Ninguna munición o explosivo se halló en los registros, ninguna espoleta ni mecanismo que provoque explosión alguna. Ninguna lesividad se desprende del depósito de las mismas, pues carecen de todos y cada uno de los elementos que permitirían detonar tales armas, no hallándose ninguna en estado de funcionamiento".
De hecho, los propietarios de Cantábrico Militaria acreditaron que la Guardia Civil realizaba cuatro inspecciones al año en su establecimiento, examinaba la documentación de las operaciones realizadas y comprobaba que todo estaba correcto.
En el registro del establecimiento, realizado en enero de 2017, la Policía intervino todos los libros en los que los propietarios de Cantábrico Militaria registraban las operaciones de venta y los certificados que acreditan que todas las armas habían sido inutilizadas. Sin embargo, la Policía guardó esta documentación en los contenedores de Basauri y no la entregó al juez hasta que la defensa lo reclamó.
De acuerdo con esta documentación, todas las armas de Cantábrico Militaria habían sido inutilizadas de acuerdo con el procedimiento previsto en el Real Decreto 976/2011: realizando tres perforaciones en el cerrojo y el cañón que impiden que puedan ser disparadas. Del mismo modo, las granadas estaban perforadas y carecían de carga, eran meros ornamentos.
Sólo una infracción administrativa
Ocho meses antes de la detención de Manuel Prieto y su hija, había entrado en vigor (en abril de 2016) el reglamento europeo 2015/2403, según el cual dichas armas debían someterse a un nuevo proceso de inutilización en un armero autorizado o en el Banco Oficial de Pruebas.
En su auto, el juez constata que los dueños de Cantábrico Militaria no se habían adaptado a esta nueva legislación, lo que a su juicio puede dar lugar a una infracción administrativa, pero en ningún caso a un ilícito penal dada la nula "lesividad" de las piezas intervenidas.